El Descalabro de la Consulta Indígena: ¡Aún podemos hacer las cosas mejor!
Al aplicar el Decreto 66 como marco de la consulta, en lugar de aplicar directamente los estándares del Convenio 169 y comunicárselo así a las comunidades, el gobierno ha actuado con desdén por los derechos de los pueblos indígenas, comprometiendo la legitimidad del proceso en su conjunto.
Salvador Millaleo es Ph.D. en la Universidad de Bielefeld. Director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21.
El próximo lunes 15 de Septiembre se cumplen 5 años desde que Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT. En estos momentos están corriendo tres procesos de consulta indígena, a saber, sobre el proyecto de Ministerio de Asuntos Indígenas, sobre el Consejo de Pueblos Indígenas, llevadas por el Ministerio de Desarrollo Social, junto a la consulta sobre el proyecto de Ministerio de Cultura que lleva el Consejo de Cultura. Con estas consultas, el Gobierno de la Nueva Mayoría estrenaba lo que podía ser un nuevo enfoque sobre la consulta indígena, que pudiera superar los errores cometidos en el primer gobierno de Bachelet, con el Decreto 124 y durante el gobierno de Piñera con los Decretos 66 y 40, todas formas de implementación del Convenio que en realidad lo mutilaban, restringiendo arbitrariamente el objeto, alcance y procedimiento de la consulta.
Recordemos que hasta el 2009 el mismo convenio estuvo esperando 20 años para que el Congreso decidiera su ratificación y con ello su incorporación al sistema jurídico chileno. Uno de sus instrumentos más poderosos del convenio para redefinir las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas es precisamente el procedimiento de consulta a los pueblos respecto a las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos directamente, mediante el cual el diálogo quiere sustituir a la imposición, para que los gobiernos consideren a los indígenas como actores y no meros objetos de sus políticas.
Lo que estamos viendo ahora es un descalabro general de los procesos de consulta, especialmente en la consulta sobre el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos. El principal motivo para ello es la incertidumbre e indeterminación de la política de consulta indígena, así como la falta de coordinación y la lejanía entre el gobierno y el mundo de la sociedad civil indígena.
Numerosos grupos a lo largo del país, incluyendo organizaciones y comunidades, se han retirado del proceso o han manifestado fuertes objeciones, por cuanto el gobierno no ha aclarado si va a reemplazar los Decretos 66 y 40 por una ordenación de la Consulta más respetuosa de los términos del Convenio ni cuando lo va a hacer. En algunos sectores se han interrumpido reuniones, interpelado o incluso agredido a funcionarios, como lo sucedido en Ercilla, en el caso el abogado Lautaro Loncón. Lo paradójico de este último caso es que Loncón es uno de los nuevos funcionarios más comprometidos con el espíritu del Convenio 169, quien fue víctima del encono de comunidades que han visto por años vulnerados sus derechos. De esa manera, vemos como se está exponiendo a los más valiosos elementos del gobierno a las manifestaciones de enojo y desesperación de las comunidades debido a los errores de la política de consulta.
La consulta indígena referida, a diferencia de la Consulta sobre el Ministerio de Cultura, carece de una base metodológica sólida que sirva de guía para su adaptación flexible a los territorios, y en la ejecución del proceso están actuando las mismas instituciones asesoras para CONADI y Desarrollo Social que ya asesoraron los fallidos procesos de la mesa de consenso que llevó adelante el gobierno de Piñera.
Al aplicar el Decreto 66 como marco de la consulta, sin indicar cuando iba a revisarlo, en lugar de aplicar directamente los estándares del Convenio 169 y comunicárselo así a las comunidades, el gobierno ha actuado con desdén por los derechos de los pueblos indígenas, comprometiendo la legitimidad del proceso en su conjunto y desperdiciando la oportunidad de superar los errores y agravios del pasado.
Esperamos sinceramente, que un gobierno que ha dicho tener un mayor compromiso con la dignidad y derechos de los pueblos indígenas, como lo ha manifestado el Intendente Huenchumilla, haga una pausa en esta vertiginosa caída, contenga su aliento y pueda reflexionar acerca de cómo corregir el rumbo que está tomando la consulta. Aún es posible comunicar la decisión de revisar el decreto 66 precisamente a partir del aprendizaje de los problemas que presenta la actual consulta, y comprometerse a reformarlo inmediatamente después. Es posible aún integrar las experiencias de cultura y desarrollo social en una base metodológica flexible que guie el resto del proceso.
De otra suerte, los casi 900 millones de pesos que supone la financiación del proceso actual de consulta parecen destinados, como tantos otros recursos antes, a apoyar la eterna repetición de los mismos errores, siempre en desmedro de los derechos de los pueblos indígenas.
