Polémica por instrumento de evaluación del sistema penal que beneficiaría a violadores de DD.HH y pederastas

Las primeras alarmas sobre el cuestionario o Inventario para la Gestión de Caso/Intervención (IGI) se encendieron en los Centros de Reinserción Social del Sistema Abierto CRS. Los profesionales agrupados en la Asociación Nacional de Directivos, Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Gendarmería (Adiptgen Región Metropolitana) denunciaron que el nuevo formulario -usado para determinar la procedencia de medidas alternativas-que se adquirió en el gobierno de Sebastián Piñera, se tornó un problema sin solución con el que se fueron enfrentando sobre la marcha.

Todo comenzó con la implementación de la ley 20.603 en diciembre del 2013 cuando a los funcionarios de Gendarmería se les informó sobre este un nuevo cuestionario que se utilizaría para prescindir de los informes que los sicólogos y asistentes sociales elaboran en base a test proyectivos como el Rorschach, Zulliger y Lücher. Herramientas que se habían transformado en un importante apoyo para perfilar en profundidad a los imputados en los informes pre sentenciales.

El cuestionario IGI mide en ocho secciones ítems como educación, familia, pareja, actividades de tiempo libre y hasta problemas financieros. Según sus críticos es una forma discrimatoria que castiga “la cuna” y arroja baja criminalidad a quienes tienen un nivel mayor de instrucción escolar y social.  Además cuestionan el costo, pues que cada vez que el cuestionario se aplica tiene un costo de dos dólares. Sólo en un primera parte se compró un paquete de 8.500 cuestionaios. Y se habla de un gasto total de US$60 millones por parte del Estado en el nuevo sistema.

Los profesionales y técnicos reunidos en Adiptgen se mantienen en estado de alerta. Aseguran que los alcances del IGI no fueron correctamente dimensionados y el sistema podría convertirse en una puerta giratoria para los delitos de cuello y corbata como por ejemplo los delitos relacionados con la violación de Derechos Humanos y los de connotación sexual. Los profesionales denuncian que la nueva fórmula de evaluación es discriminatoria al poner enfásis en la educación y preparación académica de la persona lo que perpetúa la exclusión social y la estigmatización. Así, por ejemplo a la hora de medir a un criminal o torturador durante la dictadura, sacará una puntuación baja sobre riesgo de reincidencia porque tiene algún tipo de preparación, redes y hasta actividades recreativas, lo mismo ocurre en el caso de un pederasta.

Un modelo importado de Canadá

El Inventario IGI nació en Norteamérica como un modelo evaluador para recabar características de personalidad de un imputado en el sistema cerrado canadiense. Su fórmula innovadora, llevó a las autoridades a incluirlo en la implementación de la Ley 20.603, pero al poco andar demostró no ser adecuado según las características del sistema de justicia nacional.

En Adiptgen RM son aún más categóricos y aseguran que terminó siendo un “copy paste” del modelo canadiense a pesar que el panorama de dicho país es completamente distinto a la realidad chilena. En la reinserción de reos en Canadá existe una contención a los ex criminales y la sociedad es muy diferente. “Allá es un modelo completamente distinto, acá no es aplicable y si hacemos una proyección, de aquí a tres años, vamos a tener una población donde claramente las personas que van a estar en libertad ya no van a ser las que cometieron delitos de menor escala, sino los de gran connotación pública, por ejemplo los que tienen que ver con Derechos Humanos y los delitos sexuales, eso es preocupante”, asegura la sicóloga Margarita Díaz,  del Departamento Post Penitencial de Gendarmería.

En voz del asistente social Mauricio Droguett, uno de los dirigentes de Adiptgen Región Metropolitana, la principal preocupación de los profesionales vinculados al proceso de justicia, radica en la eliminación de los informes elaborados por duplas compuestas por un sicólogo y un asistente social. En su opinión se deslegitima la experiencia alcanzada por los profesionales, quiénes elaboraban los informes para construir un perfil real de los imputados. Desde su perspectiva, el IGI sería un test con recurrencia a las respuestas positivas y también un instrumento que fomenta la posibilidad del entrevistado de entregar una imagen mejorada de sí mismo.

“La falencia del inventario está en el método. Es estigmatizante como instrumento pre-sentencial y entrega puntuación según las redes familiares, el trabajo y hasta las actividades recreacionales del imputado. Lo que hace este cuestionario es criminalizar la pobreza ¿Por qué? Porque a la gente que tiene mayor instrucción le resulta fácil responder, en desmedro de la gente que comete delitos menores, que tiene menos instrucción, la mayoría con la enseñanza media incompleta y una historia familiar compleja”, enfatiza el asistente social.

