Los cuestionamientos que tienen en la cuerda floja al Plan de Participación Ciudadana para la reforma educacional

El 22 de julio en el ex Congreso de Santiago se inauguró el Plan de Participación Ciudadana (PPC) de la Reforma Educacional, impulsada por el gobierno. “El objetivo es convocar a una amplia discusión pública que involucre a toda la ciudadanía y que permita nutrir tanto la elaboración de los proyectos de ley que el Ejecutivo deberá enviar durante el segundo semestre de este año al Congreso Nacional, como la generación de planes y políticas que también serán parte del proceso de Reforma”, señala el documento que recibieron 30 organizaciones gremiales, sociales y políticas, invitadas a participar en las 25 mesas de discusión, donde destacan la Confech, Cones, Aces, Cruch, G8, G9, Ofesup, Corpade, CUT, ente otras.

Ese día, el ministro Nicolás Eyzaguirre reforzó la idea: “Estamos cumpliendo lo que la Presidenta prometió: una reforma no sólo para todos, sino que con todas y todos”. El proceso, explicó, será “incidente” en la reforma. “Todas aquellas coincidencias que tengamos entre la opinión ciudadana y el contenido fundamental del programa de la Presidenta Bachelet, serán más que acogidas”.

Dos días después, el 24 de julio, el secretario ejecutivo de la reforma, Andrés Palma, se reunió con parlamentarios DC , quienes  manifestaron sus críticas y aportes al diseño que tiene el proyecto estrella del gobierno. Esto se suma al “mapa” de la reforma que se presentó en el cónclave de la Nueva Mayoría  y a los dichos de la ministra Ximena Rincón, quien no descartó un acuerdo con la oposición, parecido al de la reforma tributaria.

Estos antecedentes representan una preocupación cada vez más grande entre quienes participan de los diálogos ciudadanos del gobierno: ¿tiene el Plan de Participación Ciudadana el peso político al interior de la coalición oficialista o será solo un anexo a una política que está lejos de definirse entre los actores sociales?

El Plan

El PPC está dividido en tres: Diálogos ciudadanos -que se desarrollarán a lo largo de todo el país entre julio y diciembre del 2014-, diálogos técnicos -a realizarse durante todo el año con organizaciones técnicas con conocimiento en educación- y los diálogos temáticos. Estos últimos empezaron el 22 de julio y culminan el 8 de septiembre. Según el Mineduc, serán “la base del diálogo político entre los distintos actores que se encuentran directamente involucrados en el mundo de la educación”.

Hay cuatro niveles de discusión: educación parvularia, escolar, superior, técnica y un quinto nivel de inclusión y no discriminación. En cada nivel funcionan grupos temáticos de diversos temas como calidad, financiamiento, institucionalidad, democratización, acceso y carrera docente entre otros, conformando así las 25 mesas de discusión que funcionan de forma paralela.

El plan se retoma la próxima semana con la discusión y síntesis de acuerdos y disensos, mientras que el 8 de septiembre se realizará la ceremonia de cierre y de “entrega de documentos finales que nutrirán tanto la elaboración de los proyectos de ley que el Ejecutivo enviará durante el segundo semestre de este año al Congreso Nacional como la generación de planes y políticas que serán parte también del proceso de Reforma”, según dicen los documentos del Mineduc.

Sin embargo, la discusión no parte de cero. El ministerio entregó hace unas semanas el “Documento Base” del PPC, una serie de lineamientos que funciona como punto de partida del debate. En él, aparecen algunas directrices no conocidas hasta ahora, como que el sistema de gratuidad solo incorporará a las instituciones que adhieran a las exigencias del Mineduc.

