Nueva alerta por Casen: Los atrasos, cambios y actualizaciones que tienen nervioso al gobierno

Por estos días se realiza el trabajo de campo de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2013. La misma medición que usó el gobierno en 2012 para asegurar que la pobreza había disminuido de un 15.1% a un 14,4% durante su gestión y que derivó en crisis institucional luego de los múltiples cuestionamientos de economistas por la metodología usada y por las acusaciones de manipulación por parte del gobierno. Polémica que escaló después de que la Cepal, institución internacional revisora del estudio hasta ese entonces, denunció presiones por parte de las autoridades chilenas para forzar las cifras a la baja, lo que desembocó en que decidiera no seguir asesorando estos procesos.

Por esa razón, la Casen este año está siendo trabajada con especial cuidado. El sondeo este año es asesorado y guiado por dos actores: una Comisión Presidencial para la Medición de la Pobreza y un panel de expertos, encargado de ejecutar la encuesta propiamente tal. Ambas instancias tienen por objeto revisar y realizar los cambios necesarios para hacer mediciones más correctas en el futuro y actualizadas a las necesidades de hoy.

Si bien la Comisión que preside el ingeniero Rodrigo Jordán, director de la Fundación Vertical, será la encargada de entregar un informe detallado con las modificaciones sugeridas a la encuesta -que debiera estar en manos del Presidente Sebastián Piñera la última semana de diciembre o la primera de enero-, es el Panel de Expertos el que ha estado revisando el proceso y aportando con modificaciones en el cuestionario y en la toma de datos en terreno. Este último grupo de profesionales lo preside también Jordán y en él trabajan otros seis  economistas.

“Estamos presentes en cada una de las etapas para asegurarnos que todo lo que se está haciendo está bien. Cuando tenemos apreciaciones, se las hacemos al ministerio de Desarrollo Social, hacemos sugerencias para mejorar los procesos de cosas que se han hecho tradicionalmente de una manera y creemos que se pueden mejorar”, dice Jordán.

Los expertos hicieron varios cambios al cuestionario actual, así como sugerencias que fueron introducidas por otras secretarías de Estado que permitirán medir aspectos que estaban fuera del recogimiento de datos. Cabe recordar que el cuestionario aplicado anteriormente  fue uno de los nudos de conflicto cuando se supo que la  CEPAL entregó dos resultados distintos luego de que el ministerio hiciera llegar una minuta para que corrigiera los resultados en función de una variable que en la primera entrega había sido desestimada por afectar la comparabilidad de la serie”.

Pese a los intentos por mejorar el proceso,  no todo ha ido tan bien para la Casen 2013. Hoy llevan un mes de trabajo, aunque con varias semanas de atraso, según lo estipulado en el plan original que entregó el ministerio y que debía partir a mediados de septiembre. Lo anterior se debe a varios factores. Primero, porque se realizó la licitación de la encuesta como cada año, sin embargo, esta vez no hubo respuestas. Es decir nadie quiso realizarla.

El Gobierno debió declarar como desierta la fallida licitación y recurrir a un sistema de “trato directo” con alguna institución, una modalidad de compras que tiene el Estado. El ministerio -liderado por Bruno Baranda- se acercó al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que históricamente la habían realizado –excepto por un año en que la realizó la Universidad Alberto Hurtado–, y les pidieron hacerlo una vez más. Microdatos aceptó. “Esto es por un tema de plazos”, dijo el ministro de esa cartera, Bruno Baranda

Ese fue el primer traspié. El segundo fue a días de comenzar a realizar las encuestas en todo el país el 17 de octubre, en los más de 70 mil hogares que ya habían sido seleccionados por el Instituto Nacional de Estadísticas para participar del proceso. Con todo listo, el Gobierno notificó a Microdatos que habría un atraso, que el cuestionario aún estaba siendo revisado por diversas comisiones.

