Constructora admite que obras de Bocamina II son distintas a las autorizadas por la resolución ambiental

El representante de Tecnimont, la empresa que ejecutó las obras de Bocamina II, admitió que la termoeléctrica que se construyó por orden de Endesa a partir de 2007, es distinta a la que autorizó la resolución de calificación ambiental del año 2007.

En el marco del proceso sancionatorio en contra de Endesa, que lleva adelante la Superintendencia del Medio Ambiente se citó a declarar al gerente general de Tecnimont, Adolfo Giaretti, quien señaló que construyó un proyecto distinto a lo señalado en la resolución de calificación ambiental aprobada por el SEA.

Giaretti agregó que el contrato de julio de 2007, contemplaba cosas diferentes a lo señalado en la resolución ambiental dictada en en agosto de ese mismo año.

Tras esto, el senador del MAS por la zona, Alejandro Navarro, enfatizó que lo declarado por Giaretti no hace más que agravar la situación de Endesa.

“Estamos no solo frente a un incumplimiento muy grave sino que a una acción premeditada para engañar a la autoridad ambiental y la situación de Bocamina II es aún más grave”, dijo el legislador a Biobío.

Este nuevo antecedente no será dejado de lado de cara a la tramitación del recurso de protección presentados por algueras y pescadores en la Corte de Apelaciones de Concepción. En este sentido, el abogado Sebastián Inostroza indicó que el testimonio de Giaretti confirma las denuncias de sus clientes.

“Esto confirma lo que hemos dichos siempre. Que la empresa nunca ha tenido la intención de respetar la legislación ambiental en el fondo. El gerente de Tecnimont que siempre al construcción fue algo distinto de los que se había aprobado”, comentó Inostroza.

Delito

Sin embargo, Navarro fue más allá al señalar que en este nuevo escenario, se podría acusar a Endesa de un ilícito por lo no descarta una posible querella.

“Vamos a hacer la evaluación con el equipo jurídico porque claramente se engañó a la autoridad de manera premeditada y tratándose de obras que funcionando interfieren en la salud de las personas creo que existe delito”, dijo Navarro.

Cabe recordar que la SMA ya reformuló en diciembre pasado una serie de cargos calificados de gravísimos, que exponen a la generadora a una multa de US$10 millones o la clausura.

Las iregularidades están relacionadas con la ausencia de sistemas de abatimiento de emisiones, así como de instalaciones para la descarga del agua de mar que succionan. A lo anterior se suman altos niveles de ruido y la presencia de especies marinas dentro de la central.