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6 de Agosto de 2014

Senador Rossi defiende endurecimiento de normas antitabaco

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, acusó a las empresas de tabaco de ejercer presiones indebidas.

Por EFE
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Los senadores Fulvio Rossi y Guido Girardi defendieron hoy la mayor dureza que se pretende imponer a la legislación antitabaco  y acusaron a las empresas productoras de presionar para detener esas reformas.

“Chile tiene hoy día la tasa de consumo (de tabaco) en adolescentes mujeres más alta del mundo y los costos para el sistema de salud son tremendos, por lo tanto el adecuar nuestra legislación a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) es algo de toda lógica sanitaria”, afirmó el senador Rossi.

Las disposiciones que pretenden hacer más estrictas las normas para restringir el consumo de tabaco consideran la prohibición de agregarle aditivos como mentol, vainilla o chocolate; prohibir su consumo en plazas, parques o lugares de recreación infantil; así como en vehículo donde viajen niños.

Paralelamente se establece que sean las autoridades de salud las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de estas normas en lugar de los juzgados de policía local y se busca incrementar las sanciones por vender cigarrillos a niños y llevarlas a un nivel similar a las que se aplican por comercializar alcohol.

Por su parte, Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado, acusó a las empresas de tabaco de ejercer presiones indebidas para frenar los cambios a la legislación al amenazar con despidos a sus trabajadores.

El parlamentario afirmó que las empresas tabacaleras “son responsables de la muerte de 46 personas al día en Chile y 16.500 al año, con un costo de dos mil millones de dólares, casi un 15 % del presupuesto de salud, que se podría ocupar en contratar especialistas, construir hospitales y consultorios”.

La iniciativa legal reduce además la marca de las cajetillas y aumenta el espacio destinado a la advertencia de los daños para la salud. Adicionalmente establece la posibilidad de demandar a las compañías si se puede probar vínculos directos entre el consumo de tabaco y la causa de muerte de una persona.

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