Normalmente, para que los datos sean más fidedignos, el muestreo dura 3 meses dividido en dos etapas: las primeras encuestas se toma en un porcentaje de la muestra que son usadas para obtener una tendencia para el resto del proceso. La segunda fase es el levantamiento de datos propiamente tal. Sin embargo, esa fórmula fue cambiada para este estudio y recién la primera semana de noviembre el ministerio de Desarrollo Social liberó el cuestionario y con ello el centro de estudios de la Universidad de Chile se puso a trabajar. Desde el Gobierno dijeron que la decisión de no hacer dos sub-muestras de menor tamaño se debió a una recomendación del Panel de Expertos. Eso fue el 11 de noviembre.

En la encuesta Casen anterior se utilizaron dos muestras. Jordán asegura que propusieron que se tomara una sola de mayor tamaño y que “estadísticamente es mejor para bajarla a niveles territoriales más pequeños y que tenga la misma validez. Lo importante es tomar la encuesta entre noviembre, diciembre y enero siempre para hacerlas comparables con las anteriores”.

Trabajo a presión

“Para mí era muy importante una institucionalidad bien definida para evitar lo que pasó con la Casen 2011”, dice David Bravo, director de Microdatos. Y agrega: “Si ellos (el Panel) quieren mirar el cuestionario y hacer cambios, es muy importante que lo hagan. En consecuencia de eso tuvimos que acortar un tiempo el trabajo de terreno. Si hubiésemos sentido que es algo que no se puede hacer, lo hubiésemos rechazado”.

En lo concreto, los plazos para entregar los resultados no cambian y hoy Microdatos deberá realizar el trabajo de 3 meses en solo dos, para entregar los resultados el 15 de enero. En privado, un encuestador critica la falta de recursos para acelerar el trabajo “por esta serie atrasos. Se necesita más gente para eso, por ende, más plata, pero eso no ha sucedido”, explica. Un funcionario retrata de otra forma la situación: “El retraso es parte de un sobre estudio, muchas opiniones sobre los cambios a la encuesta por miedo a cometer errores. Ya fueron cuestionados una vez; una segunda vez sería más grave”.

Bravo reconoce que están “más apretados” de lo que originalmente se pensó al asumir la realización de la encuesta y que ha sido “un desafío”. El economista asegura que se acercan ya al 50% de cumplimiento del trabajo en terreno, pero al interior de Microdatos son más duros. Dependiendo de las comunas que tenga a cargo un coordinador, el avance que llevan es bajo. Por ejemplo, hay coordinadores que tienen en promedio 1000 encuestas que realizar -una sobre estimación para lograr al menos unas 800- y a un mes trabajo no sobrepasan las 250, una situación que se repite en varias comunas del país, sobre todo en la segunda y tercera regiones, donde históricamente ha sido más complejo. “La meta está muy complicada”, concluyen varios encuestadores.

En general, la Casen es mal pagada y eso –dicen al interior del centro– desmotiva a los encuestadores a avanzar más rápido. Por una encuesta de 60 páginas, que se puede hacer en entre 40 y 90 minutos, dependiendo de la experiencia, el ministerio paga $3200. En comparación, encuestas de ocupación y desempleo que encarga el Banco Central, de dos o tres páginas, son pagadas a $2350, lo que habla del poco presupuesto asignado para la encuesta socioeconómica más importante del país y que rige las políticas públicas de los años siguientes.

El director de Microdatos destaca que el Gobierno ha estado haciendo un fuerte seguimiento, apoyando sobre todo en la difusión de la encuesta en regiones para que la gente participe de ella. El equipo técnico de Microdatos, liderado por la investigadora Sandra Quijano y compuesto por Patricia Medrano, Ernesto Castillo y Nicolás Libuy, se reúne semanalmente -o con mayor frecuencia si es necesario- con sus pares del Observatorio Social del ministerio, que lidera la ingeniera comercial Isabel Millán, a veces en las oficinas de la secretaría de Estado y otras en la Universidad de Chile, para evaluar los avances del trabajo de campo. “Están bastante encima, viendo donde hay que apretar más… eso es parte del trabajo normal”, explica Bravo.

