Inclusión laboral: la deuda pendiente con las personas con discapacidad

Por Giorgio Jackson, Diputado Revolución Democrática, y Romina Bajbuj, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Revolución Democrática.

En este tiempo afloran las discusiones y reflexiones en torno a la discapacidad,  y la palabra inclusión se hace visible por una vez al año. Es entonces, el momento propicio para pasar del debate sobre las virtudes y problemas de la Teletón -institución que valoramos-, para ir al fondo del asunto: la inclusión plena y efectiva de personas en situación de discapacidad (PeSD), que tiene en el ámbito laboral una de sus deudas más profundas.

A la dura cifra del 71% de PeSD  que no tienen un empleo (Endisc, 2004) se suma un  número en las sombras de trabajo precario que no alcanza las condiciones mínimas de subsistencia. Así las cosas, estamos muy lejos de una verdadera inclusión, entendiendo que el trabajo no tiene sólo un valor económico, sino es también un vehículo de dignificación personal y colectiva, que abre los espacios a la participación social, cultural y política.

Aunque se han desplegado algunos mecanismos de inclusión laboral como el “acceso preferente” a personas con discapacidad cuando hay igualdad de mérito en la última etapa de un concurso público (ley de discapacidad), o el Sello Inclusivo impulsado por el Senadis, que reconoce a las empresas e instituciones inclusivas con la  contratación de PeSD, todavía no estamos atacando la raíz del problema: el cambio cultural expresado a través de prácticas concretas y sistemáticas, que no queden al arbitrio de buenas voluntades, ni a instancias finales de concursos públicos a las que por diversas circunstancias pocas PeSD acceden.

Ante este panorama, urge se tomen las medidas de acción positiva que reviertan la situación. El mecanismo de ley de cuotas de inclusión vigente en casi todos los países europeos y latinoamericanos, que resguarda un número asegurado para la contratación de personas en situación de discapacidad, incita a dicho cambio cultural desde la raíz.

El porcentaje de cuota en países latinoamericanos fluctúa entre un 2% y un 5%, para el sector público y en algunos casos, se hace extensivo a las empresas privadas que presten servicios al Estado mediante licitaciones.

El caso español, que sirve de ejemplo para casi todas las legislaciones latinoamericanas en discapacidad, complementa las cuotas con el “empleo con apoyo”,  que establece planes de capacitación y formación laboral. Eso ayuda tanto a facilitar la inserción, potenciando conocimiento y habilidades; como también a evitar que las cuotas se traduzcan en cifras “de papel” sin generar inclusión real.

A la par del ámbito laboral, debemos fortalecer la educación inclusiva para que las PeSD desarrollen todas sus capacidades desde la diversidad, y así maximicen su aporte en el mundo del trabajo.

Hacernos cargo de esta deuda con las personas en situación de discapacidad no puede ser tarea de tan solo un día al año. Necesitamos políticas públicas que vayan impulsando cambios culturales imprescindibles para hacer realidad la promesa inclusiva a todas las personas. Para ello, una ley de cuotas de inclusión es urgente si queremos una inclusión laboral efectiva de personas en situación de discapacidad como un paso fundamental para construir un país para todos y todas.