Código de Aguas: Gobierno suma dos meses de retraso elaborando modificaciones

“Hemos propuesto reconocer a las aguas como como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas”. Con esas palabras, la presidenta Michelle Bachelet anunció el pasado 21 de mayo la esperada reforma al Código de Aguas, que data desde 1981 y ha permitido que ese recurso funcione como un lucrativo negocio privado. El sistema hasta ahora ha funcionando con el mercado como el principal asignador, permitiendo así millonarias utilidades para quienes explotan los derechos de aguas -adquiridos gratuitamente por parte del Estado-, en medio de las dramáticas situaciones de sequía que se viven a lo largo del país.

Por eso, la promesa de Bachelet el 21 de mayo no era menor. Asegurar el agua como bien nacional de uso público no significa solo reformar el Código del 81, sino que también hacer un cambio constitucional, pues la Carta Magna reconoce la propiedad privada en los derechos de agua.

Pero desde el anuncio, la postergación parece ser la tónica de la reforma. Desde principios de año que la comisión de Recursos Hidrícos de la Cámara de Diputados trabaja en un proyecto de reforma al Código de Aguas, que apunta a garantizar el uso público y prioritario para la vida humana, especialmente en época de escasez. Como el proyecto del gobierno iba en la misma línea, los ministros Ximena Rincón, Alberto Undurraga y el director General de Aguas, Carlos Estévez, pidieron explícitamente a los parlamentarios detener la discusión por 60 días, para que el Ejecutivo pueda trabajar en indicaciones a dicho proyecto. Eso fue el 4 de junio y han pasado 119 días sin novedad de las indicaciones.

Desde que se cumplió el plazo de dos meses, el gobierno continuó prometiendo fechas para la entrega de las indicaciones. “El Ejecutivo había comprometido ingresar sus indicaciones el miércoles 3 de septiembre, esto no ocurrió y decidimos seguir con las indicaciones que nosotros hemos ido trabajando”, asegura la diputada DC Yasna Provoste.

Según cuentan desde el Ejecutivo, el proyecto del Gobierno ya pasó por el Ministerio de Obras Públicas y por la Secretaría General de la Presidencia. Desde hace más de una semana que está a la espera de la firma del ministro de Hacienda Alberto Arenas y de la propia presidenta Michelle Bachelet.

En privado, parlamentarios de la comisión han pedido explicaciones al gobierno y al ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, pues saben que el proyecto está listo. Además, el contenido de las indicaciones tampoco son completamente un misterio. Hace más de un mes que el MOP envío una minuta con los contenidos esenciales. En el documento –disponible acá– se señala que se reforzará el carácter de uso público del agua y que el otorgamiento de derechos a privados estará justificado en el interés público. También señala que los derechos de agua dejarán de ser a perpetuidad y pasarían a un plazo fijo de 30 años prorrogables, junto con aumentar las atribuciones de la DGA para limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

Públicamente, el gobierno ha reconocido que el proyecto ya está redactado, pero que se tuvo que chequear con la Consulta Indígena, liderada por el ministerio de Desarrollo Social. “La indicación al proyecto está redactada y lista para ser enviada al Parlamento, sin embargo estamos chequeando cuáles de estos artículos corresponde que vayan a Consulta Indígena en función del Convenio 169 de la OIT. Entendiendo esto, determinaremos cuál es el paso a seguir, cuestión que esperamos concordar con la Comisión de Recursos Hídricos de esta corporación”, dijo hace unas semanas el ministro del MOP Alberto Undurraga. 

Ni siquiera el informe del delegado presidencial de Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, es público, pese a que ha trascendido que efectivamente lo entregó.

Presión empresarial

El diputado del PC, Daniel Núñez, miembro de la comisión de Recursos Hídricos, afirma que el retraso en el envío de las indicaciones es “francamente inexplicable. No me explico el retraso si las indicaciones ya están redactadas. El tema es muy complicado porque el gobierno tomó un compromiso con la comisión que no está cumpliendo”.

El parlamentario asegura que una de las razones posibles de la dilatación en el envío es que en las últimas semanas ha habido un fuerte lobby empresarial sobre el tema, que no pasa desapercibido. “Tal vez la única explicación que podría encontrar es que exista presión muy fuerte de grupos económicos, unido a otros intereses de las empresas transportadoras, que esté demorando esta reforma tan necesaria para la gente. Si es que eso se mantiene tendremos que generar una situación de presión dentro de la Nueva Mayoría, que permita que el gobierno se ponga la pilas y envíe la reforma como corresponde”, afirma.

Para nadie es un misterio que una reforma estructural al Código de Aguas no es del completo agrado de la derecha. Si bien algunos parlamentarios del sector están de acuerdo con muchos de los puntos planteados, a no todos les agrada la idea de limitar el derecho a la propiedad privada del agua. Hace unas semanas, parlamentarios de RN y la UDI solicitaron una sesión especial del Senado para mostrar su preocupación sobre la desaceleración económica que enfrenta el país. Según cuenta un senador, el objetivo político detrás de esto era ejercer presión sobre las reformas laboral y al Código de Aguas, próximas a ingresar al Congreso, apelando al débil estado de la economía en Chile.

