Bachelet instruye nueva institucionalidad: Gobierno regulará relación entre negocios y política

El comité político del Gobierno se reunió en La Moneda, oportunidad en la cual la Presidenta Michelle Bachelet instruyó a la instancia a que lleve adelante una propuesta  que genere un marco institucional que regule la relación entre lo público y lo privado.

En el encuentro participaron el vocero Alvaro Elizalde; el ministro de Hacienda, Alberto Arenas; el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre; el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy; la ministra de Segpres, Ximena Rincón; y el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y también se revisaron los proyectos presentados por el Ejecutivo en el último tiempo, como son la reforma tributaria y educacional.

Sin embargo, las polémicas generadas por el caso Penta y la situación vivida por Sebastián Dávalos y su esposa, el llamado “Nueragate”, hicieron que el Gobierno pusiera su foco en el concubinato negocios-política.

Es por ello que el vocero Elizalde informó que el comité político tendrá que “elaborar una propuesta para avanzar en la creación de un marco institucional que regule la relación entre lo público y lo privado, entre la política y los negocios”.

“Vamos a tener un marco regulatorio como Chile no ha conocido hasta la fecha”, enfatizó.

Por su parte, el próximo martes se llevará a cabo un Consejo de Gabinete, mientras que el fin de semana del 7 de marzo se desarrollará una jornada de trabajo ministerial.

“A quien le corresponde evaluar la composición del gabinete es a la Presidenta de la República. No tiene sentido estar todos los días elucubrando al respecto”, expresó Elizalde al ser consultado sobre un eventual cambio de gabinete.

Los cuatro criterios básicos de la propuesta

Según consigna la edición de hoy de La Tercera, el proyecto ya definió los cuatro criterios básicos que contendrá el documento y que será entregado a la Presidenta la segunda semana de marzo.

1. Reformular el sistema con que se realizan las declaraciones de intereses de las autoridades gubernamentales, ampliando la cantidad de funcionarios que estarán obligados a emitirlas. Además, sumar más sanciones para quienes incumplan la entrega de esta información.

2. Aumentar las causales de inhabilidad para asumir o postular a cargos públicos y endurecer las penas para quienes en el sector privado hagan uso de información privilegiada.

3. Será más restrictiva la normativa que regula la permanencia de parlamentarios en sus cargos si es que incurren en ilícitos. Se sancionará el mal uso de recursos en campañas, así como también durante su gestión parlamentaria. Se crearía una superintendencia que reemplace o se coordine con el Servel para fiscalizar los procesos electorales.

4. Se fortalecerá a través de indicaciones el proyecto de financiamiento a la política presentado por el Ejecutivo en diciembre del año pasado y se realizarán modificaciones a la actual ley de lobby.