¿Aborto legal o la esperada salida?

El proyecto de ley que repone el aborto terapéutico en Chile –vigente entre 1931 y 1989–, firmado el 31 de enero por la Presidenta Michelle Bachelet, se sostiene en un eufemismo comunicacional de doble significación, muy propio del pseudo progresismo del Chile actual. Por un lado, la ceremonia se realizó frente al ya tradicional lienzo celeste que contiene la idea fuerza del respectivo acto gubernamental, y por otro, la absoluta omisión en boca de la Mandataria del término “aborto”.

El ya mediático lienzo que debutó en las primeras intervenciones de Bachelet 2.0, con el cual sus asesores comunicacionales pretenden redundar el mensaje presidencial más allá del hartazgo, mediante una tipografía híper legible, fue concebido –qué duda cabe– como recurso nemotécnico para que la ciudadanía alienada grabara en su retina el sentido y alcance indelebles de las palabras del gobierno. Pues bien, en el caso del lienzo del último sábado en el Patio de Las Camelias, el mensaje escrito, igual que las palabras de la Mandataria, fueron un panegírico eufemístico del aborto. ¡Era que no!

En rigor, más que un proyecto de ley, en esta oportunidad el gobierno envía al Congreso una papa caliente, tanto, que ni siquiera la propia Presidenta se atreve a verbalizar la palabra “aborto”. En efecto, ella misma omite ex profeso –tal como su poco creativo liencecito– ocupar la palabra “aborto” para referirse al aborto, escondiéndolo tras un título rimbombante, todo un acierto comunicacional: “Proyecto de Ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos específicos”, y luego explicando sus tres patas: “riesgo vital presente o futuro de la madre; cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina; cuando el embarazo sea resultado de una violación. Para este último punto se establece un plazo máximo de 12 semanas de gestación, las cuales se extienden a 18 en el caso de menores de 14 años”.

Enviar un proyecto de ley sobre aborto y no reconocerlo con toda sus letras, podría tener múltiples interpretaciones. Que al Ejecutivo no le conviene ofender la hipersensibilidad de quienes se oponen al aborto en todas sus formas y circunstancias, vereda en la que reside el conservadurismo criollo a ultranza, incluidos los fundamentalismos religiosos de diverso cuño, y también quienes defienden la vida desde una óptica secular; también puede ser una estrategia propia del carácter consensual del gobierno en este tipo de materias, donde más que la factura de una legislación moderna y funcional, se pretende seducir al adversario político con un producto de baja calidad legislativa, a cambio de otros proyectos futuros más “convenientes”, y de paso, darle el gusto al electorado que votó por un gobierno “reformista” y hacedor; y por último, una tercera interpretación del eufemismo gubernamental, sea –quién sabe– el verdadero propósito subtextual, tras la reposición del aborto terapéutico, amparado “en los compromisos que Chile tiene con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, y que no podemos seguir rehuyendo”, en palabras de Bachelet, esto es, en virtud de las libertades individuales, despejar el camino al aborto a secas, como en otros países, y homologarlo al final del día, a la extracción molar, o en buen chileno, proveer una salida (solución) legal a quienes se “condorean”, o que necesitan una página en blanco para reescribir una historia inmaculada, virginal que algún ingenuo compre sin preguntar nada, o una salida digna para quienes requieren de un perdonazo legal que blanquee su pasado abortivo, o un insumo inherente al progresismo; no sólo que beneficie a las embarazadas, también a los hombres que las embarazan y luego se encogen de hombros, y a los que median la “solución final” (clínicas “cuicas”, médicos sin ética, matronas, parteras, “cuchareras”).

Hablar de aborto desde La Moneda, sin verbalizarlo, equivale a hablar de dinero desde la CPC, sin mencionar la palabra “pesos”. El problema no es el aborto en cualquiera de sus acepciones, sino la forma de abordarlo como asunto de interés sanitario y valórico, pues, toda vez que se lo tome con tibieza y ligereza, con tal de cautivar votos femeninos a bajo costo, o con ignorancia inexcusable para un país lleno de mall’s y autopistas ultramodernas, y prescindiendo de la parte masculina en la gestación, es muy probable que se acabe creando una norma inocua y vulnerable, que sólo sirva para poblar las cárceles de pobres.

Hoy en Chile el aborto se acota sólo a las posturas extremas entre quienes no aceptan ninguna de las tres causales contenidas en la iniciativa del gobierno, y las de los partidarios que aplauden a pie juntillas el proyecto, sin peros. Sin embargo, la discusión debiera incluir otras variables, como aquella que entiende que, tanto la inviabilidad del feto, como el riesgo vital de la madre, poseen sustento lógico y científico, y por tanto, debiera legislarse a la brevedad sobre ello, pero también debieran ser considerados en la discusión quienes cuestionan la causal de la violación como argumento abortivo, pues, en rigor, éste contradice a las dos primeras causales, ya que por ser producto de una violación, un embarazo no se vuelve inviable, ni tampoco pone en riesgo la vida de la madre. Escuchar a los padres de las criaturas concebidas resulta imprescindible, no obstante su nula mención en el proyecto del Ejecutivo, como si los seres humanos fueran pepitas de zapallo que crecen de un día para otro en el útero.

Por qué no legislar por separado cada una de las causales, para no mezclar peras con manzanas. ¿Por qué continuar sirviendo la tendencia de la aglomeración, eso de echarle a la cundidora, y no reestudiar conceptos como “inviabilidad fetal”, “riesgo vital” y “violación”; “paternidad responsable” en distintos proyectos?, ¿acaso no sería mejor restablecer la pena de muerte para los violadores, en vez de condenar a muerte a un feto de 18 semanas de gestación? Si el propósito de democratizar el acceso al aborto no va a acompañado de una eficaz distribución del ingreso, queda claro que las mujeres pobres serán las únicas estigmatizadas en consultorios y hospitales públicos. Las “cuicas” seguirán abortando vía isapres. Las maternidades se llenarán de embarazos inviables, que por arte del legislador, se transformarán en simples cirugías.

El mensaje presidencial asegura que “gran parte de los organismos de Naciones Unidas han hecho numerosas recomendaciones al Estado de Chile, considerando que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo constituye una violación al derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica de las mujeres”. Sin embargo, es muy probable que de convertirse en ley, este proyecto acabe siendo un traje a la medida para quienes buscan en el aborto la solución a su descuido irresponsable, a su mal cálculo, pues, con excepción de las dos primeras causales (inviabilidad fetal y riesgo vital materno), muchas mujeres terminen acusando de violación a sus parejas, mientras que otras se sientan con el derecho a determinar en la privacidad de la consulta de algún médico inescrupuloso, la “inviabilidad” de su embarazo, o peor aún, no faltará quien se lance de un puente, o se tome una caja completa de misotrol, amparada en el respeto de los derechos humanos por parte del Estado chileno, en virtud de la obligación que éste tiene de “crear las condiciones en las cuales esta decisión pueda tomarse para favorecer el despliegue de la vida humana en su más amplio sentido”, según el mensaje tras el lienzo.