Canadá: Polémica por negativa de gobierno a estudiar asesinatos de mujeres indígenas
Aunque sólo representan un 4 % de la población femenina de Canadá, las mujeres indígenas representan el 16 % de las asesinadas y el 12 % de las desaparecidas.
Líderes indígenas y provinciales canadienses pidieron hoy una comisión nacional de investigación para estudiar las causas de las elevadas tasas de homicidios y desapariciones de las mujeres indígenas canadienses, algo a lo que el Gobierno canadiense se niega.
Los indígenas y primeros ministros provinciales mantuvieron una cumbre hoy en la localidad de Charlottetown, en la costa atlántica canadiense, ante la negativa del primer ministro de Canadá, el conservador Stephen Harper, de reunirse con los grupos indígenas.
El principal punto de la agenda fue las elevadas tasas de homicidios y desapariciones que sufren desde hace décadas las mujeres y niñas indígenas del país.
Ghislain Picard, líder de la Asamblea de Primeras Naciones, que engloba a todos los pueblos originarios del país, expresó su enfado porque Harper se haya negado a atender la reunión.
“Es irónico que nos reunimos en Charlottetown (la ciudad en que se constituyó formalmente Canadá) y que el principal socio, el Gobierno de Canadá, no esté aquí”, manifestó Picard.
“Lo veo como una falta de respeto”, añadió.
La problemática, que para muchas organizaciones indígenas tiene dimensiones de “epidemia nacional”, es conocida desde hace años, pero en los últimas semanas ha vuelto a saltar a las portadas de los periódicos por el caso de la adolescente Tina Fontaine.
Fontaine, de 15 años, desapareció a principios de agosto cuando se escapó de una casa de acogida en la provincia de Manitoba, en el centro del país.
Tras casi una semana de intensa búsqueda, su cuerpo apareció flotando en el interior de un saco en el río Red de Winnipeg.
El caso de Fontaine se sumó al de casi 1.200 mujeres y niñas indígenas que han desaparecido o han sido asesinadas en Canadá durante los últimos 30 años, una cifra muy superior al de otros grupos de mujeres en el país.
Estas cifras sólo se conocieron en mayo, cuando la Policía Montada de Canadá se vio obligada a revelar el contenido de un estudio sobre criminalidad entre mujeres indígenas, tras años de presiones por parte de organizaciones aborígenes para conocer los datos.
Según esas estadísticas, aunque las mujeres indígenas sólo representan un 4 % de la población femenina de Canadá, representan el 16 % de las asesinadas y el 12 % de las desaparecidas, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad y marginalidad en que viven.
If we tweet one name each day of 1181 missing or murdered Indigenous women – would not end until Aug. 13, 2017! #mmiw pic.twitter.com/BdZbaqYxAb
— Windspeaker (@windspeakernews) julio 10, 2014
A pesar de estos datos y las peticiones de líderes indígenas y grupos políticos, Harper se negó en mayo a convocar una comisión nacional de investigación para estudiar las razones de la victimización de las indígenas, lo que despertó la indignación de muchos en el país.
Esta semana, tras la aparición del cuerpo roto de Fontaine, y ante las renovadas peticiones para la creación de la comisión nacional, Harper dijo que no cedería porque la muerte de la adolescente, como la de otras 1.026 indígenas desde 1982, es sólo “un crimen y no un fenómeno sociológico”.
La respuesta a las “crueles” palabras de Harper, como las definió el líder de la oposición, el socialdemócrata Tom Mulcair, se produjo hoy con todos los líderes provinciales e indígenas del país diciendo que los indígenas canadienses sufren problemas socio-económicos.
Robert Ghiz, el primer ministro de la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo, donde se celebró la cumbre de hoy, dijo seguir apoyando la petición de una comisión nacional. “Es un problema que tiene que ser resuelto en este país“, aseguró.
“Sabemos que hay antecedentes socio-económicos que juegan un papel enorme en los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas indígenas”, añadió.
El primer ministro de Manitoba, Greg Selinger, fue incluso más contundente.
“Es mucho más que un problema criminal. Está vinculado con la historia de las relaciones con los indígenas en este país. Hay una dimensión histórica y sociológica que no puede ser ignorada. Está enraizado en la historia de la colonización, en la marginalización de los indígenas”, aseguró.
