Dirigente acusado falsamente de golpear a carabinero: "No descartaría que se siga inculpando al FEL para deslegitimar a Melissa Sepúlveda"
Bryan Seguel, dirigente del Frente de Estudiantes Libertarios, es acusado de golpear al teniente Felipe Vera en la marcha del primero de mayo, siendo que no habría asistido.
El caso era, para muchos, simplemente ridículo. El lunes 19 de mayo, el estudiante de Sociología e Historia de la Universidad de Chile Bryan Seguel fue detenido a una cuadra de su casa. Uno de los dirigentes históricos y más reconocidos del Frente de Estudiantes Libertarios -organización a la que pertence la presidenta de la Fech, Melissa Sepúlveda-, a Bryan se le acusó de golpear al teniente Felipe Vera en la marcha por el 1 de mayo. Movilización a la que asegura y acredita que nunca asistió.
Bryan Seguel actualmente es encargado de formación política en el FEL. Antes ocupó cargos políticos dentro de la organización libertaria, que por estos días cumple 11 años de existencia. La mayor notoriedad pública del grupo ha venido desde que alcanzaron la presidencia de la Fech con Melissa Sepúlveda, aunque desde hace algunos años que tienen presencia en el Confech.
Hoy, Bryan está con firma mensual y arraigo nacional mientras dure la investigación. Lo que llevó a su detención fue una foto de perfil de Facebook. La prueba fue completamente desestimada por el juez Daniel Urrutia. “En esa oportunidad se presentan las pruebas que presentó el OS9, la fiscalía, representada por el Ministerio Público, es decir por el Ministerio de Interior, y el apoyo político que presenta a esa investigación la Intendencia Metropolitana, es decir, la Nueva Mayoría. El juez analiza las pruebas que se presentan para mi formalización, que estaba pidiendo prisión preventiva”, señala el joven.
En ese momento, Bryan tomó la palabra. Explicó que la noche anterior a la marcha se quedó trabajando hasta las 5 de la mañana y después estuvo con unos amigos. Finalmente llegó a su casa cerca de las 8 de la mañana y le avisa a sus compañeros del FEL que no iría a la marcha del 1 de mayo por encontrarse muy cansado. “Después de eso, el juez desestima la prueba, invalidando los rasgos con los cuales se me estaba inculpando en esa oportunidad, que era el perfil antropométrico que se construyó, con solamente 6 rasgos de un total de 25. Esos eran los rasgos con los cuales se me estaban haciendo calzar mi foto de perfil con la foto del supuesto agresor del carabinero…
-La foto de Facebook…
-Claro, foto de perfil de Facebook con la foto del agresor. Luego de eso, el juez falla a mi favor y desestima todas las pruebas presentadas, y me deja libre y sin ningún tipo de formalización. Esto fue el 20. Luego, el jueves 22, carabineros, en este caso la familia del Teniente Felipe Vera, interpone una querella en mi contra, haciéndose parte de la misma investigación. Y el día martes 27 la fiscalía, a través del Ministerio Público, el Ministerio de Interior, apelan en mi contra. Ahí lo que es importante dejar en claro, que en esa oportunidad la Intendencia Metropolitana tenía la posibilidad de no hacerse parte de la apelación, y deciden hacerse parte. Es decir no solo hay un proceso judicial que debe llevar adelante la Fiscalía, si no que también hay una decisión política por parte de la intendencia de hacerse parte de este procedimiento que ya presentaba signos bien claros de irregularidades en el modo en cómo se construyeron las pruebas. Luego de que se efectúa la audiencia ahí en la corte de apelaciones, en la cual se quería fallar, o sea, se quería cuestionar la decisión del juez Daniel Urrutia en relación a la evaluación de las pruebas, la fiscalía nuevamente pide prisión preventiva o en su defecto, algún tipo de reclusión menor, lo que dure la investigación. Y en esa oportunidad lo que efectúa la Corte de Apelaciones la medida cautelar.
-¿Qué cargos específicos se te presentan en tu contra?
-Se me está presentando como autor de maltrato de obra a Carabinero, con resultado de grave a gravísimo, con el agravante de intento de homicidio. Esos son entre 3 y 10 años de presidio.
-¿Qué hiciste el día de la marcha?
