Impunidad

Anoche me desvelé pensando en la noticia del día: un periodista de Chilevisión había sido apedreado, rociado con bencina y casi fue quemado vivo por un grupo de encapuchados.  Eso sucedió en una marcha por los derechos humanos. La impotencia y, sobretodo, la rabia no me dejaban dormir. Pero no era contra los antisociales, vándalos o cualquiera de esos eufemismos que usamos para atenuar la palabra criminal. Era contra el Estado. Y contra el gobierno.

¿Porque a quién le exige uno carácter cívico y responsabilidad? ¿A los unineuronales cuya gloria es la destrucción de la sociedad o al aparato estatal cuyo fin –uno de ellos, al menos- es velar por la seguridad de los ciudadanos? Iba a escribir esta columna enfocado en el periodista casi quemado, pues me parecía una noticia sin precedentes en el Chile post Pinochet, cuando me entero, al igual que todos ustedes, del atentando con bomba en el centro comercial contiguo a la estación del metro Escuela Militar.

No han pasado tres horas aún del bombazo y ya se sabe de una mujer que perdió los dedos de su mano derecha y de un extranjero que sufrió trauma abdominal, entre un total de siete heridos. Un desastre por todos lados: si la desconfianza es parte estructural del ADN chileno, con lo sucedido hoy sólo podemos esperar que ésta crezca, acompañada de miedo, incertidumbre y una inminente psicosis a la hora de desplazarse por lugares públicos de alta concurrencia.

Ya sea con el atentado al periodista de ayer, con el bombazo de hoy, con el reciente ultraje al memorial de los ejecutados políticos en el Estadio Nacional por parte de barristas, con el daño a 500 buses luego del partido de Chile con España en el mundial y, por último, con los más de 140 atentados con explosivos que se han registrado entre los años 2006 y 2012 en la Región Metropolitana -de los cuales ninguno ha sido calificado de terrorista por la justicia- hay una palabra que se atraviesa por mi cabeza y que ataca como una migraña. Se llama impunidad.

Es cierto que no es lo mismo un acto delictivo espontáneo (como rayar patrimonio o destruir buses o quemar autos en una marcha) que un acto terrorista programado (el bombazo de hoy en Las Condes), pero me parece que ambos se nutren de un síntoma común: paga Moya. O, dicho en lenguaje más contemporáneo: pasa piola. Como cualquier ciudadano, tengo derecho a opinar. Pero considerando que, además, voté por nuestra actual presidenta, siento la obligación de levantar la mano cuando veo un error. Y hay uno que es demasiado evidente: el trauma de la Nueva Mayoría por lo sucedido en dictadura, el miedo a oler a cualquier cosa que se parezca o se relacione con el dictador, le impide a este gobierno (y antes, cuando eran oposición, a su bancada parlamentaria) actuar como adulto en temas que exigen severidad, castigo y represión. Y eso cansa, eso agota a los ciudadanos que esperamos conductas ejemplificadoras de parte de la autoridad.

Necesitamos que carabineros proteja, que Investigaciones investigue, que la Justicia haga justicia, y para eso es imprescindible que el gobierno los apañe, les dé espalda y que, finalmente, los criminales paguen. Ya sean los que hacen cascadas financieras o los que deciden que la última moda se llama desobediencia civil o los que intentan quemar reporteros o los que incendian palmeras en la Alameda o los que roban cajeros automáticos o los que no pagan el Transantiago o los que matan parejas de ancianos en el sur o los que ponen bombas, cada delincuente debe pagar la pena que le corresponde. Será haciendo trabajo social obligatorio, con una grillete electrónico, sin poder volver a entrar a un estadio de fútbol o secándose en la cárcel. Lo que corresponda, pero que sea. Ya. Por favor, basta de ese miedo pendejo a ponerse los pantalones (o la pollera) y a hacer cumplir la ley. No más impunidad.