“El atraso es importante y preocupante, pero aún no alarmante”, confidencian al interior de Microdatos. De no cumplir con la entrega de los resultados del estudio, el centro de la Universidad de Chile deberá pagar una multa al Estado por incumplimiento de contrato, aunque el director del centro asegura que el ministerio ha sido comprensivo teniendo en cuenta los atrasos y ha colaborado.

El procesamiento de datos de la encuesta Casen 2013 debiera ser entregado en abril a más tardar, aunque el cálculo de la pobreza y los resultados finales no estarán disponibles hasta que terminé el análisis. Eso será a comienzos del segundo semestre de 2014; sin embargo, el Gobierno no ha determinado quién medirá los resultados.

Los expertos de la pobreza

El Panel de Expertos funciona desde el 30 de julio de este año, desde que fue solicitado por el ministro Bruno Baranda para reemplazar el espacio que dejó la Cepal tras decidir no seguir apoyando al gobierno chileno. Se trata de un equipo transversal compuesto por siete personas que busca garantizar la calidad y transparencia del proceso.

A la cabeza está Rodrigo Jordán, secundado por un equipo de seis profesionales: Rodrigo Castro, economista de la UDD; Francisco Gallego, economista y director del J-PAL Latinoamérica; Osvaldo Larrañaga, coordinador del Programa de Reducción de la Pobreza y de la Desigualdad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile; Claudio Sapelli, economista de la Universidad Católica; Eduardo Valenzuela, sociólogo de la UC; y Berta Teitelboim, ex jefa de la división social del entonces Ministerio de Planificación.

La asesoría del Panel de Expertos, sin embargo, no ha llegado a relacionarse directamente con Microdatos, ni han tenido interacciones ni comunicación de algún tipo. “Suponemos que tienen nuestros informes de trabajo en terreno, pero no nos hemos comunicado”, explica el director del centro.

En paralelo a este grupo funciona la Comisión Presidencial para la Medición de la Pobreza, presentada en diciembre del año pasado, creada para lograr tres objetivos, según explica Jordán. Su misión es proponer una actualización a la medición de la pobreza por ingresos, realizar una aproximación a la medición de la pobreza multimensional que realizan otros países (como México y Colombia) y dar una mirada institucional de cómo debiera ser la medición de la pobreza en  Chile; es decir, quién lo hace y cómo.

Se reúnen todos los viernes en el ministerio de Desarrollo Social para, en las próximas semanas, anunciar los nuevos mecanismos sugeridos, aunque ha transcendido que algunos de esos cambios incluirán cambiar la línea de pobreza y ampliar la discusión no solo al ingreso, sino a aspectos como el acceso y calidad a la salud, educación, empleo y vivienda.

En esta comisión también presidida por Jordán, participan Larrañaga, Sapelli y el ministro Baranda, además de otros 6 especialistas: la subsecretaria de Evaluación Social, María Soledad Arellano; Cristián del Campo, capellán de Un Techo para Chile; Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo; Andrea Repetto, economista y miembro de la comisión de economía del comando de Michelle Bachelet; Jorge Rodríguez, investigador Senior en CIEPLAN; y Susana Tonda, directora ejecutiva del Hogar de Cristo.

De acuerdo con un informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, el costo de la canasta básica llegó en noviembre a $40.588 mensuales, aumentando 4,4% en 12 meses y variando 11,2% en relación a los $36.049 con los que se fijó la línea de pobreza en la última Casen, en noviembre de 2011, que en ese minuto se situó en $72.098. Según los expertos, si se mantiene el mecanismo y se aplica a los resultados de la Casen, debiera quedar en $81.176.

La mirada de Fundación Sol

Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, define tres modificaciones importantes que debe sufrir la encuesta Casen para terminar con la medición actual que difiere bastante de los estándares internacionales.

En primer lugar, Kremerman explica que es necesario terminar con la medición de pobreza absoluta, que hoy sólo toma la variante ingreso basada en métricas de una canasta básica generada por un patrón de consumo de 1987. “Esos patrones deben ser actualizados con urgencia. Hoy tenemos una línea de la pobreza que está absolutamente desfasada y los datos para actualizarla están”, detalla.