-Yo el día de la marcha estuve en mi casa, no fui a marchar. Como te dije estuve trabajando hasta altas horas de la madrugada el día anterior, en un bar que trabajo. Luego de eso me quedé ahí con mis amigos tomando unas chelas, hasta que llegué a la casa acá, 7 y media. Me quedé durmiendo. Después de eso, desperté como a las 2, bajé a almorzar, estaban mis vecinas que son amigas de mi abuelita, sostuve una conversación con ellas. Luego le informo a mis amigos de grupo que me quedé dormido, que no había ido a la marcha, que me disculparan. Y nada, ese día sostuve una videoconferencia con un amigo ya que estamos haciendo un libro para la editorial Escaparate, entonces me quedé trabajando más que nada, en la casa, trabajando. Me quedé en eso, viendo aspectos de edición, sostuve una videoconferencia con él.
“El juicio político es que los violentistas son universitarios, y son universitarios movilizados”
-¿Por qué crees que te están inculpando a ti de este hecho?
-Mira lo que sucedió es bien interesante. Lo primero es que hay un dispositivo de inteligencia que en el fondo construye una prueba, y lo segundo es el contexto socio-político. En relación a lo primero, al dispositivo de inteligencia, la fiscalía, el ministerio público y carabineros fueron explícitos en la corte de apelaciones en manifestar que la prueba, o el cómo se llegó a la construcción de mi perfil, se realizó a partir de dos elementos. El primero es un dispositivo de inteligencia que está en el os9, que está operando en los perfiles de estudiantes movilizados. Y lo segundo, a partir de esa suposición de que el agresor es un estudiante, y que además es un estudiante movilizado, se hace un análisis de redes sociales, es decir que buscan dentro del espectro de los estudiantes universitarios movilizados, los facebooks de estos, y a partir de ello se intentan cotejar las imágenes con las imágenes que ellos tienen en sus cámaras de seguridad. Eso es bien importante señalarlo, porque ahí ese mecanismo no está esclarecido.
Y lo segundo es contexto socio político. En el fondo, una decisión de gobierno lo que también está incidiendo ahí; que quedó manifestado ya por Orrego a principios de año cuando manifestó la necesidad de contener a estos sectores supuestamente violentistas que están atentando contra la movilización y el derecho ciudadano a manifestarse, y que si uno coteja este aspecto, el dispositivo de inteligencia que señalan los abogados querellantes con estas declaraciones políticas que expone Orrego, en el fondo calza muy bien la idea de este mecanismo que está sesgado por un juicio político. Ese juicio político es que los violentitas son universitarios, y son los universitarios movilizados.
-Tú tienes un cargo dentro del Frente de Estudiantes Libertarios, que es una organización que ha tenido cierta notoriedad pública, especialmente gracias al cargo que tiene Melissa Sepúlveda. ¿Crees qué hay una persecución política en contra del FEL?
-Mira, por motivos de seguridad la organización política y sus encargados, o los que están participando en su estructura orgánica no se exponen a ningún tipo de situación en la cual puedan ser inculpados de algo. Yo hace muchos años que voy a las marchas, pacíficamente y me retiro después de ellas. Y siempre con gente, porque por políticas de seguridad interna nosotros no exponemos a gente que ocupa cargos orgánicos y políticos de la organización, no se exponen. Eso como primera cosa. Y lo segundo, son los elementos de persecución política que están detrás, como se van dando la serie de acontecimientos que terminan en mi detención y también en la formalización del Camilo Díaz, estudiante de historia.
-¿Qué acontecimientos?
-Es que en el fondo el contexto es un contexto igual medio complejo, porque el tema político y la reforma a la educación superior, y la reforma a la educación en general, y además de eso lo que se está gestando ahora con miras al segundo semestre es un preparamiento del escenario en el cual se van a dar las movilizaciones que al final van a incidir las orientaciones de la reforma. Y eso es claro porque Eyzaguirre anuncia que las reformas se van a efectuar en el segundo semestre, y el segundo semestre es un semestre súper corto, porque la Ley de Presupuesto de Estado se aprueba el 29 de septiembre, y comienza en julio. En el fondo tienes 2, 3 meses en los que vas a definir el grueso de su política. Tienes que ver, incluso desde ya, en ese sentido, cuáles van a ser los actores vas a neutralizar, con quiénes vas a negociar. Entonces cuando uno lee la prensa, lo que ha sucedido durante todo este primer semestre por parte del Ministerio de Educación, es eso: es calibrar los intereses que están en juego, como es el caso por ejemplo de los liceos de la educación media, los intereses en juego de las corporaciones de educación, de los colegios subvencionados. Y uno cuando va leyendo lo que va viendo es cómo desde el Ministerio se va muñequeando para ver las fuerzas que tienen los distintos actores que están metidos en el tema de la educación. Y en específico, en el caso del sector movilizado, que es el sector universitario, lo que estás viendo aquí es que viene generando una política del garrote.
