Caso Penta y la necesidad de una Asamblea Constituyente

Hace unas horas, estudiantes secundarios y universitarios nos manifestamos en la sede de la UDI, el partido más involucrado con las platas truchas de Penta. Más allá del financiamiento ilegal de las campañas, y los delitos tributarios asociados -temas de por sí de máxima gravedad-, lo que se pone en entredicho es según qué intereses harán política los involucrados. ¿Pondrán por delante el bien común, o privilegiarán devolver los favores de sus financistas? Obviamente, tendrán un fuerte incentivo a realizar lo segundo. Si no, para la próxima elección van a tener que ir a tocar otras puertas…

Quienes ponen la plata lo saben, y a la afinidad ideológica con quienes históricamente han defendido sus intereses, se suma el que hacen valer las lucas “invertidas” cuando se discute algo que amenaza sus negocios. Muestra de lo anterior es el correo enviado por uno de los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín, al hoy presidente de la UDI, diputado Ernesto Silva, cuando el año 2013 se proponía el llamado “IPC de la salud”, tema sensible para una empresa que posee clínicas e isapres.

Por eso, fuimos a la sede de la UDI a exigir que los parlamentarios financiados por Penta se inhabiliten en sus funciones. No hacerlo es decirnos en nuestra cara que los intereses de los empresarios serán más importantes que los del resto de la ciudadanía a la hora de definir las leyes que nos regirán a todos.

Esto cobra especial relevancia en lo referido a la discusión sobre educación: como mostró un reportaje de Ciper, los intereses de Penta en educación son directos, como controladores de la Universidad del Desarrollo.

Pero hay una discusión más de fondo, que se abre -o más bien, continúa- a partir del escándalo de Penta. Tenemos un sistema político en crisis, alejado de los intereses y el sentir de las mayorías. En este contexto, es más urgente que nunca emprender con fuerza un paquete de reformas que de por superada la democracia de la transición, donde los límites de lo posible fueron claramente demarcados por Pinochet, Guzmán y compañía.

Un paso adelante, sin duda, es el fin al sistema binominal y con ello de la exclusión de las minorías y del poder de veto de la derecha. Lo que viene debe ser una reforma al financiamiento de la política, poniendo fin a la perversa relación entre capital y política, que implica el secuestro de las instituciones democráticas por parte de los grupos económicos.

Pero lo anterior no basta. La obra maestra de Guzmán, el principal pilar sobre el que se institucionalizó el modelo neoliberal y la democracia “tutelada”, es la Constitución de 1980. Su reemplazo por una Constitución verdaderamente democrática es la condición necesaria para superar la herencia dictatorial.

En las actuales condiciones, este requisito se cumplirá si el mecanismo para definir una Nueva Constitución es la Asamblea Constituyente. No solamente porque cualquier deliberación según las reglas de la actual Constitución posee ilegitimidad de origen, sino además porque no podemos entregar la elaboración de la Nueva Constitución a un Congreso Nacional con buena parte de sus integrantes cooptados por los intereses de los grandes grupos económicos.

En su momento más complejo, la UDI puede estar cavando su propia tumba o, al menos, la de su máxima obra: el caso Penta nos muestra de la manera más nítida posible la necesidad de las fuerzas democráticas de luchar por una Asamblea Constituyente, como herramienta para terminar con el legado de la dictadura. Los estudiantes caminaremos en esa dirección.