Monja de 93 años declara como imputada en caso adopciones ilegales en dictadura
Peritos del Servicio Médico Legal comprobaron que la religiosa estaba en plena posesión de sus facultades mentales y no padecía demencia senil.
Sor María Graciela Soto, una monja de 93 años, ha declarado como imputada en un caso sobre presuntas sustracciones de bebés en hospitales públicos y clínicas privadas durante la dictadura.
Según reveló hoy el diario digital Emol citando al abogado querellante, Cristián Letelier, la declaración de la religiosa tuvo lugar el pasado viernes en su domicilio ante el juez Mario Carroza, quien está cargo de la investigación.
El testimonio, que duró poco más de una hora, fue recogido después de que peritos del Servicio Médico Legal comprobaran que la anciana monja estaba en plena posesión de sus facultades mentales y no padecía demencia senil.
Según el testimonio de algunos denunciantes, Sor María Graciela Soto participó en la entrega ilegal de bebés en el hospital Barros Luco de la capital durante la década de los años setenta y ochenta.
También en relación con adopciones irregulares de recién nacidos, la Congregación de los Sagrados Corazones anunció el pasado 15 de abril la suspensión de sus funciones eclesiásticas del sacerdote Gerardo Joannon, quien está siendo investigado.
La decisión fue adoptada tras difundirse un reportaje realizado por el Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper Chile) que lo vinculaba con adopciones irregulares de niños que eran dados por muertos al nacer.
En la investigación periodística se citaban los casos de varias niñas que figuraban como fallecidas y que eran hijas de madres solteras.
En la mayoría de los casos, según Ciper Chile, fueron las familias de las jóvenes las que decidieron arrebatarles a sus hijos para entregarlos en adopción con la ayuda de sacerdotes y ginecólogos, hechos que fueron reconocidos por el sacerdote Gerardo Joannon.