Por ejemplo, se distinguen universidades estatales, privadas con financiamiento público y privadas: “El modelo de financiamiento basal debiera comprender las funciones de docencia, creación, investigación, innovación y vinculación con el medio, según corresponda al tipo de institución. Este tipo de financiamiento estará disponible, en primer lugar, para las instituciones del Estado, y luego, para aquellas de naturaleza privada que decidan concurrir al sistema público de educación superior asumiendo compromisos explícitos relativos a inclusión y diversidad en su estudiantado, a producción científica e innovación pertinente para el desarrollo regional y/o nacional, y sujeción a los costos de docencia regulados. El mecanismo de entrega de tales aportes basales será mediante convenios con las propias instituciones”, se puede leer en el documento.

El compromiso del ministro Eyzaguirre es que este documento puede ser modificado a lo largo del Plan y que todavía no hay nada zanjado. Sin embargo, esto no se condice con las declaraciones del Jefe de División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, quien señaló hace una semana a La Tercera que muchas de las posturas del documento ya eran las definitivas.

En este contexto, el diputado Gabriel Boric critica que el gobierno no muestra voluntad real de hacer participar a la ciudadanía en la reforma: “Hasta ahora estas instancias han sido montajes mediáticos, pero que no entregan ninguna herramienta real de participación. Es bien contradictorio que te inviten a conversar sobre lo que vamos a comer hoy en la noche, pero cuando llegas a la conversa ya están todos los ingredientes seleccionados y el plato está dentro del horno”, afirma.

Incidentes, no vinculantes

Esta metodología es la que despertó dudas en la Confech y que condicionó su participación al cumplimiento de ciertas garantías, como hacer los diálogos vinculantes y el retiro de los proyectos de ley que hoy se tramitan en el Congreso. Finalmente, los estudiantes cedieron ante el envío del proyecto que termina con el DFL-2 y que permite la organización de alumnos en instituciones de educación superior. Además, Eyzaguirre se comprometió a que la participación en el PPC sería “incidente” en futuros proyectos.

“La demanda que no se cumplió fue el retiro de proyectos de ley. El gobierno señaló su compromiso en no mandar más proyectos mientras se realiza este espacio de participación, lo que nos hizo re evaluar esta garantía y finalmente participar de todas formas y amarrar el tema del DFL-2”, señala la presidenta de la Fech, Melissa Sepúlveda.

Sin embargo, el hecho de que los diálogos no sean vinculantes sigue siendo la mayor preocupación. Esto significa que no hay nada que amarre al gobierno a llevar las síntesis del Plan a los proyectos de ley, más allá de la palabra de Eyzaguirre. “Es preocupante la decisión de no hacerlo vinculante, en circunstancias de que ellos llaman a la ciudadanía a participar en diálogos. Le solicitamos al ministro que se dieran garantías. Nos dijeron que iban a ser incidentes, pero no somos tan ingenuos. El gobierno ya tiene los equipos trabajando, elaborando los proyectos de ley para que después los pongan en la mesa y nos digan a nosotros qué nos parecen“, cuenta Darío Vásquez, secretario general del Colegio de Profesores.

En ese sentido, muchos ven que el Plan de Participación no generará las bases de la reforma, pues estas ya se están cocinando desde hace tiempo. Para Vásquez esto se refleja, por ejemplo, en la mesa temática de educación parvularia: “Ellos ya mandaron un proyecto al congreso… no se condice una cosa con la otra. El gobierno ya nos dijo que vamos a conversar sobre carrera profesional docente, pero no es una cosa tan simple. Quieren enviar el proyecto en octubre, pero hasta el momento no hemos conversado del tema. La presidenta Bachelet ha dicho que se está conversando con el Colegio de Profesores. Sí, pero de temas de arrastre, que necesitan urgente solución. Pero que hayamos discutido en mesa oficial, con equipos técnicos y entregando nuestra propuesta, no ha ocurrido nunca. En dos meses, es difícil que podamos concordar un tema como ese”.

Pese a esto, el investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la UDP, Cristóbal Villalobos, valora la iniciativa del gobierno pues no tiene precedentes. “Generalmente, los proyectos ley se basan en la consulta a expertos o en la negociación o acuerdo político. En ese sentido, es un avance entenderlo como un plan que se abre a distintos actores sociales”, afirma.

