Director de Ciudadano Inteligente: "Estamos lejos de una regulación parlamentaria transparente"

El nuevo director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente (CI), Pablo Collada, está en un “proceso de transición”. La organización tiene como objetivos reducir las brechas de información entre las personas y la política, el mercado y otros espacios sociales mediante el uso de aplicaciones web, con aplaudidos proyectos en nuestro país.

Por eso, sus fichas ahora se concentran en instalar como foco principal la idea de “mantener los esfuerzos en el contexto chileno, pero también ampliar los ámbitos de acción hacia otros países de América Latina”.

En ese panorama, Collada asegura que la nueva etapa de la funadación “busca acompañar a organizaciones de la sociedad civil de todo el continente a sus propios procesos y a sus propias luchas por democracias más sólidas, más representativas y que respondan a las necesidades de los ciudadanos en el siglo XXI”.

Entre los proyectos en los que se trabaja figuran el recientemente lanzado Congreso Abierto, o el conjunto de espacios para la discusión integral denominados Hay Acuerdo, que en un primer acercamiento estará vinculado a la reforma educativa.

– La reforma educacional podría pasar también por un protocolo de acuerdo. ¿Es positivo?

-En “Hay Acuerdo” estaremos mostrando las distintas posturas de los actores relevantes. Tendremos la postura oficial de la reforma educativa, el planteamiento desde el Estado y también diferentes posturas, ya sea desde las federaciones de estudiantes hasta organizaciones de la sociedad civil. También las posturas de diferentes partidos de oposición. Lo que buscamos desde la fundación es darle a los ciudadanos las mejores herramientas para saber dónde está la discusión, quién está haciendo qué planteamientos y cómo un ciudadano puede acercarse con una u otra postura para mostrar la afinidad de acuerdo a sus intereses. Ese es uno de los objetivos, brindar las herramientas para que los ciudadanos encuentren y entiendan quién de los diferentes actores de la arena pública están más afín a sus propios intereses.

-En este contexto, ¿cómo se evalúan, entonces, las negociaciones por la Reforma Tributaria? 

-Lo más importante es tomar en cuenta los intereses de las personas en cualquier acuerdo que tenga relevancia para un país. En esos términos, muchas veces resulta difícil para los ciudadanos entender cómo se están tomando las decisiones en la esferas políticas. Reconocemos, y ahí hay un deficit de confianza, que los acuerdos son acuerdos entre personas que ya de por sí tienen acceso a poder y a recursos. Si ellos están de acuerdo, no significa que el pueblo vaya a recibir los beneficios más adecuados, particularmente con la reforma tributaria, que tiene un impacto concreto en la capacidad adquisitiva y los recursos.

-Hoy se está evaluando restringir las asignaciones para financiar la llegada de más parlamentarios. ¿Lo ve posible?

-En realidad, el tema parece un juego en el que se está viendo cómo mover los recursos de aquí para allá, pero no existe ni se ve con claridad cuáles son los beneficios. Eso es lo que ha generado una discusión tan fuerte en el tema del binominal. Pero, ¿cuáles son los elementos más claros y puntuales que nos permiten reconocer que tener más parlamentarios es algo positivo? Quizás no es tan clave. Por eso tener restricciones en términos de recursos para unos y que sea posible traer a más, no acaba de conformarse como una postura que en realidad sea positiva en términos de la acción legislativa. Creo que hay otro tipo de evaluaciones que sería relevante hacer antes.

-¿Como cuáles? ¿Se utilizan mal las asignaciones?

-Nuestro reto en términos del correcto o incorrecto uso de las asignaciones, tiene que ver con una oportunidad que nosotros como fundación estamos tratando de abrir y que tiene que ver con la transparencia legislativa. La transparencia legislativa no solamente responde a la necesidad de entender cómo se toman las decisiones en el congreso, quién vota por qué y cómo se vota en las comisiones, sino también tener un mejor accesos a cómo se utilizan los recursos asignados para el Congreso. Eso me parece que todavía es un tema que tiene mucho por trabajarse y que todavía estamos lejos de estar en una regulación parlamentaria de transparencia en el uso de los recursos. Hay mucho por avanzar.

-Se han destapado grandes gastos de dinero en asesorías y viajes de parlamentarios, ¿por donde pasa esto?

-Cuando existe opacidad en el manejo de los recursos, los parlamentarios se pueden servir con la cuchara grande porque al final no existe un sistema de rendición de cuentas que le permitan al ciudadano y a los medios exigir una mejor uso de los recursos. Al final cuando salen este tipo de notas, en el que se denuncian ciertos abusos de los recursos públicos para fines que quizás no tienen que ver con el mejor funcionamiento del actuar legislativo, se vuelven un escándalo. En esos términos, tenemos que ir dos pasos para atrás y decir cómo le podemos hacer para generar un sistema más transparente y en el que nos sintamos confiados de que nuestros recursos se estén utilizando bien. Sino, estos escándalos seguirán surgiendo una y otra vez, y eso no hace más que mermar la confianza que tiene el ciudadano en sus representantes.

-¿Hacia dónde debería apuntar la transparencia del Congreso y cuál sería la mejor herramienta para fiscalizar el uso de los recursos públicos?

-Lanzamos una plataforma que se llama Congreso Abierto en el que buscamos transparentar al acceso de la gente qué está sucediendo en el congreso. Quién está presentando qué iniciativas. Cuál es la historia de los parlamentarios, cuáles son sus declaraciones patrimoniales y finalmente cómo están avanzando. Que la gente pueda ponerse en contacto con sus representantes. Eso, en una primera instancia, creo que es algo positivo. Empezar a hacer más cercana esta distancia entre los ciudadanos que tienen una serie de inquietudes y los representantes. De inicio hacer esa distancia más corta. Después, procurar que esta entidad parlamentaria sea más transparente, más clara, más comprensible y que la información esté abierta para la gente. Que tengan la oportunidad de acercarse a esos datos, que sean datos abiertos, que sean datos que los ciudadanos puedan procesar para encontrar tendencias, para encontrar relaciones entre las decisiones de los partidos e intereses particulares. Creo que hacia allá debemos apuntar. Hacia un Congreso que abra su información, que abra la manera en que toma decisiones, que abra espacios para que la gente se pueda comunicar con mayor eficiencia y que abra sus presupuestos para saber en qué está gastando mi representante.