Las opciones para sacar de la UTI al Hospital José Joaquín Aguirre

Terminada la votación, se escucharon gritos, aplausos, cánticos. El público asistente a la sesión vociferaba “¡el ‘Jota’ no se vende, el ‘Jota’ se defiende!”, mientras otros se abrazaban con una sonrisa en sus rostros. Era un triunfo. Con un apabullante 30-2 el Senado Universitario había decidido rechazar la operación financiera del leaseback, la venta del inmueble del hospital a un banco privado.

Pero pasada la algarabía, llegó la mesura. No había mucho por lo que festejar. Se rechazó vender el hospital, pero los 44 mil millones de pesos en deudas que tienen al recinto sin la certeza de aprobar la acreditación sanitaria siguen ahí. Y es que el futuro del ‘Jota’ sigue siendo incierto.

El Hospital Clínico de la Universidad de Chile Dr. José Joaquín Aguirre dejó de ser un hospital público con la reforma al Servicio Nacional de Salud en los 80, mientras que desde 1994 dejó de recibir los fondos del Estado que tenía gracias a un convenio con el Ministerio de Salud. Desde ese año el hospital entró en la misma lógica que hoy tiene en crisis a muchas instituciones públicas de salud y educación. El ‘Jota’, dependiente de la Universidad de Chile, recinto público y estatal, debía autofinanciarse para poder subsistir.

En 20 años, el hospital acumuló una deuda de $43.964.540 millones de pesos, producto de convenios con Isapres, venta de servicio y mantención del recinto. Cabe señalar que actualmente el Ministerio de Salud, Isapres y Fonosa mantienen una deuda de 30 mil millones con el hospital clínico.

Los enormes números de la deuda y la necesidad de invertir para lograr aprobar la acreditación sanitaria llevaron al Consejo Universitario a promover un leaseback, la venta del recinto a un banco privado seguido de un contrato arrendatario por 15 ó 20 años. Pese a que fue aprobada por el rector y todos los decanos, no fue bien recibida en el siguiente trámite y el Senado Universitario, donde desde el primer minuto se le calificó como “la privatización encubierta” del hospital.

Al momento de rechazar la medida, lo que más se repitió era el desconocimiento del cambio en el ciclo político del país, con nuevas autoridades que prometieron un trato distinto con las universidades del Estado. Las opciones que se discutieron fueron la posibilidad de pedir un Crédito con Aval del Estado para pagar la deuda y que a largo plazo el ‘Jota’ se reincorpore a la red de salud pública.

La estrategia ahora es trabajar en un proyecto de desarrollo institucional que pueda permitir una mayor colaboración de parte del Ministerio de Salud con el hospital. El rector Víctor Pérez se mostró esperanzado con las relaciones que establecerán con el nuevo gobierno: “Tomaremos contacto con las nuevas autoridades de Salud y Hacienda una vez que hayan sido nominadas, para analizar con ellas la forma en cómo el Estado asume un compromiso mayor con el hospital y con la universidad”.

Raúl Morales, presidente de la Comisión Hospital del Senado Universitario y candidato a rector de la Universidad, asegura que “hemos venido planteando que se espera de este nuevo gobierno una sensibilidad distinta en educación y salud. Particularmente, en el caso de nuestro hospital, que es el único estatal del país que no recibe ningún financiamiento del Estado. Queremos pedirle algo que históricamente se ha hecho, un préstamo importante de recursos de la banca y que el estado ponga el aval de que la universidad va a pagar”.

Independiente de la medida que se tome, la apuesta de la comunidad universitaria está en las conversaciones que se tendrán con el nuevo gobierno de Michelle Bachelet, quien es médica de la Universidad de Chile y se formó en el ‘Jota’ Aguirre.

El rol del PC

La situación por la que vive el hospital no es desconocida dentro de la Nueva Mayoría. Quienes han sido los encargados de plantear el tema han sido principalmente el Partido Comunista.

Fuentes dentro del Partido aseguran que es un acuerdo el re ingreso del ‘Jota’ a la red de salud pública. Incluso aparece dentro de las medidas del programa del partido en materia de salud. El primero en plantearlo públicamente fue el diputado Lautaro Carmona, quien -antes de la contingencia del leaseback- logró que se aprobara un acuerdo de ley en que se solicitaba al Gobierno precisamente el retorno del recinto a la red pública.

La diputada electa por Independencia-Recoleta Karol Cariola y el alcalde de esta última comuna, Daniel Jadue también han mostrado abiertamente su apoyo al hospital. Un día antes de la votación del leaseback, los dos miembros del PC rechazaron la operación y destacaron la importancia del ‘Jota’ para la salud de la zona norte de Santiago. Incluso la ex líder estudiantil llamó a la presidenta Bachelet a “que se hiciera cargo de esta demanda”.

Al ser parte de los acuerdos del PC, el tema fue llevado al proceso de creación del programa de gobierno de Michelle Bachelet. La comisión encargada del área de salud estaba presidida por economista de Espacio Público Enrique Paris y compuesta, entre otros, por las doctoras –y posibles ministeriables para la cartera de salud- Helia Molina, Carmen Castillo y Angélica Verdugo. También estaban representantes del PPD como Gonzalo Navarrete, Mauro Tamayo de la IC  y el comunista -y pareja de Camila Vallejo- Julio Sarmiento.

