Los 43 mil millones de deuda que obligaría a la U. de Chile a deshacerse del Hospital J.J. Aguirre

La idea de un hospital universitario, preocupado por la docencia e investigación, que atienda las necesidades de la población y al desarrollo de las ciencias de la salud, choca contra la triste realidad. Producto de la lógica del autofinanciamiento, característico en entidades públicas desde la dictadura, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el José Joaquín Aguirre, el ‘Jota’, está condenado. Parece inverosímil, pero arrastra una deuda que supera los 40 mil millones de pesos, lo que ha llevado a las autoridades de la casa de estudios a proponer una solución radical: un leaseback, osea la venta de la totalidad de la propiedad a una institución bancaria.

El 10 de diciembre, el Consejo Universitario aprobó la realización de un leaseback por la suma de 53 mil millones de pesos. Esto significa vender la totalidad de la propiedad del establecimiento a un banco y firmar un compromiso arrendatario por 15 años con la misma institución. El monto -que funciona como un préstamo del banco- se pagaría en cuotas de alrededor de los 5 mil millones de pesos anuales, mientras que el dinero obtenido serviría para pagar las enormes deudas que aquejan al Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Ayer, el Senado Universitario -quien tiene la última palabra en el asunto- debatió sobre este polémico proyecto y el próximo 2 de enero deberá decidir si acepta o no la propuesta del leaseback.

El origen de la deuda

En los años 80, con la reforma al Servicio Nacional de Salud, el J.J. Aguirre dejó de ser un hospital público y pasó a ser uno privado universitario. Pero es 1994 el año en que todos reconocen que sufrió el abandono del Estado. Hasta entonces, seguía recibiendo recursos gracias Fonasa, producto del convenio DFL36 con el Ministerio de Salud. Pero desde ese año, sin apoyo ni financiamiento público, el hospital ingresa de lleno al mundo del endeudamiento y autofinanciamiento y comienza a competir -o intentar competir- con clínicas privadas y hospitales públicos.

Así, el ‘Jota’ entró en la mercantilización de la salud.

Convenios con Isapres, venta de servicios y mantención de un recinto de salud que pasó de un aporte de la Universidad de 30% de su presupuesto a un 4% en 15 años, acumularon de a poco la deuda. El hospital compraba insumos y, como no tenía cómo pagar, pedía préstamos. Llegó hasta tal punto que la deuda total que tiene hoy el hospital alcanza la cifra de $43.964.540.

“Siempre hemos tratado de manejar las deudas. El tema es que es demasiado pesada para lo que podemos generar, sobretodo porque es una deuda en el corto plazo. Tenemos que pagar 35 mil millones de pesos en un año. Nadie compra una casa en un año, la compra en 20. Es lo mismo que estamos haciendo. Ojalá no tuviéramos que hacer un leaseback para esto, ojalá el Estado pudiera darnos un crédito con aval y después devolverlo”, cuenta el director del establecimiento, el doctor Carlo Paolinelli.

No hay fondos para la autorización sanitaria

De los 53 mil millones de pesos que la Universidad espera recibir del leaseback –después de un llamado a licitación por la propiedad del inmueble-  44 mil se irían para las deudas y los otros 9 mil para inversión. Sin embargo, esos 9 mil millones extras se necesitan ahora: a mediados del próximo año, el hospital debe ser acreditado, algo que se ha pospuesto en más de una ocasión. Solo para cumplir con la autorización sanitaria, deben gastar 5 mil millones de pesos. “Necesitamos una reposición crítica de equipamiento, hemos tenido incendios en diálisis, se nos cayó el techo, esas son las consecuencias de la desinversión. Para la pura autorización sanitaria, tenemos que hacer inversiones 1200 millones, eso es básicamente como el permiso de circulación. Para proyectos de acreditación, necesitamos tener procesos rentables, es decir, mil millones más, pero esto es solo obras civiles. Tenemos que asociarle equipamientos, que hacen total 2500 millones. Osea, de los 9 mil, 5 mil van hacia el objetivo de autorización sanitaria y acreditación”, asegura el doctor Maximiliano Ventura, director de Administración y Finanzas del ‘Jota’.

