Financiamiento educación superior: No más discriminación

El ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, en una declaración reciente, manifestó que uno de los temas que estarán en la agenda del Ministerio será el del financiamiento de la educación superior.

Para este próximo debate resulta útil analizar el sistema que actualmente existe en Chile. Un aspecto relevante que está ampliamente compartido en quienes creemos en la diversidad de proyectos educativos, es que resulta discriminatorio el trato desigual que hace el Estado a alumnos en las mismas circunstancias, por ejemplo al elegir entre una universidad del Cruch o fuera de éste.

Un segundo gran problema, es el trato nuevamente discriminatorio por parte del Estado hacia los alumnos de la educación técnico profesional. A modo de ejemplo, la Beca Nuevo Milenio, beneficio exclusivo para la educación técnico profesional cuenta con 146.798 beneficiarios, para lo cual el Estado invierte $82.257.430.095, y para la Beca Bicentenario, que es un beneficio exclusivo para las universidades del Cruch, el Estado invierte $196.445.746.082, cuyos beneficiarios son 85.910. En fácil, el Estado invierte más del doble de recursos en la mitad de alumnos entre unos tipos de instituciones y otras. Reconocemos que un factor relevante también es que las Universidades son más caras que los IP y los CFT, sin embargo un país que quiere avanzar hacia el desarrollo debe potenciar especialmente las instituciones técnicas y profesionales.

Ante la situación anterior, estaremos de acuerdo en que se deben eliminar estos sesgos discriminatorios. Debemos avanzar hacia un sistema en que a los beneficiarios se les exijan criterios académicos y que a las instituciones que asistan cumplan parámetros objetivos de calidad, independientemente de si pertenecen o no al Cruch y si son o no una universidad.

Probablemente por los dichos del ministro Eyzaguirre podamos intuir se vendrá la discusión respecto a la gratuidad universal en educación superior, una política manifiestamente regresiva que perjudica a los más pobres y beneficia a los más ricos, además de desviar recursos millonarios que claramente podrían tener un mejor uso social.

Un sistema abiertamente inclusivo es aquel en que ningún alumno que tenga las capacidades se quede afuera de la universidad por no poder pagar, sin embargo también es de justicia que quien pueda acceder por su cuenta lo haga financiado por sí y no gracias a los impuestos pagados por todos o perjudicando a los más pobres que dejan de recibir otras prestaciones sociales por “falta de recursos”.