Participación ciudadana y voluntariado en Chile

Integración social, responsabilidad social, participación ciudadana, conceptos que desde hace unas décadas hacen referencia a la construcción de un país consciente de los derechos y deberes de sus ciudadanos, y que se han tomado la primera plana de los compromisos gubernamentales. Esto no es producto del azar o de modas conceptuales, sino de arduos años de trabajo junto a la sociedad civil.

Por lo mismo, de inmediato surge la siguiente interrogante: qué rol le corresponde al Estado en cuanto a gestor de medidas o mecanismos que generen espacios efectivos de participación. Es cierto, hay ahí una gran responsabilidad en crear dichas instancias, pero es verdad también que la ciudadanía debe asumir un interés genuino de contribuir a superar los problemas que nos aquejan como sociedad.

“Más y mejor participación” parece ser lo que desean los ciudadanos, pero este deseo se contrapone a nuestra realidad, donde reina un sentimiento individualista que obnubila nuestras capacidades de sentir empatía por el otro, habilidades blandas tan necesarias para la construcción de una sociedad que comprende que cada uno puede aportar, con sus diferentes capacidades, a un desarrollo mejor para todos.

El voluntariado, por citar un ejemplo concreto, es la más fiel expresión de un trabajo mancomunado bajo una misma premisa: ayudar a los damnificados de una tragedia, integrar un cuerpo de bomberos, participar de una colecta a beneficio, trabajar socialmente en comunidades apartadas, etc. Sin embargo, siendo el voluntariado una labor tan valorada por la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es practicado por apenas el 6% de la población.

La Presidenta Michelle Bachelet, consciente de que este tipo de participación ciudadana es necesaria para el desarrollo solidario de un país, lo ha integrado en su programa de Gobierno, mediante la materialización de una política de voluntariado que busque fortalecerlo y sobre todo fomentarlo.

Sabemos que el actual marco legal es limitado, y por eso desde la Subsecretaría General de Gobierno aspiramos a dar un paso más allá, trabajando con la sociedad civil comprometida con el tema y buscando formas que motiven a la ciudadanía en general a participar en esta tan noble labor.

Así, en estos últimos dos meses, organizamos una mesa en conjunto con organizaciones de voluntariado de diversas áreas, como la Red de Voluntarios de Chile, Voluntariado Corporativo, Red de Ayuda Humanitaria de Chile (RAHCH), Hogar de Cristo, Confederación de Uniones Comunales de Chile (CONFUCH) y representantes de organizaciones universitarias y de organismos públicos que, por su quehacer, deben relacionarse con voluntarios.

Esta es una tarea que se había iniciado en el primer mandato de la Presidenta Bachelet y que hoy, tras cuatro años, retomamos con mayor fuerza, para definir una política pública que trascienda al gobierno de turno, pues consideramos indispensable no sólo darle un marco normativo, sino que además otorgarle un justo reconocimiento a estas instituciones y personas que deben compatibilizar sus trabajos y el tiempo con sus familias para cumplir con una acción solidaria y altruista sin recibir nada a cambio.

Nuestra meta es que al terminar el año, fruto del trabajo de esta mesa, propongamos una política nacional de voluntariado que apoye a este 6% de la población que trabaja desinteresadamente por el bien común, pero que sirva también para remecer a ese 94% de la población que mira con buenos ojos la labor del voluntario, pero que no manifiesta ningún interés mayor en ser partícipe de una acción de esa naturaleza.