La Sociedad Civil, una voz menguada en la construcción de la Política de Energía

Es fácilmente observable como crece la desconfianza en las instituciones y la política entre quienes detentamos una mirada más crítica a los valores que sustentan nuestra sociedad actual. Sociedad que vemos excesivamente basada en el esfuerzo individual, donde no nos consideramos sujetos de derechos al construir las políticas que nos regirán y donde se prefiere la competencia a la colaboración. No solo abunda la desconfianza ante el Gobierno y las empresas, sino a veces los mismos que tenemos esa mirada crítica desconfiamos sólo porque utilizamos medios distintos para impulsar los cambios. Así se empantana la transformación.

Se viven procesos de cambio en Chile. La cuestión de la profundidad de estos cambios no está resuelta, ni tampoco cuan participativos están siendo los procesos de participación ciudadana (vale la redundancia) que el Gobierno está impulsando.

Un ejemplo son las instancias que impulsa el Ministerio de Energía en cumplimiento a la promesa de generar una Política Energética con participación de todos los actores. Cómo nunca se ha visto generar mesas, talleres y reuniones para escuchar a los diferentes sectores, a expertos de distinta índole, a ONGs y otros actores respecto a sus opiniones e intereses para construir la política energética de los años venideros. Se ha contratado facilitadores de alto prestigio, consultoras y universidades para generar conversaciones de mejor nivel. Se ha ido a regiones y se ha registrado y sistematizado lo discutido.

Sin embargo, de distintos lados se escuchan voces críticas al Ministro y a la labor de su ministerio. Unos sospechan de sus vinculaciones con actores que se identifican como protagónicos en mantener el sistema como está. Otros ven con sospecha y suspicacia estos procesos por considerarlos poco ambiciosos en su afán transformador. Algunos han decidido marginarse y denunciarlo públicamente; otros simplemente se ausentan.

¿Qué es lo que sucede? ¿Qué factores influyen para que este esfuerzo mayor del Gobierno no tenga el respaldo esperado en un sector relevante y creciente de nuestra sociedad?

Pueden establecerse diversos factores:

El primero es que vivimos una crisis general de la legitimidad democrática, de la que tanto ya se ha hablado. La actual práctica democrática no da abasto para satisfacer ciudadanos que perciben que los gobiernos no son realmente representativos de sus intereses y que se encuentran capturados por grupos económicos de gran poder. Los abusos desde grandes empresas siguen multiplicándose impunes o son sancionados con penas tan bajas que no superan la ganancia que generan. El caso Penta evidencia una vez más la relación incestuosa entre el poder económico y el poder político; y así podemos seguir nombrando elementos que justifican la percepción que los gobiernos actúan alejados de la voluntad del pueblo que lo elige y demasiado influenciado por unos pocos, a pesar de los esfuerzos de éste Gobierno por mantenerse fiel a su programa.

El segundo es el desprestigio y la falta de confianza en los procesos de diálogo que se ha generado en nuestro país durante los últimos 24 años. La forma en la cual se gestionaron los procesos participativos y la búsqueda del consenso, una vez recuperada la democracia, fue la que ha hecho perdurar por años instituciones que difícilmente se pueden entender como democráticas y un sistema de provisión de bienes públicos constituido en un régimen dictatorial y que por lo tanto, no puede dar garantías que su diseño buscara asegurar equidad y justicia en el acceso y ejercicio de derechos para todos los chilenos. La manera de considerar el diálogo y el rol que se le proporcionó, produjeron sólo “justicia en la medida de lo posible”, dejando la determinación de ese criterio de posibilidad a poderes fácticos. Estas prácticas han significado un tremendo desprestigio para el diálogo y el consenso en un país donde, más que nunca, necesitamos retomar confianzas mediante conversaciones transformadoras de nuestras relaciones.

Cómo tercer factor, podemos señalar las desprolijidades o inconsistencias de un proceso que quiere, y en verdad lo creo así, generar la mayor participación, pero cuyos ritmos lo dan las supuestas necesidades de generación eléctrica del país. Generación que es dada en un modelo donde hay sólo tres actores fuertes que controlan más del 80% de la generación del país. La participación real necesita información, convocatoria, capacidad y sobre todo tiempo e iteración, factores que un proceso con “la pata en el acelerador” muchas veces no va a considerar. Estoy seguro que muchos de los que han participado en estas mesas han notado que se quiere hacer participación, pero a hacerla a toda máquina. Me parece que ello juega en contra de la incidencia que se debiera lograr.

Descritos brevemente los factores, cabe preguntarse, ¿Qué será mejor, ausentarse o estar presente para instalar sus visiones, preocupaciones y aportes?

En mi opinión es realmente lamentable que muchas organizaciones de la sociedad civil, que con su lucha y trabajo han logrado que el Gobierno comience a realizar estos procesos participativos (en el grado que se quiera), se resten justo ahora que se están construyendo importantes políticas. Se necesita su voz para mostrar las inquietudes que los representantes de empresas, de la academia y de otros sectores no pueden otorgar porque no ven. Se precisa de sus miradas para hacer políticas más pertinentes, participativas y sustentables.

No basta con la participación en el Congreso. El ejecutivo – teniendo la iniciativa, manejando los ritmos y la potestad reglamentaria – es el actor más poderoso en cuanto a normativa se trata en nuestro sistema.

No perdamos la cancha que tanto ha costado ganar.