Un segundo elemento es darle a la medición un enfoque multidimensional, terminando con la unidimensionalidad; es decir, no sólo registrar si la pobreza está sobre o bajo el umbral de la pobreza y que incorpore elementos como la calidad y acceso al empleo, a la educación, salud y vivienda. “Se da el caso que una persona pasa por 10 mil pesos ese umbral y pensamos ‘oh, ya no es pobre’, sin embargo, vive en una vivienda deteriorada y con un trabajo estacional”, explica el economista.

En eso concuerda Rodrigo Jordán: “Lo que estamos terminando de hacer es mirar cada propuesta en su propio merito sin predecir si va a subir o bajar la línea o porcentaje de personas que viven en pobreza. Eso al final se meterá en el calculo matemático. No hay una mirada sobre si sube o baja”, detalla Jordán.

El último elemento tiene que ver con pasar de una medición de pobreza absoluta a una pobreza relativa, lo que se traduce en medir sobre la base de la desigualdad. Por ejemplo, determinar qué porcentaje gana menos que el ingreso medio del país y así tener otra variable a considerar al momento de crear políticas públicas.

Desde Microdatos, su director también ve necesarios algunos cambios metodológicos en la encuesta para lograr mejores resultados. Hoy, el tamaño de la Casen es muy alto y, de acuerdo a lo que explica, es algo que se debiera discutir para determinar si son 30 mil, 60 mil ó 90 mil hogares a encuestar a nivel nacional. “Uno debiera ver a los expertos del panel apuntando en ese sentido”, dice Bravo.

¿Cada cuánto hacer la encuesta?

Uno de los compromisos del Presidente Piñera fue realizar este estudio de manera anual, para dirigir de mejor forma las políticas hacia sectores más vulnerables. Sin embargo, tras el escándalo que significó la Casen 2011, el Ejecutivo tomó la decisión de no realizarla en 2012 y llamó a la Comisión a entregar propuestas de cambio. En el Presupuesto 2014 están destinado $777.261 mil millones para la realización de la encuesta socioeconómica el próximo año, aunque su ejecución dependerá del gobierno de Michelle Bachelet, que asumirá el 11 de marzo.

Desde distinto sectores, sin embargo, no ven con buenos ojos que sea una encuesta anual, por el exceso de gasto que significa y porque las políticas públicas que se modifican con sus resultados son a largo plazo. “Lo que debiera ser más constante es evaluar las políticas sociales. Faltan evaluaciones que vayan haciendo correcciones para ajustar en la marcha y obtener buenos resultados de esas políticas. La Casen debe mantenerse cada dos años, pero la evaluación de las políticas debiera ser cada seis meses, mucho más constante”, dice la presidenta de la comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, la diputada Clemira Pacheco.

El año pasado, la Concertación resolvió desestimar la idea de una comisión investigadora por los cambios introducidos a la encuesta Casen 2011. En contraposición, los parlamentarios anunciaron que apostarían por forjar un acuerdo que permitiera la creación de una institucionalidad autónoma que mida la pobreza en Chile.

Hoy, desde diversos sectores mantienen esa idea. El diputado PS Marcelo Schilling, uno de quienes había solicitado la instancia investigadora, insiste en la necesidad de que un organismo independiente del gobierno de turno maneje los estudios y resultados de las futuras encuestas Casen. “Tenemos que evitar que se preste para controversia de carácter político por su utilización”, dice el parlamentario. “No porque sea autónomo debe dejar de ser estatal. Tenemos que dejar de lado esa visión de que lo privado es inmaculado y que lo estatal es sucio”.

Una tesis similar tiene Marcos Kremerman, de la Fundación Sol. El economista advierte que la encuesta puede hacerla perfectamente el ministerio de Desarrollo Social, pero con una estructura diferente para que ese análisis no esté vinculado a los gobiernos de turno. “Antes los datos se entregaban los datos sin problemas, pero en el gobierno de Piñera hubo un descrédito de las cifras por la suma de errores. Lo importante es que las instituciones funcionen, que sean transparentes y que los investigadores podamos ver cómo se hacen las encuestas y realizar más estudios”, concluye.