La nueva izquierda y el peligro totalitario
El rol público de la UC no debería ser ni cuestionado cuando se opone a realizar un aborto, es más, una sociedad verdaderamente pluralista celebraría que existan instituciones que teniendo una identidad determinada quieran servir a la comunidad.
José Francisco Lagos es Presidente de la Fundación Chile Siempre
Estos últimos días el debate público ha estado marcado por la discusión sobre el aborto. Sin embargo, una de los temas que más ha llamado la atención son las declaraciones del Rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, donde planteaba que en la Red Salud UC no se realizarían abortos.
Tras estas palabras vino una reacción en masa desde el Gobierno y parlamentarios del oficialismo, pero las que más me llamaron la atención fueron las de la llamada “bancada estudiantil” que no contentos con discrepar con el rector, cuestionan el financiamiento público no tan solo de la Red Salud UC sino que también de la misma Universidad Católica si es que en dichas instituciones no se realizan abortos.
Lo anterior es especialmente grave considerando que dichas voces representan a una “nueva izquierda”, no tan solo por su edad sino que también por sus ideas, y es una antesala de las discusiones que se vendrán en varios temas más. Lo que más preocupa es esa actitud con claros tintes clasistas y totalitarios.
Clasista porque es bueno saber qué significa en la práctica quitarle los fondos públicos a la Red Salud UC, y es simplemente impedir que la gente que tiene Fonasa se pueda atender en los recintos de la Universidad, ya que los únicos fondos que entrega el Estado es el copago que entrega Fonasa cuando las personas eligen estos recintos. En fácil, solo se podrían atender en la Red Salud UC aquellas personas que tengan para pagar una Isapre, algo bastante injusto considerando que del total de pacientes que se atienden en los recintos de la UC, un 70% lo hace con Fonasa.
Los más extremistas dicen que incluso a la UC no se le deberían entregar recursos públicos si se niegan a realizar abortos, lo que significa, entre otras cosas, que los estudiantes que no podamos pagar el arancel completo de la universidad no podamos elegir esta institución, tan solo porque algunas personas han determinado que no debe ser así.
En segundo lugar, es una posición totalitaria. Un gobierno de turno no puede simplemente impedir que las personas elijan algunas instituciones porque no siguen su ideología. El rol público de la UC no debería ser ni cuestionado cuando se opone a realizar un aborto, es más, una sociedad verdaderamente pluralista celebraría que existan instituciones que teniendo una identidad determinada quieran servir a la comunidad. No respetar lo anterior representa una similitud a varios de los totalitarismos que vimos en el siglo XX.
Dos son los argumentos que más me ha tocado leer y escuchar que son: nadie está por sobre la ley y que las instituciones no tienen objeción de conciencia.
A decir verdad, para esta discusión el primer argumento simplemente es malo, porque cuando el tema de fondo es que se trataría de una ley injusta, no se puede simplemente privilegiar la coerción del Estado para ganar el debate. Todos los totalitarismos, como el fascismo, el nazismo y el comunismo precisamente argumentaban amparados tan solo por la coerción estatal, muchas veces realizando políticas abiertamente injustas, como la persecución a los judíos en Alemania. Pero dicho argumento no tan solo se da en regímenes totalitarios, también en algunos que podríamos definir como democráticos, por ejemplo la esclavitud en Estados Unidos, estaba amparada legalmente.
El segundo argumento, que “las instituciones no tienen objeción de conciencia”, es simplemente falaz, porque lo que se discute es la identidad de las instituciones y que las personas que deciden trabajar ahí responden a esa identidad, particularmente en la Universidad Católica donde todos los funcionarios han firmado una declaración de principios donde este tema está claramente especificado. Por esa razón el Rector habla con total autoridad por todos sus funcionarios, ya que ellos libremente han adherido a ese convenio.
Por último, es curiosa la contradicción de algunos que hacen mención en que la ley de aborto se trata de una ley permisiva, que busca simplemente no penalizar a las mujeres ni a los médicos que lo practiquen, sin embargo al mismo tiempo quieren darle una interpretación imperativa para las clínicas y hospitales que se oponen a realizar la acción matadora contra el que está por nacer, sin importarles la identidad de dichas instituciones.
El debate del aborto está abierto y debemos reconocer posturas que bajo banderas de igualdad y diversidad esconden clasismo e imposición. Matar niños inocentes siempre es injusto. Castigar a las instituciones que se nieguen a dar muerte a esos niños es simplemente inaceptable, y parece más persecución religiosa que búsqueda del bien común.
