La paradoja de la UC: Financiamiento estatal para una agenda de la elite

Durante las últimas semanas el país ha sido testigo del creciente protagonismo adquirido por la Pontificia Universidad Católica -nuestra casa de estudios-, en el debate público. A través del rector Ignacio Sánchez -y luego respaldado por el presidente FEUC, Ricardo Sande-, se han defendido posiciones sumamente conservadoras, de rechazo irrestricto a todo cambio que suponga una amenaza a su ideario e intereses particulares. Y aunque lamentablemente estamos acostumbrados a que nuestras autoridades definan posturas lejos de una deliberación democrática, como parte de la Comunidad UC, no podemos ser ajenos a este debate, pues se habla en nuestro nombre.

Sabemos que esta situación no es nueva: recordemos que ante la pregunta por el tipo de trato que establecería la Reforma Educacional para las diferentes instituciones educativas, nuestro Rector defendió el rol público de los planteles privados, sin sujetarlo a requisito alguno, para así justificar su derecho a reclamar -en materia de financiamiento- el mismo trato que un plantel estatal. Incluso afirmó que la prioridad de esta reforma debería ser la calidad, y no la gratuidad universal de la educación, creando una falsa dicótoma y oponiéndose a una de las demandas del movimiento estudiantil más sentidas por el país.

Esta forma de proceder se ha visto reforzada con el envío del proyecto de ley de Aborto Terapéutico al parlamento, el cual busca legislar para despenalizar la interrupción del embarazo ante tres situaciones específicas, como son la inviabilidad del feto, riesgo vital de la madre y violación, desde donde nuestro rector se ha incorporado al debate nacional declarando que: “En nuestra red UC Christus no se harán abortos, nuestros principios y valores más profundos no van a cambiar por un determinado proyecto de ley”, para luego advertir a los funcionarios de la Red de salud Christus UC que “(…) si hay profesionales que están disponibles para realizarlos, deberán ir a trabajar a otros lugares”, poniendo en jaque cualquier posibilidad de disidencia entre los propios trabajadores.

Además de ser ajenos a las decisiones que toman las autoridades respecto de las posiciones públicas que defiende nuestra universidad, somos testigos de una serie de prácticas que expresan la falta de democracia interna: el trato que la UC ha tenido con sus trabajadores ante conflictos sindicales de envergadura; sumarios que en lugar de ser procesos justos para resolver los conflictos con imparcialidad y en miras de una mejor convivencia , acaban siendo herramientas de persecución política; o la ofensiva contra escuelas como Trabajo Social, con conflictos por la falta de democracia interna y desvalorización de su carrera; y finalmente, el acoso, persecución y despido injusto de docentes, cuyo ejemplo más reciente ha sido el de Patricio Miranda, académico de la Facultad de Ciencias Sociales, destacado a nivel latinoamericano, y desvinculado de la universidad bajo la cláusula de “necesidades de la empresa” sin otra explicación convincente.

Nada ha sido casual, pues todo esto apunta a reforzar la cultura del miedo en la Universidad, funcionando como una forma de autocensura de la diferencia y el debate, que facilita el predominio del conservadurismo. De este modo, además del ambiente hostil y la persecución que se vive al interior de la UC, vemos como en el debate público nuestra universidad toma posiciones inflexibles y reaccionarias, de rechazo a todo cambio considerado contrario a una determinada interpretación de la catolicidad; situación que se vuelve crítica este 2015, año clave para la definición del carácter de la Reforma Universitaria.

Tomemos en cuenta también las declaraciones del gremialista, Ricardo Sande, actual presidente de la FEUC, quien apoyó los dichos del rector Sánchez y avaló la supuesta identidad católica que debe tener la UC.  Esto deja a la luz una suerte de bloque que hablará públicamente a nombre de todas y todos nosotros; de modo que la única forma de garantizar el debate será el fortalecimiento de la discusión, participación y organización de los demás miembros de la comunidad UC -nos referimos tanto a estudiantes, como trabajadores y trabajadoras-.

No se trata de deslegitimar las posiciones de las autoridades de la UC solo por el hecho de ser contrarias a los cambios. Lo que hoy cuestionamos, es la forma en que se toman decisiones que implican a todos quienes somos parte de la UC, sin que exista garantía alguna de debate interno. Rechazamos que a partir del carácter pontificio de la UC y la supuesta defensa de sus principios, se nos imponga una identidad católica inalterable, y se nos llame a no interferir. Quiénes hoy manifestamos nuestro descontento, no sólo exigimos la posibilidad de debate, sino que también creemos firmemente que existen formas cristianas diferentes de hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo, formas que en lugar de atrincherarse en la condena moral, permiten abrirnos al mundo; a la sociedad a la que supuestamente servimos.

Una universidad que despide profesores por necesidades de la empresa y que no permite la participación de su comunidad sobre las decisiones que se toman, no puede servir a Chile, sino a una minúscula parte del país. Esa universidad no es la que queremos ni la que soñamos. La UC que queremos, es aquella que se vincula con los debates y necesidades del país, y se hace cargo de lo que este nos exige, una UC dialogante y abierta.

Invitamos a todas y todos a abrir el debate fraterno, pero honesto; defender el derecho a expresar las diferencias, y exigir que el rol de la UC en el debate público -educacional o no-, sea asunto de la comunidad, y no solo de unos pocos que, desde sus posiciones de privilegio y predominio, pretenden hablar por quienes hoy no aceptamos más esta situación.

 

Plataforma Crecer UC

Carla Ljubetic, Consejera Territorial Psicología

Sebastián Jouannet, Consejero Territorial Ciencias Sociales y Teología

Sebastián González, Consejero Territorial Física y Matemática

Andrea Parra, Consejera Territorial Ciencias Biológicas

Isidora Ibarra, Consejera Territorial College

Loreto González, Consejera Territorial Educación

Luciano Santander, Consejero Territorial Humanidades