Ley de Lobby: la igualdad desigual
Debemos tener claro que la apertura de canales de comunicación y de participación no garantizan por sí mismos transparencia y probidad. Más bien, la implementación de la ley de lobby es una invitación a no claudicar en la tarea cotidiana de exigirle al Estado que cumpla con sus deberes.
Paulina Ibarra es Presidenta Ejecutiva y cofundadora de Fundación Multitudes. Master of Arts en Comunicaciones de Georgetown University. Experta en participación ciudadana, gobierno abierto y transparencia. Fue asesora de Comunicación y Gobierno Abierto de la administración del Presidente Barack Obama y Oficial de Comunicaciones del Banco Mundial. Asimismo, fue consultora en Comunicación para el Desarrollo y Gobierno Abierto en múltiples organizaciones multilaterales.
Estamos a pocos días de la implementación de la Ley N°20.730 que regula las audiencias y reuniones solicitadas por lobbistas y gestores que representan intereses particulares ante autoridades y funcionarios. Una ley que busca fortalecer la probidad y la transparencia en el país y que, en el mejor de los casos, debiera ayudar a expandir los procesos de participación ciudadana.
La reglamentación de esta Ley de Lobby señala que los funcionarios, si bien no están obligados a conceder las audiencias, deberán dar igualdad de trato a las personas, organizaciones y entidades que las soliciten respecto de una misma materia. Sin embargo, deja bien estipulado, también, que esta igualdad no se verá afectada por delegar la reunión a otro funcionario del mismo organismo. Y aquí sí que no estamos de acuerdo.
En primer lugar, porque esta igualdad de trato no se dará cuando un ministro reciba a una empresa, mientras que a una organización de la sociedad civil la reciba un subsecretario o algún otro funcionario de menor rango. ¿O acaso estamos hablando de lo mismo?
También es crucial referirnos al registro de estas audiencias. La ley estableció que éste se publicará recién el primer día hábil del mes siguiente lo que, junto con generar un lapso de desinformación que puede afectar la gestión de intereses, significará que ninguna de las organizaciones en cuestión podrá saber en tiempo real que se ha cumplido con la igualdad de trato.
Este punto, que fue pensado como una garantía para los ciudadanos, se vuelve un arma de doble filo, en tanto tiende a fomentar la desigualdad en el proceso.
Estamos convencidos de que las organizaciones de la sociedad civil tendremos que generar mecanismos de contralor y fiscalización que nos permitan acortar esta brecha. Porque nuestra misión radica en velar por la justicia y el bienestar social y para eso el día a día es vital. No queremos hacer estadística, sino generar cambio social.
Por lo mismo es importante que a pesar de lo dicho anteriormente, como sociedad civil ayudemos al trabajo de implementación de esta ley y que de cerca podamos fiscalizarla, quizás proponiendo una mesa integrada por todos los actores para evaluarla in situ, de manera permanente y sugerir ajustes sobre la marcha.
Debemos tener claro que la apertura de canales de comunicación y de participación no garantizan por sí mismos transparencia y probidad. Más bien, la implementación de la ley de lobby es una invitación a no claudicar en la tarea cotidiana de exigirle al Estado que cumpla con sus deberes.
