La repactada deuda del Estado chileno con niños, niñas y adolescentes
Chile es el único país de América Latina que no cuenta con una ley integral de promoción y protección de la infancia, desde una perspectiva de derechos y autonomía progresiva de la población infanto-juvenil, y por tanto, desde una perspectiva armónica y sistémica.
Camila De la Maza es Abogada Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público Universidad Diego Portales
A 25 años de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño por parte de Chile, el Estado sigue en deuda con niños, niñas y adolescentes del país, y hasta ahora sólo hemos sabido de repactaciones; es decir, intenciones de querer pagarla. En este sentido, el último Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales – en un capítulo dedicado al tema- da clara cuenta de una institucionalidad francamente pobre, fragmentada e insuficiente para responder a la necesidad de una protección integral de este sector de la población.
Pese a los compromisos adoptados por los distintos gobiernos, el análisis minucioso de la actual política pública sobre infancia y adolescencia, lleva a la triste conclusión que ésta es sumamente deficitaria. Algunos ejemplos: Existen 8 programas especializados para consumo de drogas, que únicamente funcionan en la Región Metropolitana. Sólo uno de familias de acogida, en la misma Región y 7 de niños y niñas con socialización callejera, únicamente en ésta y en la Región de los Lagos.
En general, se trata de medidas que responden a problemas urgentes, pero que sólo miran a algunos niños y niñas que sufren vulneración de sus derechos, no a la infancia en su integralidad. Dicha respuesta, además de fragmentada, se realiza desde una perspectiva completamente asistencial y sin considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.
La respuesta estatal sigue comprendiendo a la infancia y a la adolescencia como un tema privado, atingente únicamente a las familias o a sus adultos responsables, frente al cual el Estado sólo interviene cuando el “problema” irrumpe en lo público (deserción del sistema escolar formal, consumo de drogas o infracción de leyes penales).
Chile es el único país de América Latina que no cuenta con una ley integral de promoción y protección de la infancia, desde una perspectiva de derechos y autonomía progresiva de la población infanto-juvenil, y por tanto, desde una perspectiva armónica y sistémica. Y a pesar de que muchos gobiernos y miembros del Parlamento han sostenido públicamente la importancia de promover y proteger a niños y niñas, hasta ahora la deuda sigue impaga; sin una verdadera voluntad de saldarla y cuyos costos continúan siendo asumidos por aquellos que debieran ser el centro del quehacer del Estado: niños y niñas.
El estado chileno articula su respuesta desde la doctrina de la situación irregular, esto es, abordando los temas de la infancia y la adolescencia a partir del castigo y mirando sólo a aquellos niños y niñas que sufren alguna vulneración grave de sus derechos, y no a todos ellos.
Es tiempo, ad portas de un nuevo informe ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas el próximo año 2015, que asumamos un compromiso real como sociedad de protección y promoción de los derechos fundamentales.
Transitar desde unas sociedades del castigo, hacia una comunidad de protección y garantía para niños, niñas y adolescentes.
