Ilan Sandberg, abogado del Ministerio del Interior sobre caso Víctor Jara: "Ex oficiales se niegan a dar información"

Ilan Sandberg, es el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que lleva el caso de Víctor Jara. Ha sido partícipe de las gestiones que permitieron que esta semana el ministro en visita, Miguel Vázquez, resolviera el procesamiento al mayor de Carabineros Hernán Chancón Soto y Patricio Vásquez Donoso, como autor en el homicidio calificado de Víctor Jara y Littré Quiroga ocurridos durante la dictadura militar, el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile.

También se dictó proceso en contra de Ramón Melo Silva como cómplice, ex auditor y Fiscal del Ejército y actual abogado del Consejo del Defensa del Estado (CDE).

En las líneas de la resolución se detalla que Jara y Quiroga fueron acribillados después de ser aislados de los otros prisioneros y llevados a a camarines del Estadio Chile. Luego el cantautor fue asesinado con 44 impactos de balas y Quiroga con 23. Sus cuerpos fueron encontrados días después en un sitio baldío cercano al Cementerio Metropolitano.

En el año 2012, Vásquez determinó procesar y detener a siete ex militares como autores y cómplices del homicidio calificado del cantautor y ordenó la captura internacional de Pedro Barrientos Núñez, quien vive en Estados Unidos.

De esta manera, Hugo Sánchez Marmonti fue encausado como autor del homicidio calificado mientras que Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei, Luis Bethke Wulf y Jorge Smith Gumucio fueron sindicados como cómplices. Cuatro meses después, y tras el pago de un millón de pesos, Dimter, Bethke, Haase y Jofré accedieron a la libertad bajo fianza.

El pacto de silencio

En 2012 ya lo había adelantado el abogado Nelson Caucoto, representante de la familia Víctor Jara. “Nadie quiere pasar a la historia como el verdugo de alguien tan reconocido”. Ya tenía claro que en otros procesos si bien existieron declaraciones, en este caso en particular, las confesiones de los agentes serían difícil de conseguir. Pese a que la causa además visibiliza otros procesos por homicidio ocurridos en El Estadio Chile, aún queda mucho hermetismo.

En esa arista, el abogado Sandberg comentó a El Dínamo que ha costado obtener información a través de los ex funcionarios del Ejército de Chile que se desempeñaban en esa época en el grado de oficiales, quienes nunca han entregado mayores antecedentes. “Son ellos quienes tienen la información y quienes se niegan a entregarla, son oficiales en retiro, por otra parte los oficiales que hoy en día están procesados seguro manejan más información de la que han entregado en el marco judicial respecto a lo que ocurrió en Estadio Chile, lo que sigue generando algunas situaciones de impunidad”, explica.

Respecto la falta de colaboración del Ejército en caso de las violaciones a los Derechos Humanos, Alicia Lira , Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) recuerda que la causa de Víctor Jara refuerza “la complicidad” de las Fuerzas Armadas y hay que recordar que el avance que hubo a 41 años del crimen de Víctor Jara, fue un largo procesamiento de investigar, de seguir las pistas, todo por parte de los familiares y jamás de los victimarios. ” El Ejército- desde Izurieta hasta Oviedo (actual comandante en jefe del Ejército)- ha negado que existe el pacto de silencio. El señor (Humberto) Oviedo debiera reconocer ese pacto y exigir que el Ejército entregue la información sobre este y todas las causas”, concluyó.

Por otra parte, para el abogado del Programa de DD.HH del Ministerio del Interior, este paso judicial, se diferencia de todos los anteriores, porque el ministro decidió procesar a los inculpados, no sólo como responsables de la muerte de las víctimas: Víctor Jara y Littré Quiroga, sino que además el ministro consideró relevante el secuestro del que ambos fueron víctimas, entendiendo que  fueron detenidos sin la orden judicial o un procedimiento que justificara la aprehensión.

“Fueron privados de libertad y apremiados en el Estadio Chile como un recinto de detención que estuvo al mando del Ejército de Chile y distintas unidades de esta institución. En los auto de procesamiento que hasta ahora se han dictado en todos – salvo en el caso de Rolando Melo- se encuentra acreditado que estuvieron en el Estadio Chile entre los días 12 y 16 de septiembre de 1973. Creemos que el secuestro no es accesorio al homicidio y que las distintas circunstancias que están descritas en el expediente, configuran dos tipos penales distintos, las víctimas fueron aprehendidas, fuera del cualquier proceso legal y fueron privados de libertad de cuatro o cinco días ”, comentó el abogado.

Respecto a la figura de “El Príncipe” el apodo del teniente verdugo del cantautor (quien más se habría ensañado con él), el abogado prefirió no pronunciarme porque son “circunstancias que se encuentran en el proceso y está en etapa de sumario”.

Explica que este fallo da cuenta que las víctimas no sólo estuvieron privadas de libertad, sino que además está acreditado también que muchas personas estuvieron  prisioneras en el Estadio Chile y que hasta el día de hoy la mayoría de los  hechos que allí ocurrieron  se encuentran impunes. “La circunstancia de reconocer la comisión del delito de secuestro simple por parte de los oficiales de Chile  da cuenta que tenían una estructura de mando al interior del mismo recinto de detención, que cumplían un determinado rol y en ese contexto tenían participación en los hechos investigados en este caso”, concluyó.

En ese sentido, cada vez se estrecha el círculo de las responsabilidades al comprobar que dos de los  funcionarios militares procesados formaban parte de la estructura del mando al interior del Estadio Chile. Para Alicia Lira,  a partir del procesamiento que dicta el ministro Vásquez ayer, se establece que todas las personas que estuvieron en el Estadio Chile, fueron secuestradas.

Respecto a este reconocimiento de la figura de “secuestro”, Lira reconoce la relevancia jurídica que tiene, dice que siempre se habla de los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos, sin reconocer que antes de su asesinato, fueron secuestrados y apremiados. “Es un enorme avance, en el caso, aquí las víctimas fueron asesinadas y botadas en un basural como Quiroga y Jara y muchos más. Cada vez que se procesa o se condena, sólo se habla de homicidio, no de los otros delitos que anteceden los crímenes, sin mencionar la impunidad de hoy en el caso del señor Melo que trabaja en el CDE”, comentó.