Senadores y Patagonia sin Represas solicitan rechazo de HidroAysén a Ministro Badenier

A un mes de que el Comité de Ministros resuelva las reclamaciones presentadas a la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto de represas en la Patagonia, los senadores Alfonso de Urresti (PS) y Guido Girardi (PPD), junto a los dirigentes de Patagonia Sin Represas, se reunieron con el Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, para plantear que la institucionalidad se haga presente rechazando definitivamente el proyecto HidroAysén.

Durante la reunión, el senador De Urresti indicó que “estamos confiados en que esta resolución como Comité de Ministros debiera ir en el sentido de poner la lápida a este proyecto, lo cual no sería sólo una victoria ambiental, sino que además una victoria ética, del tipo de país que queremos, distribuyendo costos y beneficios, sin sacrificar nuestra imagen país”.

Asimismo enfatizó que su objetivo ” no es permanecer siempre desde la trinchera, oponiéndolos a este proyecto que nos agrede, sino que también queremos sumarnos a las políticas públicas en materia de desarrollo de energías sustentables”.

Por su parte, el senador Guido Girardi, manifestó que “nosotros queremos preservar la Patagonia, no porque grupos económicos tengan utilidades millonarias se va a destruir uno de los ecosistemas más prístinos que quedan en el planeta y donde Chile tiene una de las mayores reservas de agua pura del planeta”.

Girardi, recalcó que “este proyecto ha tenido cuestionamientos e irregularidades graves, que ameritan sea rechazado. A este proyecto se le negaron los derechos de agua en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y cuando llegó el gobierno de Piñera, el abogado de HidroAysén se fue de interventor a la DGA y en un acto que es un fraude brutal, se aprobaron”.

Institucionalidad ambiental

El secretario del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), Patricio Rodrigo, enfatizó en la necesidad que la institucionalidad ambiental vuelva a su cause rechazando las represas en la Patagonia, y se cumpla el compromiso de la presidenta Bachelet en no avanzar con HidroAysén. “Hoy día hay una cambio de ciclo a nivel país, cultural y político donde no son viables este tipo de proyectos que se imponen en las comunidades, junto con los intereses corporativos y monopólicos” manifestó el dirigente, quien dijo estar confiando en que este proyecto será rechazado.

En términos más generales, también se abordó la necesidad de fortalecer la legislación y la institucionalidad medioambiental. Al respecto, Bernardo Reyes, miembro del Comité Internacional del CDP, planteó la necesidad de crear un Estatuto especial para la Patagonia para un desarrollo con enfoque sustentable, con respeto a la cultura y con participación ciudadana. Además, hizo hincapié en recuperar la “licencia social” en cautela del bien común en materia de intervención de territorio, ya que “tenemos un déficit legislativo y por ello lo que existe es la imposición de aquellos que vienen con su inversión, poniendo el gran billete sobre la mesa, en desmedro de otras demandas sociales”.

Respecto de la situación de HidroAysén, el Ministro Badenier señaló que “la decisión del Comité de Ministros va a ser dada a conocer antes del 15 de junio (…) Aquí hay una institucionalidad ambiental que funciona, que está operativa y que va a dar garantía a todos los reclamantes de abordar de manera íntegra la aprobación o el rechazo de determinados proyectos que están en etapa recursiva”.

La autoridad ministerial recordó que el 19 de marzo sesionó el Comité de Ministros, oportunidad en la que se tomó la decisión de invalidar los acuerdos tomados el 30 de enero. Al respecto, explicó que esta decisión se basó en que “a nuestro juicio esa forma de decidir los 35 recursos de reclamación fue inédita, de esos 35 recursos se abordaron 18, y sólo se vieron algunas materias, no la totalidad de los recursos”.

Por último, el secretario de estado explicó a los congresistas que en materia medioambiental, existen varios proyectos prioritarios, entre ellos, el de la Senadora Allende sobre “delito ambiental”; el compromiso de avanzar en una ley de protección de glaciares; legislar en materia de servicios de biodiversidad y áreas protegidas; y analizar una propuesta legal sobre manejo de residuos, entre otros.