Educación como derecho social, fundada en la cooperación, bien común e inclusión

El contexto de la Reforma educativa que se está viviendo en estos meses hace necesario que todos los actores sociales en general y los profesores en particular, alcemos la voz y nutramos con nuestra mirada la discusión que se está dando. Nuestros estudiantes, entre 2006 y 2011, nos han mostrado que en la educación hay una evidente crisis y que es urgente hacer cambios en el sistema educativo, tanto a nivel estructural en su conjunto, como a nivel de la sala de clases.

Es importante mencionar que este primer proyecto de ley que se ha presentado tiene por objetivo poner fin al lucro con recursos públicos, al copago y a la selección en establecimientos educativos de enseñanza básica y media. Como tal, es parte de un grupo mayor de proyectos de ley que en su conjunto constituirán una Reforma educativa general. También es relevante enfatizar que este proyecto es de carácter sistémico y que pretenden dotar de un carácter distinto a la lógica educativa actual.

Nuestro sistema educativo está fundado en la competencia, la individualidad y la exclusión, características que se relacionan con la concepción de la educación como bien de consumo que se transa en el mercado. En este contexto, los docentes somos algo así como “vendedores” que entregamos “contenidos” a nuestros estudiantes según la cantidad de dinero que tengan las familias; de modo que a mayores recursos económicos, mayor será la calidad de la educación que recibirá. Según esta lógica, la educación debería mejorar mediante la competencia entre colegios, estudiantes y profesores, obteniendo como resultado colegios de buena calidad y colegios de mala calidad. Así, como ocurre en todos los mercados, los productos y los ‘clientes’ se estratifican y se segregan, dependiendo de su capacidad de pago. Bajo estas condiciones, los menos favorecidos cultural y económicamente son excluidos y relegados.

Ahora bien, la primera parte de la Reforma pretende cambiar esas reglas del juego, considerando a la educación como un derecho social. En este sentido, los valores que se pretenden resguardar con el nuevo sistema son la cooperación, el bien común y la inclusión.

El espíritu de la Reforma es que lo central en el quehacer de todo el sistema Educativo sea asegurar el bien común de todos los estudiantes de Chile. En este sentido, será muy positivo que las salas de clases sean lo más heterogéneas posibles, social y económicamente, convirtiéndolas en un espacio de reconocimiento de la diversidad y fortaleciendo la cohesión social. Con esta nueva lógica, los colegios y los profesores estarán llamados a compartir experiencias y buenas prácticas en su quehacer diario, mejorando sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Con estas nuevas reglas, los sostenedores privados y municipales se enfocarán en mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes que lleguen a su establecimiento, sin la posibilidad de que los recursos disponibles sean desviados como excedentes.

Sin duda, la nueva lógica del sistema educativo necesita de más elementos para que asegure fielmente el derecho social a la educación. Algunos de esos elementos deben estar contenidos en los proyectos de ley que abordarán la carrera docente, el fortalecimiento de la educación pública, el cambio al mecanismo de financiamiento del sistema educativo, el reemplazo del Simce, la cobertura de la educación preescolar, el desarrollo de la educación técnica y la re-construcción del currículum.

Todos estos elementos deberán orientarse hacia una nueva visión de la educación, de acuerdo con la cual la cooperación entre los establecimientos y entre miembros de la comunidad educativa permitirá mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los niños y jóvenes de nuestro país.