En la ocasión, el RN José García Ruminot señaló que la modificación que se discute pone en riesgo la inversión en el rubro: “La gente que necesita claridad sobre sus derechos para llevar adelante múltiples proyectos de inversión (…) los bancos piden mayor certeza jurídica, la que solo se puede conseguir en un ambiente en que este tipo de reformas asegure la continuación de proyectos de inversión que consideren al agua y sus respectivos derechos como un componente muy importante”.

Sin embargo, quienes más han levantado la voz sobre el tema son precisamente quienes tienen grandes inversiones en el sector, como hidroelectricas y mineras. Por su parte, organizaciones multigremiales como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y Fedefruta tampoco han callado y han hecho público su rechazo a una modificación estructural a la forma de administrar el agua en Chile, principalmente en caso de que se avance a una reforma constitucional que garantice su uso público.

El 20 de agosto, la SNA envío un oficio a todos los parlamentarios de la Comisión de Recursos Hidrícos. La carta -disponible acá– asegura que el modelo actual es exitoso y ha permitido un gran desarrollo y éxito productivo. Si bien reconocen la crisis de agua por la que pasa el país, enfatizan en que esta responde a una anomia administrativa de parte del Estado.

El presidente de la SNA, Patricio Crespo, aseguró a El Dínamo que “el Código de Aguas da facultades para todo lo que están pidiendo. El Estado no ha tenido la voluntad política para hacer cumplir la ley, no hay que simplificar esta realidad”.

Crespo afirma que no han sido invitados al debate del proyecto que se tramita en la Cámara, donde, según él, los parlamentarios responden a la contingencia de la sequía y están alejados de la realidad. “Los diputados no tienen por qué saber de agua. No tienen ningún acercamiento al tema, la propuesta que han hecho denota una tremenda lejanía con el sector. Te aseguro, tengo 45 años de dirigencia en materia de agua, y ninguna de las soluciones que plantean apuntan al problema de fondo. Así vamos a conseguir que se pare la inversión, que venga la cesantía en los campos y eso a nadie le conviene. Por eso tomamos la iniciativa de comunicarnos con el gobierno, donde hemos sido comprendidos y llegado a un acuerdo que tendrán que administrar”, aseguró el presidente de la SNA.

Esas gestiones con el gobierno son parte del trabajo pre legislativo que el propio Ejecutivo anunció para preparar de mejor forma las indicaciones. Según Crespo, sus posturas han sido bien recibidas en La Moneda: “Nuestras gestiones han sido con el gobierno, que tiene una mirada más profunda, más serena, más comprensiva, con un diagnóstico que se asocia mejor a la realidad”.

Sobre el punto conflictivo de la reforma constitucional, asegura que “el gobierno no está considerando esa opción, se lo digo así de claro. Me lo han dicho ministros y autoridades responsables de esta iniciativa”. Desde la Moneda aseguran que la reforma que garantiza constitucionalmente el agua como bien de uso público está en espera, pues pasaría a ser parte de la Reforma Constitucional ya anunciada para el 2015.

Para Daniel Núñez, la presión empresarial es clara. “Es evidente que cualquier cambio que hagamos, por mínimo que sea, si afecta los intereses del gran empresariado, van a presionar. Pero si ante cada presión de la derecha y los grupos económicos nos vamos a paralizar, es muy difícil que cumplamos con los compromisos del programa de gobierno”, afirma.

Desde organizaciones ambientalistas también ven con preocupación el retraso en el proyecto y los acercamientos a la SNA. “Esto da para muchas interpretaciones, porque el delegado de Recursos Hídricos aparentemente le entregó a Bachalet el informe en julio, pero todavía no es público. Con todo este secretismo, incluido para los parlamentarios que tampoco saben, se genera una situación en que la única explicación es que hoy día hay lobby, hay presión y que hay algún tipo de negociación”, asegura Sara Larraín de Chile Sustentable.

Rodrigo Mundaca de Modatima, por su parte, apunta directamente contra Patricio Crespo: “El presidente de la SNA exige certeza jurídica de la propiedad privada sobre el agua, lo que es realmente impresentable. Pero lo que parece curioso es que el gobierno cede a las presiones empresariales, mientras las comunidades continúan luchando por el agua”.

La próxima sesión de la comisión de Recursos Hídricos es el miércoles y los parlamentarios esperan -de nuevo- que el gobierno envíe sus indicaciones. El diputado DC Matías Walker asegura que por ahora no les queda otra que seguir esperando. “La decisión de la comisión es esperar las indicaciones del Ejecutivo. No sacamos nada con aprobar el proyecto ahora para que después sea modificado”, afirma.