-Una estrategia de neutralización…
-O sea, generas una expectativa de que vas a dar cambios significativos en el programa que levanta el movimiento estudiantil el 2011, pero sin embargo, para llegar a esa negociación, vas constantemente golpeando la moral de los estudiantes. Entonces tu, cuando generas este tipo de acontecimientos -más mediáticos que otra cosa, porque yo acá estoy más que seguro que voy a salir sin ninguna formalización de este proceso- lo que haces es instalar una imagen en la opinión pública, de que el grupo que compuso la federación de estudiantes de la Chile está ligado por sus militantes orgánicos, o que cumplen funciones dentro de su estructura, está siendo procesado por actos de violencia. Y por lo tanto, como después esta dirigente social va a salir a defender una posición política especifica, que es la posición del Confech, entonces en el fondo lo que haces es que le quitas el piso social a la dirigencia del movimiento. Si lo lees desde esa perspectiva, claramente esta cuestión está causada por eso. Y lo que no significa y no constituye un acto de amedrentamientos nuevo en la política de la Concertación ampliada o la Concertación histórica.
-¿Crees que hay una idea de trasfondo, de una política de Estado que está implementando la Nueva Mayoría?
Mira, más que política de Estado, o sea hay una política que está institucionalizada en términos de criminalización de la protesta social, pero acá lo que está prevaleciendo son los términos de la transición. Y la manera en cómo se genera esta decisión política y que se expresa en la conculcación de derechos y en los déficit de democracia y participación que tiene el sistema político chileno. Y esos términos que se plantean del 90 en adelante, para poder mantener los niveles de gobernabilidad de una transición pactada. La forma que tiene la Concertación de mantener esos acuerdos ha sido excluyendo el protagonismo de las movilizaciones en la toma de decisiones. O sea, eso se efectuó con el movimiento sindical de principio de los 90 cuando ya se instala la tesis del sindicalismo sociopolítico. Se efectuó por los mismos dirigentes de la Concertación, por ejemplo Peñailillo, quienes desbaratan todas las federaciones en los 90, y lo que sucede en el 2000 es un fenómeno interesante, que es que la Concertación se queda sin juventudes. Y en esas juventudes es donde surgen toda esta expresión de organizaciones políticas de izquierda, más allá del Partido Comunista y el Partido Socialista como referentes históricos de la izquierda chilena, y donde se genera el caldo de cultivo en los problemas que hoy tiene el patrón de gobernabilidad democrática que se instala en Chile. Por eso te digo que acá no existe una modificación sustantiva con una política de la transición, y por otra parte, el modelo de gobernabilidad democrática que se implementa en ese proceso.
-A fin de cuentas, ¿esto responde a una especie de estrategia para deslegitimar la vocería de Melissa Sepúlveda?
-O sea, yo sería más cauto en decir eso, yo creo que si uno lee entre líneas se puede comprender eso. Eso no está explicitado. Si uno lee entre líneas, ese modus operandi que tiene la Concertación es el modus operandi que tuvo durante los 90, y que ha tenido dentro de estos 20 años de transición pactada. En el fondo, uno puede plantear eso como una hipótesis que es plausible.
-¿Cómo ves el tema de que en la prensa se te tome por culpable inmediatamente, apenas se te acusa?
-Ahí el tema uno puede abordarlo desde una perspectiva como disciplinar, en el sentido que desde el oficio y la profesión de periodista uno puede hacer un juicio en términos de la ética periodística, pero yo creo que es mucho más que manifestar la disconformidad en términos ético morales, hay que verla en términos políticos. Acá lo que importa, y esta es una cuestión bien clara cuando se generan montajes o sistemas de espectáculos, es la espectacularización de una cuestión que probablemente no tiene mucha resonancia, pero que genera un efecto mediático que permite administrar ciertos niveles de descontento o niveles de malestar. Entonces, en el fondo, lo que se ha hecho con los estudiantes acá no es algo nuevo. Se hizo con Pedro Quezada el 2011, lo toman preso, estuvo dos meses en prisión preventiva y finalmente termina siendo absuelto. Se ha hecho contra ciertos dirigentes sindicales, como por ejemplo se le hizo a Luis Mesina, se ha hecho contra los activistas de la causa mapuche. O sea, acá existe una política que está institucionalizada y que tiene un contenido de criminalización y tiene un fundamento en términos de estado policial.