Pese a que gran parte de la deuda es con proveedores públicos y privados y con bancos, el J. J. Aguirre también le debe a la Universidad. A fines del 2011, el hospital no podía pagar las remuneraciones. A esas alturas, aseguran que los proveedores ya no entregaban insumos porque su nivel de endeudamiento no era atractivo para seguir otorgando créditos. Ahí aparece la ayuda de la casa de estudios para prestar el dinero para pagar sueldos. En enero de 2012, empezó en mil millones. Hoy, la cifra supera los 15 mil millones. Pero desde la Casa Central aseguran que esa deuda no da para más. “El hospital no tiene la capacidad financiera financiera de pagar sueldos ahora. No en 3 meses, no en 6 meses, ahora. Y la Universidad de Chile no puede permitir que funcionarios no reciban su sueldo, pero tampoco podemos exigirle a las facultades que sigan aportando en recursos para el hospital”, señala el rector Víctor Pérez.

A diferencia de los hospitales públicos -que reciben un presupuesto del Estado- el hospital clínico de la Chile vive de lo que vende. Pese a ser fundamental en la preparación de especialistas (la presidenta electa Michelle Bachelet destaca esto en su programa de gobierno), de servir a la docencia y capacitación de miles de estudiantes y de estar en un sector estratégico del sector norte de Santiago, el ‘Jota’ no recibe financiamiento del Estado. Aunque, sus directivos reconocen que también pueden haber problemas en la gestión. “El modelo de financiamiento para este hospital es insostenible en el tiempo. Tal vez no hemos sido lo suficientemente competentes para administrar esta tremenda institución, pero se fue generando mecanismo de deuda que  se hace inmanejable”, señaló ayer Maximiliano Ventura.

El leaseback

Lo atractivo de este recurso, según cuentan, sería el re ordenamiento de la deuda a largo plazo. Es decir, poder solucionar los problemas que hoy tiene el hospital. “No es venderlo, que nos desprendamos y se privatice, es una modalidad financiera dentro de las opciones que tiene la universidad. Si se nos dice que el día 12 de marzo, cambia la situación, revertimos el leaseback, pero en el intertanto, ¿qué? Hay que pagar los sueldos”, cuenta Víctor Pérez. El rector se refiere al supuesto cambio de trato que vendría de la mano del nuevo gobierno de Michelle Bachelet, que permitiría, por ejemplo, un crédito con aval del Estado (opción que fue rechazada a la Universidad en construcción de nuevo edificio de Ingeniería).

“No sabemos qué va a pasar con el hospital y con el país de aquí a 15 años. Esto es poco oportuno, considerando el cambio en el ciclo político. Estos cambios existen y deben ser aprovechados por la Universidad, tenemos que agotar todas esas instancias”, declaró la senadora y secretaria general de la Fech Irací Hassler. La falta de visión política de la medida es una opinión generalizada entre los senadores universitarios. Sin embargo, no es la única crítica.

Al vender la propiedad del hospital, no se resuelve el problema estructural que tiene al Jota desde hace más de 20 años. Inés Pepper, profesora miembro de la coordinadora por la recuperación del ‘Jota’, así lo explica: “Junto con perder el inmueble, este nuevo endeudamiento perpetúa la lógica del autofinanciamiento y competencia en un mercado donde el hospital no tiene espacio. Además, sumaremos el pago de contribuciones como inmueble privado y restricciones para acceder a fondos públicos, ya que el Estado no tendrá razones para apoyar económicamente a una entidad privada”.

Además, la asociación de académicos (Acauch) y las federaciones de estudiantes (Fech) y funcionarios (Fenfauch) presentaron un comunicado en que criticaban duramente el leaseback: “Declaramos que la propuesta, además de ser una operación financiera que apunta a la indirecta privatización del Hospital, carece del sustento de un detallado plan de desarrollo y de una exhaustiva evaluación económica y de viabilidad, que anticipe la generación de suficientes recursos de amortización que garanticen la recuperación del inmueble, lo que pone en riesgo el patrimonio de todos los chilenos y afecta profundamente la misión institucional”.

