Concesiones Hospitalarias: El amarre privatizador que Bachelet no quiere desatar

Los trabajadores del Hospital del Salvador cumplen hoy 18 días movilizados en oposición al proceso de concesión del recinto sanitario, decretado por la Contraloría tras la toma de razón en mayo pasado. Las negociaciones de los gremios con el Ministerio de Salud y el MOP -en aras de revertir la decisión- han sido arduas y con escasos resultados. Los funcionarios exigen que se  anule la licitación, pero el Gobierno ha sido enfático en señalar que no echará pie atrás en el acuerdo, instalando un nudo gordiano que nadie se atreve a cortar.

Y si bien los dardos se dirigen fundamentalmente hacia el gobierno de Sebastián Piñera, que hizo la presentación ante el órgano contralor en marzo -al dejar La Moneda-, “amarrando” la concesión tanto del Hospital del Salvador como del Félix Bulnes, tampoco olvidan que el sistema de concesiones hospitalarias surgió desde la propia Concertación durante el gobierno de Ricardo Lagos, y continuó durante el primer período de Michelle Bachelet con la luz verde a los nuevos recintos de La Florida y Maipú. El mismo sistema que hoy tiene escépticos a los trabajadores de un hospital próximo a cumplir 150 años.

¿En qué consisten las concesiones hospitalarias? Similar a como se hace con carreteras, aeropuertos, cárceles, el Transantiago y la educación subvencionada , las concesiones de hospitales son un modelo de negocio que consiste en entregar a manos de privados tanto el diseño como la construcción y la gestión de un lugar o área (aunque en el caso de los órganos de salud no se incluyan los servicios clínicos) a cambio de pagos lo suficientemente “atractivos” como para asegurarle a los oferentes la obtención de utilidades. La lógica de este modelo es que el Estado no es capaz por sí mismo de generar los recursos para hacer frente a obras de esa magnitud y debe recurrir al “leasing”, generalmente con consorcios donde se mezclan empresas nacionales y extranjeras.

En la práctica, sin embargo, el negocio no siempre ha resultado adecuado. La experiencia común en los hospitales de Maipú y La Florida habla de atrasos en la entrega de obras, diseño deficiente y pésima supervisión, lo que ha encarecido con largueza el presupuesto inicial. Un funcionario de un hospital recién entregado explica que se dan casos tan irrisorios como que un pabellón de operación cuente con un solo enchufe en toda la sala. Para peor, dice, modificar el contrato con la concesionaria para poner los varios enchufes requeridos le sale una fortuna al Estado: cada uno cuesta $50 mil. Otro tema que genera escozor son los estacionamientos, que son cobrados a usuarios y trabajadores del hospital por la concesionaria.

Ante este cuadro, la multisindical del Hospital del Salvador ha planteado varios argumentos para defender la necesidad de cerrar la puerta a la concesión que busca construir un nuevo recinto y un nuevo modelo de gestión para el tradicional sanatorio del sector oriente, buscando con ello que no se repitan los malos precedentes de los otros hospitales concesionados.

Karen Palma, líder del movimiento del hospital del Salvador, explica que “le planteamos al Gobierno y al Ministerio el argumento jurídico de que, si bien la Contraloría tomó razón, en los contratos de concesión se puede invocar la causal de interés público para anular el documento unilateralmente”, y recuerda que algo similar utilizó Piñera para clausurar la termoeléctrica Castilla. También aduce argumentos técnicos en relación a los costos: saldría un 42% más caro si la concesión es con privados a que si se construye con fondos estatales.

El gobierno de Bachelet, pese a estos argumentos, se ha negado sistemáticamente a abrirse a un cese a la concesión. Plantean que al tomar la Contraloría razón, el contrato estaría finiquitado. Otros dicen bajo cuerda que hay que ser coherente con la imagen país de dar cumplimiento a lo pactado.“Nosotros creemos que sí se puede, aún entendiendo que esto va a tener una alto costo político y económico para el Estado. Los políticos en general debieran velar por el patrimonio del país y hoy no lo están haciendo”, retruca Palma.

La voluntad política del Gobierno

Hacia fines de la administración Piñera se abrió la concesión de 8 hospitales públicos, pese a que Bachelet durante su campaña reconoció que el sistema no había logrado el objetivo de ser más eficaz y barato, y que no seguiría aplicándose en su administración. De ese total, seis lograron ser bajados por el nuevo Gobierno, dos hospitales en la Quinta Región, tres de la Red Sur (Curicó, Linares y Chillán), y el Sótero del Río en Santiago. Pero el Hospital del Salvador y el Félix Bulnes no lo lograron.

“Estas concesiones se contradicen con la determinación del gobierno de no continuar con el método de concesionar hospitales públicos. Además, desde el punto de vista de la práctica estructural, el valor final le iba a salir al Estado unos 483 millones de dólares, pero si esta concesión fuera construida con dineros del Estado solo costaría 243 millones de dólares”, dice el doctor Oscar Espinoza, representante de la asamblea de médicos del Hospital del Salvador.

