¿Quién cuida el patrimonio chileno? La otra reconstrucción de la que nadie quiere hacerse cargo

Recorrer las calles del centro de Santiago significa encontrar edificios con siglos de historia. Algunos están en buen estado, que varias empresas del retail han utilizado para sucursales u hoteles para atraer a turistas que buscan pernoctar en el casco histórico de la capital; otros están en estado deplorable, sin restauración ni muchos interesados en hacerlo, como el Palacio Iñiguez o el Palacio Aldunate, que sufrieron un incendio el año pasado y quedaron en aún peores condiciones. O el ruinoso estado en que se mantuvo por décadas el tradicional Palacio Pereira.

Son cientos los ejemplos a lo largo del país, entre edificios públicos y otros que han sido adquiridos por privados. Pero, ¿qué pasa cuando el edificio está deteriorado, necesita una refacción o una reconstrucción? “La institucionalidad entorno al patrimonio es bastante débil, aunque se han hecho esfuerzos en los últimos años. Hay que reconocer que hay mayores fuentes para financiar pero no es suficiente”, dice Sebastián Gray, presidente del Colegio de Arquitectos.

Esa institucionalidad, el Consejo de Monumentos Nacionales que hoy depende del ministerio de Educación, es la encargada de declarar cuáles son considerados monumentos de diferentes tipos, fiscalizar su estado y, en el último tiempo, promocionar concursos públicos para la entrega de recursos para reparaciones o reconstrucciones, lo que nació principalmente tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. El actual Presupuesto 2014 de la Nación incluye por primera vez una glosa para hacer permanentes esos dineros.

Entonces, ¿debe el Estado financiar la reconstrucción de edificios patrimoniales que son parte de instituciones privadas, como la Iglesia Católica o universidades? Una delgada línea divide al patrimonio nacional público y al  privado y, por ende, de quién debe hacerse cargo de los costos de mantención y reparación de un inmueble.

La polémica ya se vivió en septiembre de 2013, cuando la Corte Suprema falló en favor de la Iglesia San Francisco donde se exigía a la Municipalidad de Santiago costear la reparación de la deteriorada fachada del edificio religioso, llena de rayados. “Es un mal precedente, porque dice que cuando haya una fachada dañada, el municipio debe recuperarla y sin participación del particular o de otro organismo público. Le endosa al municipio una enorme tarea porque el abandono del patrimonio a nivel nacional es gigante”, dijo entonces la alcaldesa Carolina Tohá.

La preocupación de Tohá radicaba en que la ley de Monumentos Nacionales dice que todos los organismos públicos deben colaborar en el cuidado del patrimonio, sin embargo, este fallo podría hacerse extensivo a otros inmuebles justo en el sentido contrario. “¿Se imaginan a los municipios de Chiloé haciéndose cargo de todas las iglesias de la isla? Es algo que tenemos que cuidar, pero cuidar entre todos”, remató la alcaldesa.

Remodelando, remodelando

Es precisamente la Iglesia Católica una de las instituciones más beneficiadas por los recursos que entrega el Estado para estos proyectos. Este año, la Catedral Metropolitana de Santiago tendrá un extreme makeover, debido a la situación en que quedó tras el 27F, por lo que el Gobierno la incluyó recientemente en el Programa Legado Bicentenario.

Para esta obra en particular, el Gobierno Regional Metropolitano hizo una inversión no menor de $3.702.344 millones, la que estará terminada en poco más de un año. La restauración incluye la habilitación de un mirador en la zona alta de la iglesia, la reparación de las torres de acero y sus nueve campanas que volverán a sonar, además del acceso a las torres que tendrá nuevas escaleras, donde hoy nadie circula debido al deterioro.

La millonaria inversión en la Catedral Metropolitana es solo uno de los fondos constantes a los que postula o solicita la Iglesia Católica a través de diferentes instituciones del Estado, vía asignación directa (como este caso) o por concursos públicos.

Es cuestión de analizar, por ejemplo, las cifras del Fondo del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en los cuatro años en que se hizo el concurso público abierto, proyectos co-financiados entre privados y el Estado, donde el organismo cultural aporta el 50% de la inversión necesaria, con un tope de 120 millones por proyecto. Cualquiera puede participar.

En 2013, de los $1.927.307.964 que entregó el programa cultural, un 39% de los proyectos -$754.871.426- beneficiaron a la Iglesia Católica entre restauración y reconstrucción de iglesias, capillas, templos y catedrales. Muy distinto fue, eso sí, lo que sucedió en 2010. Ese año, los proyectos relacionados al episcopado alcanzaron el 62% de la inversión: 1.464 millones, en desmedro de inversiones culturales o de recuperación del patrimonio, como por ejemplo la restauración de la casa natal de Violeta Parra (museo) que obtuvo sólo 40 millones.

