Parlamentarios logran acuerdo para reconocer el agua como bien público

Interés público por sobre el lucro y un Estado garante del agua como elemento para la subsistencia y la preservación ecosistémica fueron dos de los principales acuerdos a los se llegó esta semana en la Comisión de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación de la Cámara de Diputados.

Las indicaciones, presentadas por los diputados Cristina Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC), Daniel Núñez (DC) y Matías Walker (DC), fueron aprobadas unánimemente por los parlamentarios presentes, dando cuenta de la dificultad que han tenido la UDI y RN para detener las reformas que buscan terminar con la mercantilización de la gestión del agua en Chile, instituida en el Código de Aguas desde 1981.

Tanto la sesión del lunes en Santiago como la del miércoles en Valparaíso tuvieron un lento avance dadas las constantes precisiones que solicitaron los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma (en reemplazo de Andrea Molina) y Sergio Gahona, a quienes en varias ocasiones se les acusó de querer dilatar las votaciones.  El director de la Dirección General de Aguas, Carlos Estévez, debió explicar conceptos como “subsistencia” y “preservación ecosistémica”, que generaron preocupación en los congresistas de la UDI.

A pesar de esto, se aprobaron los artículos e indicaciones que reconocen legalmente las diversas funciones del agua: subsistencia, preservación ecológica y productiva,  y que mandatan  un orden de prioridades  para consumo humano,  saneamiento y usos domésticos de subsistencia, para el otorgamiento y/o limitación de su aprovechamiento. Se estableció además que cuando se conceda agua para consumo humano y saneamiento, esta no se podrá utilizar para otros fines.

Para la diputada Cristina Girardi la votación de estas reformas al Código de Aguas permiten “ir dejando atrás la actual visión eminentemente mercantil del agua para avanzar hacia una gestión  más integral, en base a los derechos humanos, la subsistencia y la protección de las cuencas; y con un Estado que debe velar por la compatibilidad entre el uso productivo con la preservación ecosistémica”.

Adicionalmente, se estableció y aprobó una obligación a la autoridad (en este caso la DGA) quien deberá considerar la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva del agua y la situación de cada cuenca junto con “velar siempre por la armonía y equilibrio  entre la función de preservación ecológica  y las funciones productivas”.

Dentro de las nuevas atribuciones del Estado se aprobó la constitución de reservas de agua para las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, incluidos los derechos de agua expirados o caducados. En el caso de que el consumo humano esté en riesgo y tal servicio no sea estatal, excepcionalmente y en forma  temporal se podrá entregar reservas de agua a empresas de agua potable y saneamiento exclusivamente en zonas declaradas en escasez hídrica, no pudiendo los privados incorporar esas aguas en el proceso de fijación de tarifas.  Esto último fue propuesto por los diputados Girardi, Provoste, Núñez e Insunza (PPD).