Droguett además agrega que al costo de apenas dos dólares por aplicación del cuestionario hay que sumar los costos en la implementación del ley -entre otros- como los llamados telemáticos (sistema de monitoreo en penas sustitutivas) que aún no están en funcionamiento.

Hay quienes aseguran que la aplicación del IGI fue una recomendación de la Fundación Paz Ciudadana, pero desde el departamento de comunicaciones de la institución, descartaron esta información. Sin embargo, según el testimonio de un profesional, existen evidencias claras de cómo la Fundación  habría actuado como un organismo patrocinante de la Ley y en definitiva como Co-legislador. “De hecho hace unos años a los delegados se nos pidió que respondiéramos voluntariamente una encuesta de Paz Ciudadana, que pretendía validar su intención de imponer su modelo, y como no hubo respuesta de los delegados, se nos obligó a responderlo”, comenta un profesional de Gendarmería.

Inventario IGI y el caso Antares de la luz

El emblemático caso de la ‘Secta de Colliguay’ se transformó en uno de los ejemplos más claros de los alcances del IGI aplicado en el sistema penitenciario chileno. En marzo de este año, la instrucción del uso del nuevo inventario coincidió con la solicitud de evaluación de los imputados por este caso y los resultados fueron preocupantemente contradictorios.

En noviembre del 2012, la noticia de una secta que fue capaz de incinerar a un lactante en un acto de sacrificio consternó a la opinión pública. La Policía de Investigaciones buscó incansablemente a su líder, Ramón Castillo Gaete, mejor conocido como ‘Antares de la luz’, hasta que finalmente encontraron su cuerpo, ahorcado en una viga, tras cometer suicidio en una casona abandonada en el Cusco, Perú.

A pesar de que una historia tan enrevesada como esta no cabe en un cuestionario, las autoridades pretendieron excluir las metodologías con las que habitualmente se trabajaba, para privilegiar el estreno del IGI. Ante este escenario, un equipo de profesionales manifestó sus reparos pues les pareció riesgoso “ensayar” la aplicación de este cuestionario dada la connotación del caso, uno de los hitos policiales más oscuros en la historia del país.

Los seguidores de la secta confiaban en las perturbadas visiones de Antares de la Luz, sentían indiferencia y hasta ceguera frente a lo que estaba sucediendo. Todos habían participado en el crimen de un niño recién nacido, Jesús Guerra Guerra, hijo de Antares y una de sus seguidoras, Natalia Guerra, un lactante que fue calcinado vivo en un hoyo de piedras hirvientes, en medio del llanto apenas audible por la cinta de embalaje con que taparon su boca. El cuestionario quedaba chico frente a un caso de alta complejidad.

“El equipo presentó sus aprehensiones respecto de la validez del inventario, dado que no conocíamos la adaptación y validación en Chile y, sobre todo, sus limitaciones para ponderar riesgo y necesidades en sujetos ‘imputados’ sobre los cuales aún no se acredita culpabilidad. Por ende, había varios ítems dentro del mismo inventario que no podíamos evaluar”, explica una especialista del equipo de informe de pre-sentencial de un CRS contactada por El Dínamo, que prefirió mantener su nombre en reserva.

Finalmente, al momento de llevar a cabo las evaluaciones a seis de los integrantes- no estaban incluidos ni Natalia Guerra ni Pablo Undurraga- se optó por respetar la metodología anterior a petición de los profesionales, pero de igual forma se les habría solicitado llevar a cabo el ejercicio de puntuar a los seguidores de Antares de la luz con el Inventario IGI. De esta forma, pudieron verificar empíricamente que un caso como este –como fenómeno de secta-, no podía reflejarse en los resultados del instrumento canadiense.

“Todos los integrantes del grupo puntuaban con un riesgo en general muy bajo –con alguna excepción-, pero con necesidades que, a ojo de un externo, podían ser abordadas en el libertad dado que todos exacerbaron su red familiar, el interés de modificar pautas de conducta hacia lo ‘normal’ contando con tratamiento sicológico, lo que daba como resultado que podían ser intervenibles en libertad, sin implicar mayor riesgo”, explica con preocupación la misma profesional.