Sobre el tema de que no sea vinculante, reconoce que es complejo encontrar una solución, pero que este tipo de iniciativas no están pensadas para sentar las bases de los proyectos. “En este plan hay que combinar cuánta es su utilidad, si son vinculantes, con un programa de gobierno que de una u otra forma también fue aprobado. Es súper complicado y la experiencia en Chile no muestra que haya una solución única ni definitiva. No puede ser resultado de solo la discusión como tampoco puede ser algo que venga y ya esté cerrado de antes. Pero en términos más conceptuales, esto es un diálogo que va a generar modificaciones o ajustes en el desarrollo de los proyectos, pero no van a modificar su base estructural. Yo creo que no están pensados así tampoco, lo que se quiere es recoger la opinión“, afirma.

El mayor impedimento para convertir iniciativas como esta en vinculantes es la separación de los poderes del Estado. En principio, toda normativa que nace del Ejecutivo debe ser aprobada por el Parlamento. Este, además, puede realizar las indicaciones que desee, incluso modificando el contenido estructural de cada proyecto.

En este contexto, la diputada del PC Karol Cariola apunta que “no es solo un tema de voluntad, tiene que ver con temas legales. Sin embargo, el Ministro de Educación ha planteado que ellos están dispuestos a hacer vinculantes por la vía de los hechos las conclusiones a las que llegue este espacio de participación. Por ende, mientras más de acuerdo estén los actores sociales entre ellos, más incidencia van a tener, porque recordemos que el programa de gobierno solo tiene matrices generales, en general son definiciones gruesas, macro. La discusión de este espacio participativo tiene que ver con bajadas mas especificas de la reforma, elementos más aterrizados y concretos”, señala.

Pero el Congreso también tiene un rol importante que jugar. El vocero de la Cones y miembro de las Juventudes Comunistas, Ricardo Paredes, valora el plan y la iniciativa del gobierno, pero afirma que la presión también la tiene el Parlamento: “Tal como pedimos voluntad del Ejecutivo, el Congreso debe hacer lo suyo. Nosotros al momento de participar en el Plan de Participación Ciudadana en ningún caso apostamos todas nuestras fichas en esa instancia. Si realmente queremos incidir, no sólo lo hacemos a través de los espacios que no ofrece el gobierno, sino que también a través de la movilización, de la presión al Parlamento”.

Sin embargo, desde el seno del movimiento estudiantil se insiste en que el tema pasa por la voluntad del gobierno, que podría, por ejemplo, comprometer el voto político de sus parlamentarios a aprobar lo que salga del Plan de Participación sin modificaciones.

Esto no es compartido por el presidente de la comisión de educación de la Cámara, Mario Venegas (DC), quien afirma que “ningún gobierno responsable lo haría, porque tensionaría la relación del Ejecutivo y Legislativo. Se va a considerar la participación y también se van a expresar las indicaciones”. Consultado sobre si mientras más indicaciones ingresan al Congreso se disminuiría la real participación de quienes componen el Plan, el parlamentario es tajante: “Así es el ordenamiento jurídico que tenemos”.

Problemas en las mesas

Las primeras jornadas de los diálogos temáticos fueron con polémica. Moderadores confundidos, tiempos que no se respetaron, problemas en las actas y mucha confusión, según los asistentes.

En rigor, las organizaciones puede llevar dos personas a cada una de las mesas, lo que entrampa la discusión y la posibilidad de llegar a acuerdos. “El problema es que cada organización no va a tener el espacio suficiente para exponer ni va quedar completamente conforme. ¿Cómo asegurar la generación de síntesis? Una lección del pasado es que lo importante es la síntesis y también los disensos. Hay que reconocerlos y que queden como indicaciones claras”, señala Cristóbal Villalobos.

