HidroAysén calificó determinación del Comité de Ministros como ilegal, abusiva, arbitraria y discriminatoria
Ayer la empresa presentó una apelación al Tribunal Ambiental de Santiago, para impugnar el acto administrativo que anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proteyecto en junio pasado.
HidroAysén cuestionó duramente el actuar del Comité de Ministros del gobierno de Michlle Bachelet, esto en el marco de la presentación este miércoles de su apelación al Tribunal Ambiental de Santiago para impugnar el acto administrativo que anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto en junio pasado.
La firma que une a Endesa y Colbún calificó la determinación como ilegal, abusiva, arbitraria y discriminatoria.
Con esto, la empresa busca mantener vivo el proyecto hidroeléctrico que se quiere instalar en los ríos Pascua y Baker de Aysén.
La empresa hace alusión a los cuestionamientos que habían planteado las actuales autoridades de gobierno antes de asumir, las que señalaron que la iniciativa era inviable.
“Así, nadie realmente esperaba un resultado distinto en este procedimiento, ni siquiera argumentos distintos”, dice la reclamación presentada que firman los abogados Mario Galindo y Gonzalo Cubillos, además de Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo de la empresa.
HidroAysén también criticó la demora del gobierno de Sebastián Piñera al convocar tardíamente al comité, diciendo que “es especialmente preocupante que pasados tres años de interpuestas las reclamaciones administrativas respecto de la RCA, las únicas resoluciones dictadas en estos procedimientos recursivos hayan dilatado aún más la resolución de fondo”.
El escrito también destacó que el gobierno anterior no tomó en cuenta el pronunciamiento de la Corte Suprema, que “ratificó la plena legalidad de la RCA del proyecto HidroAysén, rechazando todos los recursos de protección deducidos” en contra de la central por un grupo de opositores.
Pulso informa que según las conclusiones presentadas por la empresa al Tribunal Ambiental, la determinación del primer comité encabezado por Badenier y que anularon el pronunciamiento anterior, no buscaba restablecer la legalidad o el procedimiento de evaluación a la vía institucional -“como se ha declarado públicamente en repetidas veces”, recalca-, sino que simplemente forman parte de una estrategia administrativa para cerrar procedimientos administrativos que se encontraban sin resolver en un plazo indebidamente prolongado, precisa.
Además afirma que al interior del Servicio de Evaluación Ambiental siempre se ha considerado -con la sola excepción de HidroAysén- que las reclamaciones administrativas dan origen a varios procedimientos administrativos nuevos y distintos, que se resuelven en su propio mérito.
“En conclusión, el argumento central de la resolución representa una solución artificiosa creada discriminatoriamente por el Comité de Ministros (…) nunca antes aplicada, y que es errónea ante el derecho y falaz frente a los hechos”, expresa la compañía que quiere impugnar todas las determinaciones tomadas por el Comité de Ministros del actual gobierno.
“En conclusión, por un lado, en el presente caso no concurre motivo alguno que permita proceder a la invalidación de los acuerdos adoptados por el Comité de Ministros del 30 de enero de 2014 y, por otro, existen poderosas razones (…) que demuestran que, aún cuando el vicio denunciado existiera, obligan a conservar los actos administrativos en cuestión, pues de otro modo, se afectaría una de las bases del Estado de Derecho, cual es la certeza jurídica”, expone la compañía que pretende retraer el proceso hasta la determinación del Comité presidido por María Ignacia Benítez, ex ministra de Medio Ambiente en la administración Piñera.
Luego de esta reclamación, el próximo paso de HidroAysén es prepararse para ingresar una apelación al Tribunal Ambiental de Valdivia. Con este recurso -que debe ser presentado antes del 29 de agosto- buscarán revertir la determinación principal del actual gobierno: acoger las reclamaciones de la comunidad que permitieron anular el permiso ambiental previamente conseguido el 13 de mayo de 2011.
La compañía, presidida por Joaquín Galindo, gerente general de Endesa, se la jugará por una apelación simultánea en sede ambiental, atacando el flanco administrativo y el ambiental de la determinación tomada por el Comité de Ministros del actual gobierno.
