Fiscalía pide que menores declaren en "sala especial" para Caso O'Reilly
La solicitud fue realizada hace poco más de una semana y mañana se sabrá el resultado en el inicio del juicio oral contra el religioso irlandés, capellán suspendido y guía espiritual del Colegio Cumbres.
Mañana comienza el juicio por los presuntos abusos que habría cometido el sacerdote de los Legionarios de Cristo, John O’Reilly (67). Para la instancia, el Ministerio Público solicitó que las dos menores y supuestas víctimas declaren en la “sala especial” del Centro de Justicia, diseñadas especialmente para tomar testimonios en este tipo de casos.
Según informa La Segunda, la solicitud fue realizada hace poco más de una semana y mañana se sabrá el resultado en el inicio del juicio oral contra el religioso irlandés, capellán suspendido y guía espiritual del Colegio Cumbres.
El segundo tribunal oral en lo penal inauguró dicha sala en enero de 2013. El lugar esta equipado con dos cámaras que muestran planos generales e imágenes directas del menor que testifica.
A la sala sólo pueden entrar los jueces para interrogar a la víctima, en “condiciones más amigables, más acogedoras y menos estresantes”, explicaron fuentes que conocen el caso.
Este viernes también se evaluará la posibilidad de contar con perros de apoyo para la declaración, con el fin de contener y canalizar la ansiedad de los menores. Esta fórmula se utiliza desde 2010.
Testigos de contexto en el extranjero
Otro punto que se resolverá mañana es la forma en que declararán los testigos de contexto citados que tienen domicilio en el extranjero (Perú, España y México). Una opción es hacerlo por videoconferencia pero no existe reglamento específico para estos casos.
También se debe aclarar lo que sucederá con los seis “testigos protegidos” de la fiscalía. Pese a que la defensa ya conoce las identidades, todavía está claró si se le pedirá a la prensa mantener alguna restricción de información a la prensa.
Finalmente, se espera que el proceso oral dure dos meses donde declararán 97 testigos y peritos. La fiscalía pide 20 años de cárcel por los ilícitos que habrían ocurrido entre 2007 y 2009 y 2010 y 2012.