Atlas de conflictos ecológicos e injusticias ambientales apunta 30 casos en Chile

Más de 2.000 conflictos ecológicos afectan hoy a la Tierra, un cifra que además crece de manera paralela a multiplicación de las injusticias medioambientales provocadas por la demanda de energía y materiales de las clases medias y altas de las sociedades avanzadas.

Esta es una de las conclusiones del “Atlas Global de Justicia Ambiental” que un equipo internacional de expertos, coordinados por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que se presentará hoy en la Delegación del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) de la ONU en Bruselas.

De cara a Chile , que la herramienta que filtra los casos por empresa, materia y el tipo de conflicto, se apuntan 30 casos que sobre todo se ligan con temas mineros y manejo de aguas. Se menciona entre otros proyectos e iniciativas a Andacollo Gold (Andacollo); Cellulose Factory Celulosa Aurauco S.A. (Valdivia); Cerro Casale de Aldebaran (Copiapó); la División Salvador (Bahia de Chañaral); Doña Inés de Collahuasi (Tarapacá); Los Pelambres (Los Caimanes); Los Pumas (Arica); Pascua Lama (Valle del Huasco), y Quebrada Blanca (Tarapaca).

El “Atlas Global de Justicia Ambiental” es una plataforma interactiva de mapas que analiza más de un millar de conflictos ecológicos en el mundo, un proyecto que quiere documentar 2.000 casos en el año 2015.

Este trabajo es el resultado del proyecto europeo ‘Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade‘ (EJOLT), dirigido por el catedrático de Economía de la UAB, Joan Martínez Alier, con la participación de 23 universidades de 18 países.

El material, elaborado entre activistas y académicos, aporta evidencias sobre “los desequilibrios estructurales de poder en la economía global”.

“El atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en el mundo por las demandas de materiales y energía de la población de clase media y alta, y las comunidades que reciben el mayor impacto son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud”, dijo Martínez Alier.

Según el profesor de Economía, “el mapa muestra tendencias preocupantes, como la impunidad de las compañías que cometen delitos medioambientales o la persecución de los defensores ambientales, pero también inspira esperanza”.

Conclusiones clave

Entre las historias de destrucción ambiental y de represión política que se analizan en el atlas se describen un 17% de los casos en los que se han ganado juicios legales, proyectos que se cancelan y bienes comunes que han retornado a la comunidad, según Leah Temper, investigadora del ICTA UAB y coordinadora del atlas.

La plataforma on-line del atlas permite buscar y filtrar entre un centenar de campos para visualizar los conflictos -nucleares, de residuos tóxicos, de agua, mineros…- por tipo de mercancía, compañía o país.

El inventario de los casos de conflicto ambiental facilita, según sus autores, la búsqueda de información, la interacción entre grupos de trabajo afines y el aumento de la visibilidad de los conflictos.

Una de las conclusiones del proyecto y del atlas es que los movimientos sociales de justicia ambiental de base “son clave para conseguir que las formas de consumo y producción sean más justas, equitativas y menos perjudiciales”.

Según Temper, “sólo cuando las comunidades se planten contra la contaminación, gobiernos y empresas cambiarán su comportamiento”.