La apuesta de Chile para lograr más acceso a justicia, información y participación en materia ambiental

Entre este martes y jueves se reúnen en la cede de la Cepal en Chile representantes de los países de América Latina y el Caribe para materializar un instrumento que permita aplicar el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río+20), que promueve de manera concreta el acceso a la información, participación y justicia en materias ambientales.

En esta marco, organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en torno a la Iniciativa de Acceso, cuyos representantes en el país son las ONGs FIMA y Casa de la Paz, están impulsando que los países de la región respalden un convenio vinculante en torno al tema en un proceso que Chile ha liderado desde 2012 gracias a la participación del Ministerio de Medio Ambiente.

La abogada y directora de proyectos de FIMA, Gabriela Burdiles, comentó a El Dínamo, los alcances de esta iniciativa, indicando que “la idea es difundir un proceso que esta llevando a cabo la región en el marco del cuál se está negociando un instrumento, que como sociedad civil esperamos que sea obligatorio, y que establezca tres tipos de derecho: de acceso a la información, la participación y la justicia”.

“En la práctica aspiramos a que este instrumento contenga estándares exigentes en cuanto a cómo se debe entregarse la información en materia ambiental, cómo debe concretarse la participación en procesos y decisiones en este ámbito y cómo debe accederse a la justicia”, agregó Burdiles.

Para la experta se trata de un proceso marcado por la cooperación que se basa en la transferencia de conocimientos y que al mismo tiempo permitirá unificar a la región de cara a los temas ambientales.

En un análisis centrado en el valor de la participación en este proceso, el ‎Director Ejecutivo en Fundación Casa de la Paz, Pablo Valenzuela, subrayó que “el primer desafío  apunta a que las decisiones de desarrollo, que al final afectan a todos estos ecosistemas, se lleven acabo con mayor participación, es decir, que se comparta el poder frente al desarrollo y eso requiere que el establecimiento de buenos métodos, legislaciones y normativas. Un campo en el que Chile ha progresado pero aún le queda mucho por avanzar”.

De ahí que el encuentro iniciado en esta jornada en Santiago y la firma de un convenio vinculante, sea visto por Valenzuela como una gran oportunidad. “Los países de la región tienen legislaciones ambientales gracias al impulso dado por la Convención de Río de 1992. Tras esto esta conversación internacional sobre participación, derechos de acceso en materia socioambiental en información, participación y justicia, se transforma en fundamental para que Chile lidere a nivel regional y empuje a los países más atrasados y, por otro lado, que nuestro país se comprometa a pasar de participación centrada en la información y una consulta no vinculante a cierta incidencia en estos procesos, para que haya una verdadera influencia de las comunidades en la decisiones de desarrollo, Esa es la verdadera participación”, detalla.

De cara al carácter vinculante del convenio, Pablo Valenzuela señala que “este instrumento de derecho internacional deberá pasar por la legislación y los procesos de ratificación, pero una vez que lo haga debería obligar a estos estados a realizar ciertas acciones en ámbitos como la dictación de nuevas leyes que permitan una protección con umbrales más altos frente a las materias socioambientales para asegurar una verdadera participación, ya que este elemento es el principio de los derechos humanos”.

Con el modelo de la Convención de Aarhus

Desde Chile, la cartera de Medio Ambiente, intervendrá en la actividad a través de la encargada de la negociación de este convenio cuya primera etapa de trabajo culmina en esta cita, dando paso a una nueva a partir de 2015, donde se definirían las posibles obligaciones de los Estados firmantes. Luego intervendrá Jonas Ebbesson, Doctor en Derecho y promotor y miembro del Comité de cumplimiento de la Convención de Aarhus, que es el tratado europeo que regula los tres derechos medioambiental arriba citados y que sirve como una suerte de modelo para la apuesta en la región. 

Burdiles explica que este formato, funciona a través de un comité que  “recibe denuncias de los ciudadanos o de Estado cuando no se ha entregado la información en procesos ambientales o no se ha permitido la participación, tras esto, entrega ayuda o toma medidas para que infractores cumplan de manera de entregar un apoyo a las organismos para que modifique sus legislaciones o mejore sus prácticas y eso es lo que queremos replicar en la región”.

También dará a conocer su experiencia la consultora Senior de Regional Environmental Center (REC) y doctora en Economía, Magda Tóth Nagy, quien conoce el trabajo en torno al Convenio de Aarhus desde dentro, debido a que ha participado en el proceso de presentación de denuncias y la entrega de soluciones en Europa.