-Y cómo fue el momento específico cuando tú por primera vez fuiste a la audiencia y el juez toma la foto, las pruebas que presenta Carabineros. ¿Cuál fue su reacción?
-Ahí hay que ser bien claro, se ha tergiversado mucho el juicio del juez porque también existen muchos intereses de por medio de poderes extrajudiciales, en deslegitimar el rol que ha cumplido Daniel Urrutia como un juez garantista. Y lo que hace Daniel Urrutia es que toma mi foto y dice ‘estoy inculpando a alguien por una foto de perfil’. Si tu pones a esta persona de frente, y no de perfil, te das cuenta que las correspondencias que se están haciendo coincidir en el perfil antropométrico no son tales. Eso es lo que desestima el juez. Y además de eso, lo que está desestimando es “entonces explíquenme ustedes, Carabineros, cómo llegan al perfil de Facebook de Bryan”, y en esa oportunidad el abogado querellante no explicita el mecanismo de inteligencia que después explicita en la Corte de Apelaciones, cuando se le hace la misma pregunta. En esa oportunidad, el abogado querellante responde solamente con vacilaciones.
-Tengo entendido que te reuniste con el carabinero agredido…
-O sea, una reunión es cuando dos personas tienen el acto y la voluntad de reunirse. Lo que hubo hay es que Carabineros trajo al Teniente a mi celda. En ese sentido no fue una reunión, si no que más bien a mí me expusieron al juicio y las opiniones del Teniente Vera. En esa oportunidad, que es un acto totalmente irregular, hacen entrar al Teniente Vera a la parte de los calabozos de la Comisaría, a mí me sacan de la celda y nos llevan a una esquina. Y en esa esquina sostenemos una conversación, en la cual en verdad él me tira un rollo y yo escucho lo que él me quiere decir.
-¿Qué te dijo?
-A grandes rasgos, lo que me señala es más bien, me ofrece un perdón desde una posición cristiana y yo lo que le digo de vuelta, en pocas palabras porque tampoco le pude decir muchas cosas, es que no iba a aceptar el perdón porque yo no había cometido el acto por el cual se me estaba acusando, y eso. Igual fue una situación súper engorrosa, yo vi llegar a un carabinero que mide 1.80, 1.85, que quizás pesa unos 95 kilos, que supuestamente tu agrediste y yo peso 66, mido 1.68, claramente pensé que me venía a pegar. Evidentemente me dio mucho miedo.
-¿Qué queda para ahora en este caso? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
-Mira, yo veo el problema por dos niveles. Desde el procedimiento judicial lo que ahora sigue es la investigación, lo que dure. El plazo son dos años. También está la querella que vamos a realizar nosotros como Federación, y también yo como individuo con mi familia. Son querellas en distintos niveles, peticiones de esclarecimiento de los mecanismos de inteligencia. En el fondo cuestiones que se están evaluando, y con las cuales estamos esperando que baje la efervescencia de los acontecimientos para ir condensando bien y focalizando todos los puntos que queremos relevar de esta situación.
–¿Y esas querellas hacia quienes serían?
-Es que eso hay que evaluarlo a la luz del juicio, nosotros no podemos querellarnos contra alguien si no hemos ganado el juicio. La intención está de realizar eso. Está y se está preparando, se están recopilando los antecedentes, estamos recopilando toda la información, la estamos notariando. O sea, creando una carpeta para cuando ya se esclarezca una demanda al Estado chileno y a las autoridades que sean pertinentes.
Persecución política
-En su edición del jueves 29 de mayo, El Mercurio tiene una nota sobre la situación que se vive actualmente con la toma del Instituto Nacional y la alcaldesa Carolina Tohá. En un apartado, el rector (s) Fernando Pérez responsabiliza al Colectivo de Alumnos Libertarios de estar detrás de la toma y del incendio. “Tienen planteamientos mucho más radicales, que no son muy amigos de negociar ni acercar puntos de encuentro”, dice. Luego el diario señala: “El Frente de Estudiantes Libertarios, al que adscribe la presidenta de la Fech Melissa Sepúlveda, también es parte de este colectivo”.
“Yo no descartaría que se siga inculpando al FEL de cosas así para deslegitimar a Melissa. Es una estrategia para deslegitimar la dirigencia de la Federación, sindicándolo como responsables de hechos no comprobados, como el incendio en el Nacional. Acá hay una idea de inculpar al FEL, por ser una de las organizaciones con mayor presencia a nivel nacional, como violentistas e intransigentes”, señala Bryan.