Declaraciones a la Fiscalía: la jugada de Délano y Lavín para evitar ir a la cárcel

Para muchos fue una sorpresa. Carlos Alberto Délano, dueño del holding de empresas Penta, llegó de manera voluntaria este lunes  a la Fiscalía de Ñuñoa y durante diez horas prestó declaraciones por el caso que lo imputa de fraude tributario: el llamado caso Penta. Al día siguiente fue el turno de su socio, Carlos Eugenio Lavín, que declaró durante ocho horas. Las fechas no fueron coincidencia. Se presumía que el  fiscal Carlos Gajardo iba a formalizar a los dueños del grupo empresarial por el cargo de fraude tributario. Por eso, su colaboración a la justicia resulta estratégica: y es que con esto, de ser hallados culpables, rebajarán sustancialmente sus penas. De hecho, la declaración de casi ocho horas de Lavín ante la Fiscalía fue catalogada como “útil para el esclarecimiento de los hechos de materia de investigación” por el fiscal Pablo Norambuena.

Los fundadores del poderoso grupo económico dueño de Banmédica, Penta Security y Banco Penta, entre otra decena de empresas, están acusados por hacer mal uso del Fondo de Utilidad Tributaria. Esto por haber emitido boletas de honorario falsas a sus esposas y otros familiares para disminuir sus impuestos. Para colaborar con la investigación, ambos repusieron 1191 millones de pesos a las arcas fiscales.  Pero lo más problemático vino después.

Hugo Bravo, ex director del holding y también acusado de fraude tributario, declaró a la fiscalía que junto con Délano y Lavín emitieron boletas de honorarios falsas para financiar campañas políticas, principalmente de la UDI. Entre los políticos mencionados por Bravo están los senadores Ena Von Baer e Iván Moreira, el ex alcalde Pablo Zalaquett, Andrés Velasco y el ex senador Jovino Novoa. Aunque la fiscalía aún no determina si estos aportes fueron legales o no, la apertura de esta arista complicó aún más la situación de los fundadores de Penta. Sobre todo al hacerse público el expediente que contiene las declaraciones de Bravo, y de que se filtraran a la prensa los mails y el audio de las conversaciones que dejan los fraudes al descubierto.

Tres días después de que se liberara el expediente, Délano y Lavín, que no habían declarado, fueron a hacerlo. Y según abogados penalistas, como Felipe Polanco, esto les permitirá no arriesgar penas de cárcel. “Que vayan efectivamente a cumplir la pena privados de libertad sería verdaderamente una sorpresa”, dice Polanco.

Esto porque, por su colaboración a la justicia, los imputados podrían optar a un beneficio que otorga la ley procesal penal: el juicio abreviado. “La ley permite que los imputados acuerden con el fiscal del Ministerio Público este procedimiento abreviado, en que lo que hacen los imputados es renunciar a su derecho a juicio oral, y aceptar los antecedentes que consten en la carpeta investigativa”, explica Polanco.

Al haber asistido a declarar y hacerlo por ocho y diez horas, de forma voluntaria, los imputados tienen un atenuante en la condena, que es la “colaboración sustancial” con la investigación. Junto con esto, podría sumarse la atenuante de la “irreprochable conducta anterior”, y eventualmente la de “reparación celosa del mal causado”, que implica el arrepentimiento del acusado y la voluntad de reponer el daño, que es lo que habrían hecho al devolver el dinero a las arcas fiscales. De esta forma, la pena por fraude tributario que podía ascender a cinco años de presidio menor en su grado máximo, es decir a cárcel efectiva, puede verse reducida a una firma mensual por 300 días.

“Habiendo dos o tres atenuantes, y considerando el rango de pena que contempla el fraude tributario, deberíamos estar hablando de una pena del orden de los 300 días”, dice Polanco, y agrega que esto sería “firmando, es decir sujetos a una pena alternativa en libertad”.

El único antecedente de condena por el caso de fraude al FUT es el del contador Orlando Carvajal, en diciembre de 2014. Carvajal, implicado en el caso de devoluciones fraudulentas de impuestos que hicieron funcionarios del SII a empresas Penta, que fue el incidente inicial que destapó la responsabilidad de Hugo Bravo, y que luego derivó en el caso que involucró a Délano y Lavín, también colaboró con la justicia y optó por un juicio abreviado. Su condena por fraude tributario y soborno fue de cinco años de libertad vigilada, la exigencia de devolver los 309 millones de pesos que defraudó, más una multa de 10 millones de pesos.

Aunque el escenario de Délano y Lavín podría cambiar. Esto si Enrique Aldunate, abogado del PS, o el mismo fiscal Gajardo, a la luz de los nuevos antecedentes, amplían la querella por fraude tributario, e incluyen cargos por lavado de dinero y cohecho. De hecho, la mañana de este miércoles el abogado Aldunate concurrirá junto a un grupo de diputados socialistas al Octavo Juzgado de Garantía para ampliar la querella. En este caso, que es lo que sucedió con Iván Álvarez, ex empleado del Servicio de Impuestos Internos, la pena máxima podría ser de hasta 16 años de cárcel. 

Según Marcelo Schilling, jefe de la bancada de diputados PS, esto es lo que busca su partido con todos los responsables: “Si han incurrido en delitos que merezcan pena efectiva que obligue a cumplir con cárcel, nosotros queremos que estén en la cárcel”.