En 2011, los aportes  del Estado a la iglesia católica vía concurso público fueron aún más generosos: más de 1.680 millones de pesos, lo que significó un 74% de la inversión del fondo del Consejo, 21 proyectos de un total de 28. Entre los seleccionados no relacionados al mundo católico está la restauración de la casa de Vicente Huidobro, que alcanzó 47 millones, bastante lejos de los $120.000.000 que obtuvieron la mayoría de las iglesias. En 2012 -al menos-, la cifra cayó a un 44% aunque con $1.126.171.739 de inversión, entre varios aportes que llegan a los 120 millones por proyecto, por restauración de iglesias y capillas en varias regiones del país.

Otros beneficiados por este programa son algunas casas de estudio. En 2013, la Societa Italiana D’istruzione postuló para restaurar la fachada del edificio de la Scuola Italiana de Valparaíso. Obtuvieron 44 millones de pesos. La Universidad de Chile hizo lo suyo con la conservación de la piscina escolar de la sede de Independencia, con la que se adjudicaron casi 120 millones de pesos.

Las restantes son organizaciones sin fines de lucro, fundaciones o corporaciones culturales que se adjudicaron fondos para sus proyectos.

Fortuna vs. historia

La pregunta abierta es a quién debe financiar este tipo de proyectos de reconstrucción o similares cuando la propiedad del inmueble es de un privado. “¿Quién debiera meterse las manos al bolsillo”, se pregunta Patricio Herman, presidente de la organización Defendamos la Ciudad.

“Las que son de dominio público, el Estado; las que son de dominio privado, los privados”, explica Herman y agrega que los monumentos históricos tienen la ventaja de no pagar contribuciones pero que “debiera entregarse más ventajas para que los privados se sientan orgullosos de tener edificaciones que son un patrimonio para el país”. Y sobre todo conservarlas, dice.

En ese sentido, la Iglesia Católica es una institución privada con sede principal en el Vaticano, el Estado más pequeño del mundo, que guarda una de las fortunas más grandes del planeta, sumado a las millonarias obras de arte que por siglos han atesorado. El año pasado, por primera vez en los 125 años de historia del Banco Vaticano, éste reveló un balance financiero con una ganancia neta de 86.6 millones de euros.

Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el financiamiento? Pablo Allard, arquitecto urbanista y miembro directivo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, explica que cuando un inmueble va más allá de su valor de uso por su propietario o institución y tiene un valor intangible como su aporte a la historia, es necesario que se inyecten recursos públicos para su preservación. “El valor patrimonial o social puede ser mucho mayor”, argumenta.

“A pesar de que la Iglesia Católica es una institución muy poderosa, creo que no es pecado que con fondos públicos se ayude a financiar la recuperación de un monumento. Si bien es cierto son privados, forman parte del colectivo ciudadano; aquí hay que hacer una abstracción. Es una visión más pragmática sobre este financiamiento”, explica el presidente de Defendamos la Ciudad.

Donde Herman hace la diferencia es en las empresas privadas. Muchos edificios históricos en todo el país son propiedad o han sido comprados por empresas que facturan millones al año, entre ellos varios bancos o marcas del retail. Es el caso del conocido Palacio Iñiguez -que se incendió el año pasado-, hoy propiedad de instituto profesional Duoc.

“Ellos son una institucional educacional extremadamente lucrativa. No se justifica que bajo ninguna circunstancia se ayude con fondos públicos a recuperar ese patrimonio. El Estado debe ayudar a la gente que no tiene plata, a privados que no tengan. Cada privado se debe rascar con sus propias uñas. Si el dueño fuera una institución sin recursos, ahí el Estado debe meterse las manos en el bolsillo, pero el Estado no puede ayudar a los ricos”, explica.

Los fondos

En lo que todos concuerdan es en que el Estado no puede hacerse cargo de financiar todos y cada uno de los proyectos de restauración o reconstrucción patrimonial. Para ello, el Gobierno creó el Fondo del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con el objeto de invertir en algunos de ellos.

Pablo Allard dice que aún es muy precario el funcionamiento, pero celebra que el fondo se haya institucionalizado para la recuperación de obras de valor patrimonial, algo que antes estaba sujeto a la buena voluntad de diversas instituciones. “Siempre va a ser escaso, pero son pequeños triunfos”, dice.

Hoy, un inmueble que es declarado patrimonial tiene la exención total del impuesto territorial, como un “incentivo y mecanismo de apoyo a la conservación por parte del sector privado”, dicen en el Consejo de Monumentos Nacionales. Eso sí, los expertos consideran que es necesario entregar más estímulos para lograr una mejor conservación por parte de sus dueños.