Agrega que “la decisión requiere de voluntad política del Gobierno, pero éste no quiere hacerlo porque se encuentra entrabado desde el punto de vista jurídico y considera que es una mala imagen hacia el extranjero interrumpir un contrato que ya se había establecido, y que cumplía las normas de la licitación. Sin embargo, viendo lo oneroso que es, el Gobierno debe tomar la decisión política de anular esta concesión independiente del costo de la multa”.

A fines de enero pasado, el Consorcio de Salud Santiago Oriente, formado por dos empresas mexicanas (GIA+A, Capital Variable) una española (Assigna Infraestructuras) y una chilena (Constructora Cosal), se adjudicó la concesión del Hospital del Salvador. La multisindical alega que se pasó por alto que Cosal, del empresario Samuel Levy Benveniste, tiene 31 causas por procesos de construcción y una acusación por fraude en 2007 debido a una bullada licitación de juzgados. “Nosotros creemos que hay intereses cruzados de personas tanto de la Concertación como de la derecha en estos temas de inversiones”, afirma Palma.

El pasado martes 22, más de 300 trabajadores del Salvador llegaron hasta Valparaíso, donde protestaron frente al Congreso. Más tarde se reunieron con la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analiza las decenas de concesiones hospitalarias entregadas por el gobierno de Piñera. Quieren que los legisladores presionen a sus partidos de acuerdo con su rol fiscalizador para poner un ‘parelé’ al conflicto.

Pero el Gobierno no dio a torcer su brazo. Al día siguiente de la cita en el Congreso, la ministra de Salud Helia Molina fue enfática en reiterar que la concesión va. “Nosotros vamos hacer el hospital concesionado. Eso está tomado a razón y el Estado no puede cambiar de opinión porque sí”, enfatizó. Aunque más tarde hizo un pequeño guiño a los trabajadores paralizados sobre modificar algunos contratos: “Vamos a negociar todos aquellos aspectos que puedan vulnerar los derechos y la situación contractual de los trabajadores y todos aquellos aspectos que vulneren las políticas de salud del Gobierno”.

Los puentes desde el Congreso

Finalmente en la decisión hay un componente político que dice relación con el modelo de salud pública que se quiere para el país, dice la diputada Karol Cariola, quien formó la comisión que investiga las concesiones hospitalarias.

“Hemos dicho en más de una oportunidad que esto es una decisión política, y que más allá de los costos económicos que eso pueda significar para el Estado, acá se ha planteado desde el punto de vista técnico, político y financiero, que las concesiones son un mecanismo de privatización encubierta de la salud pública, donde con recursos de todos los chilenos se hace un negocio que es muy rentable para la empresa privada que se dedica a este tipo de construcción”, dice.

Para la parlamentaria, los hospitales de Maipú y La Florida se han transformado en “verdaderos desastres”, donde la misma Contraloría ha señalado que abrieron sus puertas sin estar terminados y con una demora de más de un año en relación a los plazos exigidos. Además señala que se ha demostrado que el costo de una construcción hospitalaria por medio de una concesión puede ser hasta 78% más caro de lo que vale por la vía del financiamiento estatal directo. “Se ha demostrado que el modelo de concesiones hospitalarias es más caro, es menos eficiente y además no es posible que la gestión sanitaria quede en manos de una empresa que externaliza todo. La ley de concesiones en Chile está pensado para las carreteras, no para una adaptación que recoja las necesidades de un modelo hospitalario”, añade.

“Creo que hay que ser exhaustivo en la posibilidad de evaluar mucho más los proyectos que fueron tomados de razón, y que tuvieron muy poquito tiempo de evaluación. El Gobierno debe hacer un estudio de costo y beneficio y ver si sigue con una concesión que a la larga puede resultarle mucho más cara, o retrocede y hace un nuevo proyecto. La salud pública no es un negocio, tiene que ver con principios. Nosotros no podemos privilegiar las ganancias de una empresa privada por sobre la necesidad de que el estado garantice una salud de calidad a todas las personas de manera igualitaria”, finaliza Cariola.

A su vez, al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro, le parece positivo que la ministra Molina se haya abierto a apoyar modificaciones al contrato de concesión del Hospital. “Si eso se produce, se da un paso positivo para poder arreglar el conflicto y abaratar, de paso, los costos que debe pagar a los privados por dicha concesión”, manifiesta.

En esa línea, el acuerdo unánime anteayer en la comisión investigadora fue crear de forma urgente una  mesa de trabajo entre trabajadores movilizados y el Minsal para descomprimir el movimiento y llegar a acuerdo. “Ello ya depende del ministerio de Salud. La experiencia de los hospitales concesionados es una experiencia que resultó fracasada. Tanto en Maipú como en La Florida se vieron malos resultados, fue más largo, fue más costoso, con múltiples tropiezos, no resultó más barato para el Estado, al revés. Creo que ya aprendimos de esa mala experiencia y vimos que no era conveniente continuar con esa modalidad de construcción de hospitales”, agrega Castro.

“Desgraciadamente el Gobierno está un poquito atado de manos. El esfuerzo que está haciendo la ministra es tender un puente de comunicación, tratando de minimizar la concesión solo a la construcción del hospital y no a ningún otro servicio adicional que se incluía en el contrato. Eso es un punto de avance, pero esto está en pleno desarrollo así es que no se puede saber todavía el resultado final”, dice.