Nueva querella del PS apunta a la pena máxima: la disolución del Grupo Penta
"La empresa Penta ha faltado a sus deberes de dirección y supervigilancia de sus funcionarios y ha posibilitado la concreción de delitos de soborno que han generado estos ilícitos", dijo el abogado Enrique Aldunate luego de presentar la nueva querella.
La querella presentada hoy por el abogado Enrique Aldunate (PS) en compañía de un grupo de diputados del mismo partido, intenta abrir un nuevo flanco en el Caso Penta: la responsabilidad penal de la personalidad jurídica, es decir la empresa, por “facilitar” los delitos de cohecho y soborno entre funcionarios de Penta y ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Si la justicia acoge esto, la pena máxima sería la disolución del grupo liderado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
“Esto habilita que funcione el mecanismo previsto en la ley 20. 393 sobre responsabilidad penal de la persona jurídica. La empresa Penta ha faltado a sus deberes de dirección y supervigilancia de sus funcionarios y ha posibilitado la concreción de delitos de soborno que han generado estos ilícitos”, dijo el abogado querellante Enrique Aldunate.
Luego de presentar la querella ante el octavo juzgado de Garantía de Santiago, el diputado de ese partido Juan Luis Castro agregó que “el actual escenario permite pensar que existía un modelo empresarial para ejercer influencia sobre funcionarios públicos y políticos”. Sobre la pena que arriesga la empresa ante esta situación, Aldunate explicó a El Dínamo que “va a depender a las penas que estén vinculadas a los hechos de Penta. Si son delitos tributarios reiterados, como posiblemente podría ser la obtención fraudulenta de devoluciones, eso podría habilitar un caso extremo donde se aplica la máxima sanción de esta ley que es la cancelación de la persona jurídica o la disolución de la empresa en concreto”. La pena mínima sería una multa según si se establece que es un delito o un crimen.
