Defender una reforma transformadora en educación, no es defender la reforma del Gobierno

Las últimas semanas el escenario del conflicto estudiantil ha puesto su flanco en la propuesta educacional del Gobierno.  Las críticas que se siguen levantando han ido horadando la legitimidad de su reforma. Las contradicciones aún presentes, ya no solo en la Nueva Mayoría y en el día a día del ministro de la cartera, sino que también de uno de sus asesores, Andrés Palma, han ido mostrando la torpeza con la que se han enfrentado el conflicto. Por otra parte, el movimiento estudiantil sigue vislumbrándose como un actor coherente con sus demandas históricas, con capacidad de incidencia y resguardando una agenda propia.

La derogación DFL2 ha sido una de las demandas histórica del movimiento estudiantil, estando presente en cada petitorio y mesa diálogo del 2011 a la fecha, logrando también congregar a todos los estudiantes de educación superior, universidades públicas y privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales. Esta demanda que pone fin a unos de los tantos enclaves dictatoriales de nuestro sistema educativo, no fue considerada en el programa de la Nueva Mayoría, mostrando desinterés por la democratización en los espacios sociales y abandonando uno de los aspectos fundamentales del conflicto estudiantil.

Días previos, los cuestionamientos a las contradicciones del ministro estaban minando la posibilidad de un acercamiento con el movimiento estudiantil, pero fue la voluntad de diálogo de este último y la férrea convicción de ir concretando acuerdos en educación, la que permitió la derogación de la norma dictatorial. Esta negociación sólo se debió a la inteligencia y voluntad con la que el movimiento estudiantil supo representar los intereses de los estudiantes. El acuerdo se hizo entre la CONFECh y su contraparte, el Gobierno, y no necesito de la cocina de ningún personero político. Esto demuestra que los estudiantes finalmente tienen una ganada sustancial y acorde a sus demandas desde el 2006 a la fecha, sin que en su proceso este mediado por un consejo asesor de la presidencia, ni un plan de participación ciudadana. El acuerdo por democratización deja en manifiesto que es posible avanzar, si es con los estudiantes.

Por otro lado, Andrés Palma, secretario ejecutivo de la Reforma educacional acaba de integrar una nueva contradicción, ya esbozada por diversos actores del mundo social, afirmando que el actual proyecto de ley que pone fin al copago, la selección y el lucro en el sistema escolar le haría un gran daño a la educación pública.

Los dichos de Palma tienen razón, si se aprueba el proyecto tal cual, incentivará la opción por el sector privado de  las familias, produciendo una  migración desde estudiantes  del actual sistema público (municipales), hacia el sector particular subvencionado. Lo anterior hará más crítico el estado actual de la educación pública, siendo absolutamente regresivo con la demanda que da cuerpo a todas las reivindicaciones estudiantiles: fortalecer la educación pública.

El fortalecimiento de la educación pública y su hegemonía en el sistema educativo es clave para la desmercantilización de la educación. Es por ello que los distintos actores del movimiento social por la educación han afirmado en reiteradas ocasiones que una reforma educacional que esté orientada a su transformación, debe realizarse desde la discusión de los pilares que la funden, siendo esenciales el entendimiento de esta como pública, democrática y colaborativa.

Ahora bien, las afirmaciones de Palma no lo ponen del lado de los actores de la educación, esto debido a que esté sigue defendiendo elementos contradictorios con las demandas estudiantiles, ya que los proyectos presentados consideran al voucher – mecanismo subsidiario por excelencia – como vía de financiamiento a los establecimientos públicos y particulares subvencionados.

Estos elementos dejan en claro que defender una reforma transformadora de la educación como lo hace el Movimiento Estudiantil, no es lo mismo que defender la reforma del Gobierno. Reforma que no consideró la democratización de las instituciones de educación y que menos ha considerado la idea de discutir de educación pública como un proyecto democrático.

El Mineduc, ansioso por brindar participación a actores que no han contribuido en empujar la transformación de la educación – como lo demuestra la conformación de actores del plan de participación ciudadana – para darle un cierre al conflicto y nublado por la soberbia tecnocrática de presentar los proyectos de ley en educación escolar que pondría límites al negocio lucrativo y la selección, sin la centralidad de fortalecer la educación pública, ha ido dando palos de ciego que lo van alejando de un acuerdo con el movimiento estudiantil.

Este último ha demostrado ser el único actor con la claridad y convicción necesaria sobre cómo enfrentar el conflicto estudiantil, y para ello ha mantenido voluntad de diálogo necesaria para llegar un acuerdo que logre consagrar la educación como un Derecho social, lo que significa fortalecer los espacios donde los actores del mundo educacional – que se han legitimado por medio de la movilización y el apoyo de la ciudadanía – puedan encabezar los acuerdos que transformen el carácter subsidiario de nuestra educación.