El cómo llegar a síntesis y solucionar los disensos siguen siendo temas sin claridad. El Dínamo intentó contactar a Andrés Palma y María Inés de Ferrari -coordinadora del PPC-, pero por temas de agenda no respondieron dichas inquietudes.

Por su parte, la Confech reclamó a Eyzaguirre por la sobrerepresentación de ciertas universidades privadas como Los Andes, Andrés Bello, Mayor y del Desarrollo. El problema surgió porque representantes de dichas instituciones privadas asistieron individualmente y no como G8, grupo que fue formalmente invitado. El argumento era que el G8 no era una organización, solo una agrupación formal que hace el ministerio para la entrega de becas y créditos. El tema fue solucionado en que iban a asistir como grupo de universidades privadas, pero se perdió tiempo discutiendo la legitimidad de su asistencia.

“Sí, existe sobrerepresentación en tanto hay organizaciones como la Confepa (Confederación de Padres y Apoderados de colegios particulares subvencionados) o la Conacep (Colegios Particulares de Chile), de las que nosotros no podemos verificar sus bases sociales. No se sabe si son representativas, como la Confech, la Cones o el Colegio de Profesores. Pero en ningún momento dijimos que nos subíamos al plan de participación esperando una síntesis con la Confepa ni la Conacep. Las organizaciones que defienden una contra reforma son menos que las que hoy están por una reforma educacional”, reconoce Ricardo Paredes.

¿Seguir o no seguir?

“Cada paso que dé el gobierno respecto de este tema, si envían más proyectos de ley, el cónclave de la Nueva Mayoría, la posibilidad de llegar a síntesis, el implemento de las metodologías, todos esos van a ser elementos para que nosotros evaluemos nuestra pertinencia en el espacio. Pero nuestra agenda no termina ahí, por eso convocamos a una movilización el 21 de agosto”, señala Melissa Sepúlveda. La vocera del Confech es clara respecto si el análisis que hagan los estudiantes no es positivo: “Si vemos que un espacio como este no tiene resolución real, no es vinculante, nos vamos a bajar”.

“El movimiento estudiantil y la Confech han tenido disposición al diálogo. Esto va a ser evaluado, porque ya hemos señalado la insuficiencia de este espacio. Por lo mismo, tenemos que discutir la pertinencia de levantar otro espacio de negociación o mesa con el gobierno que permita tener algún grado de resolutividad en la reforma” afirma la presidenta de la Fech.

“Nuestra participación no es gratuita, no es una concesión, sino que tiene que ver con el correlato y las respuestas que ellos nos den a nuestras demandas”, cuenta el vocero de la Cones Ricardo Paredes. Por su parte, la presidenta de la Corpade (Corporación de Padres y Apoderados) manifiesta su preocupación ante un posible acuerdo con la derecha por la reforma educacional: “No queremos una reforma tributaria 2.0. Por eso tenemos que mantener un pie en la calle, tenemos que movilizarnos porque es la única herramienta de presión que vamos a tener. Si llegamos a las próximas reuniones de mesas temáticas y nos demos cuenta que la discusión no es lo que esperábamos, el movimiento social va a tener que golpear la mesa”.

Aunque la bajada de la Confech pareciera ser inminente, todo está supeditado a la postura que tengan otros actores como la Cones y el Colegio de Profesores y, de paso, al rol que tiene el Partido Comunista en la conducción de ambas organizaciones. Aunque la alternativa toma cada vez más fuerza entre los integrantes de la mesa social por la educación, especialmente ante el temor de ver una reforma tributaria 2.0 en educación. Recién el lunes pasado el ministro Nicolás Eyzaguirre no descartó un posible acuerdo con la derecha.

En principio, la Confech iba a evaluar este fin de semana en su plenario de Osorno la participación en el plan, tema que sería postpuesto hasta después de la marcha convocada el 21 de agosto y de la próxima fecha del PPC, donde se discutirán los consensos y disensos de las mesas temáticas.