El tema va más allá: La Facultad de Medicina se enteró formalmente de la medida ayer mismo. Esto se explica porque el hospital no tiene institucionalidad, pues no aparece en el estatuto de la Universidad. Pese a que recibe más de mil alumnos de pregrado y de preparar a 380 médicos especialistas, la facultad es independiente al hospital clínico, por lo que la solución del leaseback -respuesta financiera a los problemas- tampoco presenta un proyecto de desarrollo institucional.

En ese momento de la discusión entre senadores, el académico de la Facultad de Medicina, Jonás Chnaiderman, tomó la palabra y dijo lo que nadie quería decir: “Aquí estamos hablando de una enajenación, nos piden que votemos para enajenar el patrimonio…Al parecer, en algún momento va a quebrar y ha llegado el momento de sincerar las posiciones: No podemos seguir con este modelo y necesitamos que alguien explique concretamente, ¿qué significa quebrar?, ¿qué pasa con la institución? El paradigma actual no da para más, y lo más peligroso que estamos haciendo es decirle al país que el propio paradigma es la solución”.

Por su parte, el senador Claudio Gutiérréz señaló que “lo que se nos presenta es una solución privada a un problema público“,  y agregó que “no nos queda claro el verdadero origen de la deuda y cómo el leaseback lo va a solucionar, si continúa con el autofinanciamiento”.

Desde el mundo político también se han manifestado. La diputada electa del PC por Recoleta e Independencia -donde se ubica el hospital- Karol Cariola envío una carta a la comunidad universitaria: “Las soluciones para problemas del sector público, dentro de las lógicas del mercado, ya han mostrado se contraproducentes para la viabilidad del ‘Jota'”, dice.

Sin embargo, Carlo Paolinelli insiste en aclarar que ya es muy tarde y que el leaseback solo significaría el traspaso de la deuda de un privado a otro. El hospital ya está condenado a pagar a los bancos privados. “Nosotros le debemos a una empresa que nos vende insumos, eso es deuda con privado. Y hemos tomado esa deuda y la hemos pagado con plata del banco, y esa es la otra deuda privada que tiene el hospital. No es una cosa inédita lo que estamos haciendo, lo inédito es pedir el valor total de la deuda para poder acreditarnos, pagarle a la universidad, dar un tiempo de hacer el plan de desarrollo”, afirmó.

El vicerrector de Asuntos Financieros, Francisco Martínez, también defendió el leaseback como solución: “Esto ya ocurrió, ya estamos endeudados. Si no pagamos nos vienen a embargar, lo que proponemos es la transformación de una deuda que ya es privada”, dijo. Sin rodeos, agregó en tono amenazante: “Pero podemos decidir no aumentar el 5% de las remuneraciones según el reajuste del sector público, así aliviamos un poco la deuda”.

A esas alturas, el ánimo estaba por los suelos. Si bien la opinión mayoritaria parece ser rechazar la venta del hospital, esos 43 mil millones siguen existiendo y seguirán aumentando. El abandono del Estado, el autofinanciamiento, la obligación de competir en un mercado donde las isapres tienen convenios con clínicas privadas, tienen al histórico Hospital Clínico de la Universidad de Chile dependiendo de que el nuevo gobierno decida, después de 20 años, cambiar el trato con sus universidades y hospitales.

La reincorporación del Hospital Clínico de la Chile a la red de salud pública podría ser una solución. Incluso, un grupo de diputados liderados por el comunista Lautaro Carmona lograron que se aprobara en al Cámara una petición formal al Presidente de estudiar el retorno del J.J. Aguirre al sistema público. El ministro Jaime Mañalich, respondió que revisarían el tema.

El próximo 2 de enero el plenario del Senado Universitario deberá tomar la decisión final sobre un proyecto que puede significar entrar al mundo de la privatización de lo público o salvar, por ahora, la deuda del hospital.

Lo único seguro es que hoy, el futuro del ‘Jota’, es más incierto que nunca.