HidroAysén: el triunfo de la movilización social y el desafío de la futura política energética

“En el marco de los recursos de reclamación interpuestos contra el proyecto HidroAysén, se ha decidido acoger los recursos presentados por la comunidad y dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó HidroAysén, por lo que el proyecto se declara rechazado en este acto administrativo”. Con estas palabras el ministro Badenier, puso fin al proyecto hidroeléctrico impulsado por las empresas Endesa y Colbún.

La iniciativa ha sido controversial desde su origen, por los relevantes impactos sociales y ambientales asociados a la construcción de sus cinco represas y al proyecto de transmisión-necesario para transportar la energía- desde la región de Aysén a la zona central y norte del país.

La decisión del Comité de Ministros de aceptar las 35 reclamaciones que se presentaron a la RCA, ha sido indudablemente valiente y a la vez controvertida, pues ha rechazado un proyecto que ya había superado todas las etapas de la institucionalidad ambiental.

Por otro lado, la resolución es coherente con la nueva agenda energética del Gobierno, que apunta a promover un cambio evolutivo y transformador en la generación, transmisión y distribución de energía en Chile, con un fuerte enfoque en la participación ciudadana y diálogo social. De hecho así lo ha concebido el ministro Pacheco, quien hace pocas semanas lo impulsó como parte de la agenda de Gobierno.

Pese a todo ello, la resolución contraría a HidroAysén no hubiese sido posible sin la movilización social. La histórica decisión del Comité de Ministros es el triunfo de las comunidades, de la sociedad civil organizada y de los miles de chilenos que han llevado la oposición al proyecto a las redes sociales y en las calles de todo el país, logrando articularse para desarrollar una exitosa estrategia de incidencia política a nivel local, regional, nacional e internacional.
HidroAysén nos comprueba una vez más que sin movilización social y una ciudadanía empoderada no puede haber cambios profundos y evidencia como, hoy más que nunca, se necesitan planes de ordenamiento territorial construidos participativamente, que permitan organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo, con la adecuada participación de las comunidades y de la sociedad civil.

Por otro lado, la decisión sobre HidroAysén pone en tensión los elementos del diagnóstico sobre el cual el Gobierno construyó la agenda de energía, donde se señala la necesidad imperiosa de aumentar la oferta nacional, considerando que la demanda energética de Chile va a crecer en las próximas décadas y que actualmente más del 60% de la energía se importa. Renunciar a HidroAysén significa restar a la matriz 2.750 MW.

Inevitablemente se hará necesario desarrollar en los próximos años proyectos energéticos alternativos, considerando que tanto las ERNC como la eficiencia energética son medidas fundamentales, pero que no permiten responder por si solas a la creciente demanda de energía en el corto plazo.

El riesgo entonces radica en que los proyectos termoeléctricos vuelvan al centro de la atención, con iniciativas que se autocalifican como sustentables, pero que ya sabemos han dado paso a zonas de sacrificio como Ventanas, Coronel, Mejillones –por nombrar algunos–, sitios en donde las comunidades vulnerables terminan soportando los costos socioambientales de sustentar el desarrollo de la economía nacional y el mejoramiento de la calidad de vida de “no todos” los chilenos.

Es por ello que hoy resulta relevante que el debate sobre la futura Política Energética Nacional adquiera el carácter de “cruzada nacional”, en que cada actor incorpore en sus opciones el bien colectivo, de tal modo que avancemos juntos hacia nuestro destino común. No tenemos mejor opción.