Este último, médico de la Universidad de Chile, fue quien presentó el tema en la mesa, también antes del leaseback. Sarmiento asegura que la posición del PC es que “a un hospital universitario no se le puede exigir que sea autosustentable, sino que tiene que permitírsele tener un proyecto de desarrollo académico que de cuenta de las necesidades que tiene el país en formación de especialistas. El hospital forma casi 40% de especialistas, estamos por que se impulse un apoyo de parte del Estado a un hospital que es del Estado”.

Sin embargo, la situación del ‘Jota’ no llegó a ser parte del programa de gobierno. Sarmiento explica que se planteó, pero la discusión nunca se cerró porque se priorizaron otras cosas. “No se concretizó porque faltaba información, una propuesta concreta, una estimación de costos, las cuales en ese momento yo no contaba para dar más fondo la discusión”, afirma.

Por lo mismo, no hay una postura oficial de parte del equipo de salud de Bachelet frente al tema.

Lo que dice el programa

En materias de salud, el programa de Michelle Bachelet asegura la inversión de 4 mil millones de dólares en inversión de 60 nuevos hospitales para expandir la red de salud pública. También plantea la formación 4 mil nuevos médicos especialistas, lo que se va a lograr con un nuevo trato con las universidades.

Este último punto es el que es mirado con más optimismo, pues el Hospital Clínico de la Universidad de Chile es el principal centro formador de especialistas que hay en el país. Para el director del ‘Jota’, el doctor Carlo Paolinelli, el recinto está en condiciones de ayudar en cumplir el objetivo que se planteó la presidenta electa. “No somos la única institución que forma especialistas, pero somos la principal. Podemos aumentar la cantidad en formación de especialistas, pero para eso tienen que estar garantizados pacientes y recursos para atender esos pacientes”, afirma.

El director del equipo de salud del comando de Bachelet, Enrique Paris, explica a qué se refiere el programa con un ‘nuevo trato a las universidades’:  “Incluye varias dimensiones. Una financiera, que tiene que ver con el monto de becas para formación de especialistas, pero también con la capacidad de los centros de las universidades de habilitar más cupos de formación en especialidades más falentes. Tiene que ver también con programas de estudio, discutir sobre alcance de programas dentro de ciertas especialidades, distinguir unas de carácter más básico, otras de carácter más avanzado. Revisión con las universidades acerca de esos programas, acerca de cómo relacionar el Ministerio de Salud con los centros de formación y la relación con las universidades públicas”.

“Ahora, si me preguntas si una relación distinta del Ministerio Salud con la U. de Chile significaría un apoyo especial al hospital clínico, sí, podría ser, pero estamos hablando de algo ya especifico, podría también plantearse con la U. de Valparaíso, por ejemplo. Si esta universidad va a tener un trato distinto respecto a la formación de especialidades médicas, me imagino que sí, la idea es transitar en esa dirección, que las universidades estatales asuman responsabilidades y que ante eso el Estado haga el esfuerzo que corresponde”, agrega Paris.

Si bien en el equipo de salud no hay una postura oficial frente a la situación del J.J. Aguirre, Paris comparte que el carácter actual debería cambiar. “El hospital clínico además de las funciones de asistencia, tiene un rol importante en la formación de médicos, pero evidentemente sigue siendo estatal y, al fin y al cabo, no está cumpliendo ningún rol en la red de salud pública y eso creo que debe cambiar”, asegura.

Por su parte, Julio Sarmiento es claro: “Yo siempre he defendido el hospital y voy a seguir defendiéndolo. Mi opinión siempre va a ser a favor de que cuente con recursos para poder funcionar, crecer y desarrollar mejor de lo que hoy día lo hace su proyecto de desarrollo académico. Pero no sé quienes más comparten esa opinión dentro del comando”.

Pese a las posturas personales, la prioridad -y el compromiso de los partidos- de la Nueva Mayoría es cumplir con el programa de gobierno. Y como el retorno del ‘Jota’ a la red de salud pública no aparece, no se puede esperar que suceda. El equipo de salud de Bachelet se encuentra trabajando en las 100 medidas anunciadas por la presidenta electa, por lo que tampoco se puede esperar una novedad en la materia.

Otra fuente dentro del equipo de salud -que también se muestra a favor de facilitar la discusión por el hospital- asegura que por ahora es difícil plantear el tema. Desde los partidos se pidió no ejercer ningún tipo de presión a la mandataria hasta el 15 de enero, fecha en que debería estar ya definida la nueva autoridad ministerial de la cartera de salud.

Sin embargo, ni desde la Coordinadora por la Defensa del ‘Jota’ ni desde los distintos miembros de la Universidad se toma la posición de esperar a que el nuevo gobierno actúe. La Facultad de Medicina ya trabaja en una propuesta que será presentada a las autoridades, un proyecto de desarrollo académico que sea concordante con los intereses del Ministerio de Salud y de la Universidad.

Y tampoco se descarta la presión para que el gobierno cumpla con sus voluntades ya expresadas. Para Melissa Sepúlveda, presidenta de la Fech y estudiante de Medicina, “tanto en materia de educación como salud el programa de gobierno se muestra, al menos de palabra, favorable a fortalecer las instituciones públicas. Por lo tanto, nosotros esperamos que se cumpla esa voluntad y si no, vamos a generar todos los mecanismos de presión necesarios para que el hospital ‘Jota’ Aguirre y la Universidad de Chile retome una posición diferente frente al Estado”.