“Estos edificios son propiedad privada, por lo tanto, hay una responsabilidad. No es que el Estado deba apoyarlos con plata porque eso es imposible hacerlo con todos. Es un dilema similar que viven países más ricos, pero tienen políticas mucho más inteligentes como estímulos o facilitaciones para que ser propietarios de un edificio antiguo no sea una pesadilla, sino un orgullo”, dice Sebastián Gray.

En ese sentido, el arquitecto urbanista explica que se debe apoyar desde la legislación y modificar los marcos regulatorios para los privados se puedan hacer cargo de sus edificios.

Patricio Herman explica que hay que discriminar razonablemente entre quienes son beneficiados por fondos de las arcas fiscales. “El Estado no tiene suficiente plata para darle a todos. Cuando Chile llegue a un ingreso per capita de unos 40 mil dólares, en unos 25 años, ahí quizás podríamos hacerlo. Mientras tanto, los escasos fondos públicos que tenemos hay que llevarlos a lo publico o a los privados sin recursos”, remata.

Los desafíos

A fines de enero pasado, entró al Congreso un proyecto de ley que busca perfeccionar la normativa de monumentos nacionales que data de 1970. Busca agilizar la mantención y asegurar su conservación con nuevos incentivos para quienes resguarden la riqueza patrimonial de Chile.

El proyecto establece que el Consejo de Monumentos sea incorporado al futuro Ministerio de Cultura -cuando se termine de discutir su creación-, creando 15 consejos regionales con facultad de autorizar intervenciones y llevar un catastro de los monumentos en sus zonas respectivas. En ese sentido, el proyecto busca librar de impuesto territorial también a quienes tengan fines comerciales para “motivar la conservación” del inmueble.

“Establece también nuevas relaciones entre propietarios y libertades para administrar sus propiedades cuando son monumentos. Aquí estamos atrasados 40 años en comparación a países que sí manejan sus patrimonios de mucha mejor manera, con exenciones tributarias, beneficios e incentivos de todo tipo. Nada de eso existe acá”, explica Sebastián Gray.

Las dudas que caben aún es que si una mayor fiscalización y mayor burocracia podrán solucionar los problemas de abandono que vive el patrimonio nacional. “Chile por motivos históticos y tectónicos tiene muy pocas obras de valor patrimonial en pie y hay que ponerle el mayor énfasis a todas para preservarlas”, dice Pablo Allard. Y agrega: “No es sólo el Estado quien debe apuntar a ese aporte sino todos los actores involucrados”, en la misma línea que apuntaba la alcaldesa Carolina Tohá con la restauración de los edificios de la comuna.

El caso de Valparaíso

Días atrás, la Unesco liberó el informe ICOMOS que puso en la mira la situación patrimonial que vive Valparaíso, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por ese organismo en 2003, sobre todo apuntando al futuro Mall Barón y a la expansión del puerto de la ciudad.

El documento de 15 páginas publicado en internet entrega una serie de recomendaciones que debe considerar el Estado para el diseño la ciudad patrimonial, que de no cumplirse puede significar que Valparaíso pierda su condición de Patrimonio de la Humanidad.

Uno de los puntos que los evaluadores internacionales analizaron fue la construcción del Mall Barón y la expansión portuaria que amenaza el borde costero desde la Plaza Sotomayor hasta Caleta Portales. “Se deben generar nuevas estrategias para que la conservación de Valparaíso sea compatible con la eficiencia del puerto como un todo. La memoria de Valparaíso no sólo se asienta en el sitio de patrimonio mundial y en el resto del área urbana, sino también, y muy especialmente, en el puerto”, dice el texto.

“El puerto de Valparaíso -una empresa público-privada- no tiene obligación alguna de darle ni un peso a la ciudad siendo que puerto y ciudad siempre han sido una sola cosa. En el mundo, donde funcionan bien, reciben unas inyecciones multimillonarias, como en Nueva York, Hamburgo, Barcelona o Génova”, explica. “En Chile les dan todas las ventajas para que hagan lo que quieran sobre la ciudad en la que están sentados encima y que le significa a la ciudad un impacto permanente”.

Chile deberá implementar las recomendaciones que entrega el informe que realizó la misión ICOMOS, como parte del compromiso suscrito ante el organismo dependiente de Naciones Unidas.

“Esto es una consecuencia de lo irresponsable que es el modelo económico chileno en que el puerto se lava las manos y evade tener que dar una respuesta al municipio de Valparaíso. Es el ejemplo de un sistema económico basado en la mezquindad de lo público”, concluye Gray.