Descongelando la protección de los glaciares

Luego de una notable campaña de Greenpeace por lo que llamaron República Glaciar, el 21 de mayo pasado la presidenta Bachelet anunció que se le daría protección oficial a los glaciares. Por su parte, el ministro Badenier señaló que en agosto se haría la presentación de un proyecto de ley, que vendría a ser definitivo en relación a los otros 4 proyectos presentados, dentro de los que destaca el presentado por la llamada “bancada glaciar” durante mayo de este año y que se encuentra en tramitación. En relación a lo anterior, me parece que es un buen momento para hacer algunas observaciones respecto a lo que se vendrá.

La primera consideración es obvia, esperamos que el proyecto se presente a la brevedad y se le den las urgencias necesarias para que sea efectivamente discutido y tramitado, pues de lo contrario todo lo anterior no habrá sido ni siquiera una declaración de buena voluntad. Probablemente, el camino que deba recorrer la iniciativa para convertirse en ley sea pedregoso; los intereses económicos que podrían verse afectados no son ni más ni menos que los de la gran minería, que en Chile es la principal industria y suma entre sus empresarios más importantes al propio Estado. Por lo tanto, si lo que se presenta es un buen proyecto que en realidad tienda a la protección de los glaciares, lo esperable es que la discusión sea compleja y que en más de alguna oportunidad se diga que proteger estos ecosistemas va a significar menos inversión y menos crecimiento.

Al respecto, es útil tener clara la importancia que tienen los glaciares para nuestras vidas, incluido nuestro sistema económico. Los glaciares son la gran fuente de agua –y la única reserva importante de agua- en gran parte del país. Ello quiere decir que además de la dependencia vital que nosotros y nuestros ecosistemas tenemos con ellos, existe una fuerte subordinación económica, especialmente en las zonas rurales y agrícolas. Luego, si la protección de los glaciares se traduce en mayores costos para la industria minera, hay una buena probabilidad que hoy ese costo no esté siendo absorbido por ella, sino que le esté siendo pasado a las comunidades rurales y agrícolas o directamente al medio ambiente y con ello a todos. Así entonces, si una adecuada protección de los glaciares supone costos para la minería quizás los beneficios de ello sean mucho mayores y más sostenibles.

Una segunda consideración dice relación con la importancia relativa que la protección de glaciares puede tener en Chile. No son muchos los países en el mundo que tienen una ley especial en este sentido, pero menos aún son los países que tienen un sistema de derechos de agua que funciona en base a una especie de propiedad privada, como es el chileno. El agua es un bien nacional de uso público en todos sus estados, pero en su estado líquido se ha entregado de manera gratuita a privados y se les ha dejado hacer con escasa regulación. Mientras afortunadamente los glaciares no han sufrido la misma suerte, estamos a tiempo de darles un estatuto especial que mejore su suerte.

En tercer lugar, es muy probable que se discuta sobre las causas del derretimiento de los glaciares, y se dirá que el impacto que la industria tiene en ello es menor en consideración al que tiene el cambio climático. Ello puede ser cierto en grandes números, pero no debiera significar ni una renuncia ni un relajo a la hora de legislar, sino que por el contrario podría ser un incentivo a que la ley que se dicte tome en cuenta ambas variables, no sólo la protección de los glaciares en relación con las actividades que los afectan, sino también el estudio y la mitigación de los efectos que el cambio climático tendrá en dichos glaciares y con ello en los sistemas hídricos.

Lo recién comentado tiene consecuencias importantes, pues introduce una noción de incertidumbre. No sólo en lo relativo a los glaciares y su comportamiento, sino que también a la reacción que tendrán frente al cambio climático y a los impactos que ello supondrá en nuestros sistemas de vida y nuestra economía. Ante este escenario, parecería que una adecuada regulación debiera pasar no solo por la determinación de los glaciares como objetos de protección del derecho (que es lo mínimo), sino también por tener un enfoque que a la vez de precautorio sea suficientemente flexible como para adaptarse en un futuro no muy lejano a los descubrimientos que puedan hacerse en la materia y a los impactos que vayan haciéndose notar. Pensar en los glaciares, además, nos lleva a pensar en las reformas que deben venir en materia de aguas y en cómo se deberá diseñar una agencia nacional de aguas con atribuciones, capacidades e independencia suficiente, para hacer frente a este y otros desafíos.

En el camino que se abre, la mirada que tengamos sobre los glaciares no es neutral y su importancia no debe ser relativizada frente al complejo escenario futuro. El mínimo aceptable hoy pasa por el reconocimiento de su importancia, su categorización como objeto de protección y el establecimiento de las medidas mínimas para evitar su degradación por parte de actividades industriales.