Italia decreta el término de la financiación pública a los partidos
La abolición de la financiación pública se hará de manera gradual y en un primer año se reducirá un 40% la financiación directa a los partidos, un 50% el año posterior y un 60% el siguiente, para después cesar definitivamente en 2017.
El Consejo de ministros de Italia aprobó hoy por decreto ley la eliminación gradual de la financiación con dinero público a los partidos políticos, que a partir de ahora se financiarán totalmente gracias a donaciones particulares.
El presidente del Gobierno de coalición italiano había prometido la rápida abolición del actual sistema de financiación de los partidos políticos durante su discurso del miércoles ante el Parlamento para recibir un nuevo voto de confianza.
Con este decreto, el Gobierno hace que se aplique inmediatamente el proyecto de ley que se había aprobado en mayo pasado y que tras una primera aprobación en la Cámara de los diputados se había quedado estancado debido a las numerosas divergencias.
Esta medida era una de las más esperadas del programa de Enrico Letta y además contempla además una serie de exigencias en materia de transparencia de las cuentas de los partidos.
Como recordó hoy Letta tras la reunión de los ministros, de esta manera el Estado dejará de financiar directamente a los partidos, para ser los propios ciudadanos y contribuyentes quienes pasen a realizar donaciones.
Las donaciones se podrán realizar de varias maneras, una a través de contribuciones por parte de particulares, que tendrán a cambio una serie de detracciones fiscales.
La otra solución es la de que en la declaración de la renta, a partir del ejercicio fiscal de 2014, los contribuyentes decidan dar el 2 por 1.000 de su contribución a los partidos que en las últimas elecciones hayan conseguido al menos un escaño en el Parlamento.
La abolición de la financiación pública se hará de manera gradual y en un primer año se reducirá un 40% la financiación directa a los partidos, un 50% el año posterior y un 60% el siguiente, para después cesar definitivamente en 2017.
Ante los últimos escándalos sobre la utilización de estos fondos, la nueva ley obliga a los grupos políticos a publicar en sus páginas web sus propias cuentas, así como tendrán que ser aprobadas por auditorías externas.
