Se perpetúan integrantes del Consejo de Asignaciones Parlamentarias

Esta tarde, la Cámara de Diputados deberá votar la propuesta de una Comisión Bicameral para designar a los nuevos integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, organismo creado vía Ley Orgánica del Congreso para regular los fondos que se entrega a senadores y diputados para realizar su trabajo.

La instancia nació  tras los escándalos  por malversación de fondos de los diputados Maximiano Errázuriz, Claudia Nogueira, Julio Dittborn y Jorge Sabag en 2009  y ha sido cuestionada por aprobar aumentos de asignaciones de  hasta 1.5 millones de pesos anuales por congresista.

Cada cuatro años – al término del periodo legislativo-  se debe elegir un nuevo Consejo que realice estas labores para el “renovado” Congreso entrante, según se estipuló al crear este organismo en 2010. Pero la sorpresa es que no habrá renovación en la constitución de esta instancia que busca hacer transparente el uso de los bienes del Estado en el Parlamento.

De acuerdo al reglamento del Consejo, éste debe estar constituido por un ex senador, cargo que recae hoy en Sergio Páez –quien también preside la instancia–; por un ex diputado, hoy Andrés Egaña; un ex decano de una facultad de Economía, Administración o Derecho de una universidad reconocida oficialmente por el Estado, cargo que ostenta Luis Riveros. Además, debe haber un ex consejero del Banco Central: hoy el economista Vittorio Corbo; y, por último, un ex ministro de Hacienda, Economía o director de Presupuestos, cupo que hoy llena el ex Dipres Alberto Arenas, quien hasta  el 15 de diciembre era el jefe programático de la candidatura de Michelle Bachelet y suena como eventual titular de Hacienda.

Pese a que la idea original del organismo es generar una rotación de los consejeros, la propuesta que hoy será votada en Sala en la Cámara de Diputados sólo incluye el reemplazo del ex diputado Andrés Egaña, quien decidió dejar el Consejo.

A su relevo, la comisión bicameral, -integrada por los diputados Fidel Espinoza (PS), Gustavo Hasbún (UDI), Mario Venegas (DC) y Leopoldo Pérez (RN); además de los senadores Fulvio Rossi (PS), José Antonio Gómez (PRSD), Jovino Novoa (UDI) y Baldo Prokurica (RN)- propondrá al subsecretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, quien debiera asumir el 11 de marzo próximo de ser aceptada la propuesta.

Alvarado volvería nuevamente a ejercer funciones en el Congreso, aunque no desde el hemiciclo, donde fue diputado UDI por el distrito 58 entre 1994 y 1998. Este nombre, según trascendió en la comisión, fue solicitado desde la mesa directiva del gremialismo tras un acuerdo político con la bicameral.

La votación de esta propuesta está en último lugar de las votaciones del día y deberá contar con tres quintos de la Cámara Baja para ser aprobada, es decir, 72 diputados. Sin embargo, varios parlamentarios han mostrado su rechazo a la idea de mantener a gran parte de los consejeros.

Trabajo asegurado

Pese a que existe interés por cambiar a la totalidad de los miembros de la comisión, en el Congreso advierten que está en entredicho la permanencia de Alberto Arenas puesto que es alta la probabilidad de que ingrese al gabinete en el mes de marzo. 

“La función de Consejero es incompatible con el desempeño de los cargos de ministro de Estado, subsecretario, intendente, gobernador, consejero regional, alcalde, concejal, jefe de servicio, miembro del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Calificador de Elecciones, consejero del Banco Central, parlamentario y empleado del Congreso Nacional”, dicta el reglamento del organismo.

Por esta razón, si la Presidenta decide llamar a Arenas, este deberá renunciar al Consejo de Asignaciones Parlamentarias, una decisión que al interior del ex comando ven como “prácticamente un hecho”.

“En ese caso, hay que llamar a una nueva sesión en la Cámara con una propuesta para reemplazarlo. Eso incluso puede ser la primera semana de marzo, no hay apuro para esto porque es un acuerdo”, explica el diputado DC Mario Venegas, además integrante de la comisión bicameral que presentará el texto a la Sala.

De lo contrario, si la Mandataria decide no incluirlo en el gabinete que anunciará a mediados de este mes, Arenas quedará asegurado como consejero del organismo por cuatro años más.

¿Cómo funciona el Consejo?

En julio de 2010, se creó el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias con el objetivo de determinar los montos, pago de personal, traslados, reajustes y criterios de uso de los recursos fiscales al interior del Congreso, para las diferentes tareas que realicen los comités y los mismos parlamentarios.

Los cinco miembros son elegidos por los tres quintos de los parlamentarios en ejercicio, tras una propuesta de una comisión creada por ambas cámaras (de cuatro diputados y cuatro senadores) para estos efectos. Esos parlamentarios deben pertenecer a las respectivas comisiones de Régimen Interno.

Un consejero de este organismo tiene una dieta mensual de 100 UF, es decir, un poco más de $2.333.000, mientras quien lo preside tiene un 30% más de sueldo, superando los 3 millones de pesos. El Consejo, además, sesiona esporádicamente en las dependencias del Congreso Nacional, previa citación de la secretaría ejecutiva del organismo.

Las polémicas del Consejo

En cada aumento en las asignaciones de los parlamentarios las miradas se vuelven al organismo que en encabeza el ex senador DC Sergio Páez.

En abril de 2012, el Senado pidió un aumento de dos millones de pesos en sus asignaciones parlamentarias (esto por un acuerdo del año anterior) aludiendo a que “si se quiere que la Cámara Alta tenga una buena gestión, los senadores tienen que tener recursos mínimos para poder funcionar”, explicaba el senador Guido Girardi en ese momento.

Hace tres meses, otra polémica se instaló en la prensa. En el marco de la discusión del Presupuesto 2014 se aprobó un aumento del 7,5% en las asignaciones parlamentarias para el Senado, lo que representa un incremento de 701 millones. Cada senador recibirá un monto adicional de 1.500.000 pesos a contar del próximo periodo legislativo; es decir, desde el 11 de marzo, para ser destinado al pago de abogados, periodistas y secretarias, además del arriendo de sus oficinas en sus respectivas circunscripciones.

En ese entonces, la Dirección de Presupuesto informó en un comunicado que esta situación apuntaba a corregir un déficit, ya que los funcionarios y asesores que trabajan para los parlamentarios no han visto incrementados sus salarios.

Y aún más reciente: el 30 de diciembre pasado se informó que el Congreso, a través del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, decidió aumentar los gastos operacionales de los senadores y diputados en un 3% para este 2014 y un 5% en incremento para los gastos de personal, aumento por sobre el IPC acumulado de 2,4% hasta noviembre, realizando un movimiento similar al que hicieron en 2012, cuando las asignaciones parlamentarias aumentaron en 2,9% cuando el IPC no fue superior a 1,5%.

Así la cosa, los diputados tendrán un monto superior a los 5,5 millones de pesos en forma mensual para gastos como arriendos de oficina, bencina, telefonía y viáticos, entre otros, mientras que para los senadores dicho monto será superior a los 8 millones de pesos. A eso debe sumársele el sueldo que reciben por su trabajo.

El Consejo de Asignaciones Parlamentarias justificó su decisión considerando factores como el reajuste al sector público, el Presupuesto 2014, además de la inflación y productividad que se vaticinan.