Sin embargo, a juicio de las duplas de especialistas que trabajaron en los otros test, esto parecía formar parte de un discurso ‘programado´’- al estilo secta-. “De hecho, para algunos casos nos planteamos suspicaces respecto de si efectivamente los sujetos estaban reorientando sus vidas hacia ‘lo convencional’, o podían nuevamente formar parte de agrupaciones igualmente cerradas”, concluye.

La puerta giratoria para represores y delincuentes sexuales

Otra preocupación de los funcionarios radica en la elevada posibilidad de dar “falsos positivos” en el cuestionario IGI, es decir, de entregar un pronóstico positivo respecto del desempeño del sujeto en una pena sustitutiva. Por ejemplo, las necesidades de intervención que se pesquisen pueden ser fácilmente cubiertas por algunos imputados más acomodados: la necesidad de tratamiento, la participación comunitaria y la mejora en la calificación laboral o educacional.

En la opinión de los profesionales consultados por El Dínamo, el discurso de algunos sujetos está marcado por su reconocimiento de lo ‘deseable’, lo que se debe decir, dado que se han socializado dentro del ‘sistema’ sobre todo las personas que cometieron delitos económicos, de DD. HH, delitos sexuales, incluso el caso de la secta de Colliguay. Se trata de sujetos que se muestran permeables a la intervención ante un profesional, pero que en lo concreto no aspiran sino a la pena en libertad. “Dejar la evaluación pre-sentencial en manos de inventario, con las limitaciones que tiene, podría constituir una puerta giratoria a las penas alternativas, con los siguientes riesgos en la reincidencia”, asegura la sicóloga Margarita Díaz.

El gremio de los especialistas coincide con este diagnóstico y otras de las falencias detectadas está en las valoraciones realizadas a casos de violación a los Derechos Humanos. De antemano se sabe que, en su mayoría, los resultados serán positivos para una pena sustitutiva, en consideración a que el riesgo de reincidencia en este tipo de delincuentes aparecen muy baja  en el escenario actual por ser delitos que se cometieron hace cuarenta años. En el cuestionario se destacan bajas necesidades de intervención, lo que resulta propicio para que cumplan una sanción penal en el medio libre.

Una prueba de ello es que el IGI, probado en una figura abstracta de un ex agente represor de la Dictadura, da una puntuación muy baja de criminalidad, dado que el inventario mide ítems como Educación y empleo y la mayoría de los infractores en esta materia cuentan con formación educacional y estudios terminados.

“Si se evaluara con el cuestionario IGI a un conocido represor este saldría bajo en reincidencia, tiene un mejor manejo, educación completa, una necesidad baja de intervención en una pena sustitutiva, es decir personas como Manuel Contreras o Miguel Krassnoff tienen alta instrucción, por ejemplo, y como el cuestionario es débil en la conciencia del delito, tampoco profundizará los factores que los llevaron al comportamiento criminal”, puntualiza la sicóloga del Departamento Post Penitencial de Gendarmería.

Siguiendo otros ítems del IGI como “Uso del tiempo libre” se observa otra distorsión del cuestionario: En la mayoría de estos casos los ex militares integrantes de aparatos represivos mantienen contacto con ex camaradas de las Fuerzas Armadas, como parte de actividades de tiempo libre, y un número importante de ellos paga mensualmente una adhesión al Club de militares, recintos y otras instancias de las Fuerzas Armadas, e incluso asisten a actividades públicas, tienen redes y hasta grupos de Facebook. “Para el caso particular de este tipo de ofensores, es ilícito preguntarse si se tiene que evaluar estas actividades sociales o comunitarias como vínculos positivos”, afirma categórico el informe donde se hizo el ejercicio de puntuar a ex represores.

Los otros costos

Según señalaron desde Adiptgen RM, la última semana de abril se realizó una reunión a la que asistió  Sebastián Valenzuela, Jefe de División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, junto algunos asesores de Reinserción Social del Sistema Abierto, supervisores técnicos y dirigentes sindicales.

Los trabajadores que asistieron a la reunión aseguran que no hubo ánimo de cambiar nada y que, si bien se admitió que el IGI tiene un costo de US$ 2 por cada instrumento aplicado, no se desglosaron los ítems de los casi 60 millones de dólares que le habría costado al Estado esta nueva política pública.

El Dínamo se comunicó con el departamento de comunicaciones de Gendarmería y el Ministerio de Justicia para conocer su opinión sobre el tema. Hasta el cierre de esta edición, no hubo ninguna respuesta.