Política S.A: las medidas para sortear la crisis por el concubinato entre dinero y política

Si hace años las cifras de credibilidad en las instituciones y los políticos eran bajas, el caso Penta y el caso Caval parecen terminar por derrumbar ese castillo de naipes en que se había convertido la confianza ciudadana hacia la política. “Hoy día se ha perdido la credibilidad en las instituciones. Lo que ha pasado en el último tiempo ha sido penoso para el país (…) Nos está pasando casi lo mismo que en Argentina. Eso no puede ser, tenemos que ponerle atajo ahora o vamos a ser igual que nuestros vecinos”, advierte Raúl Urrutia, ex presidente del Consejo para la Transparencia.

Y así lo entendió la Presidenta Bachelet, que el día martes citó al comité político de ministros y les pidió crear una propuesta que regule la relación entre la política y negocios. Fue tal la urgencia de la convocatoria, que el ministro Peñailillo tuvo que interrumpir sus vacaciones para poder estar presente.

La propuesta, que estará lista en la segunda semana de marzo, contempla varios puntos para transparentar la relación entre dinero y política, solucionar problemas de conflictos de interés, y aumentar las sanciones para autoridades involucradas en ilícitos.

Uno de ellos, es reformular el sistema que regula la declaraciones de intereses de las autoridad. Para esto, se establecerá que más personas del aparato público estén obligadas a hacer declaración de intereses, incluyendo, por ejemplo, a quienes desempeñen el cargo de “Director Sociocultural de la Presidencia”, como lo hizo Sebastián Dávalos hasta hace algunas semanas.

Pero ¿cuáles son los flancos abiertos que permiten realizar ilícitos en el concubinato entre negocios y política? De la política como negocio familiar a el “hoyo negro” de las asignaciones parlamentarias, acá un panel de expertos abordan la problemática y analizan las soluciones.

Política S.A

“Hoy se declaran las sociedades donde participan las autoridades, los parlamentarios, ministros u otros, pero la información que se declara es insuficiente. Porque uno dice yo tengo un 50% de participación en la sociedad X. Y eso no dice nada. Es imposible saber si hay un conflicto de interés porque ni siquiera se sabe a qué se dedica esa sociedad”, dice María Jaraquemada, directora de Ciudadano Inteligente.

La directora de la ONG explica que hoy, si una autoridad omitiera alguna sociedad, “como pudo pasar en el caso Dávalos”, es muy difícil saberlo. “Uno tiene que comprarse la base de datos del Diario Oficial, cruzarla con la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, compararla con la de registro de Comercio y esa no es la idea. La idea es que cualquier persona que tome una declaración pueda tener la información de manera inmediata y no hacer un trabajo de investigación exhaustivo”, dice.

Raúl Urrutia, ex presidente del Consejo para la Transparencia: “Yo le pregunto a todos los parlamentarios, ¿cómo han obtenido su financiamiento? Le puedo asegurar que con el mismo sistema irregular que se está descubriendo ahora”

José Antonio Viera-Gallo, presidente de Chile Transparente, coincide con el punto y cree que debiese ponérsele “suma urgencia” al proyecto que exige el fideicomiso ciego y regula la declaración de intereses de autoridades públicas. “No sé si el caso (Caval) se pudo haber evitado, pero al menos con una mejor legislación hubiese habido un instrumento más claro para eventuales sanciones”.

La política como negocio familiar

Otra de las iniciativas del Ejecutivo será aumentar las causales de inhabilidad para asumir o postular a cargos públicos. En este punto los expertos difieren. Raúl Urrutia, ex Presidente del Consejo para la Transparencia, cree que los criterios existentes ya son lo suficientemente claros. Mientras que María Jaraquemada, dice que si bien en la administración pública los requisitos están funcionando bien, en la Cámara del Senado y de Diputados aún hay falencias.

“Por ejemplo, en la administración central hay limitaciones a personas que tengan litigios pendientes, que tengan contrataciones o que tengan licitaciones públicas con el gobierno. Tampoco se permite que mi jefe sea un pariente cercano mío”, dice Jaraquemada, que cree que estos requisitos debiesen aplicarse en el Congreso.

Pero también cree que la administración central debe arreglar un punto: “En el caso de Sebastián Dávalos, el cargo de Primera Dama, o su símil, no está regulado (…) Hay que avanzar en regular este cargo y que no sea más bien por parentesco. Si no que la Primera Dama, o su símil, sea un cargo más bien protocolar. Y que la persona que ejerza las funciones de la dirección sociocultural sea un funcionario como en cualquier otra partición”.

Campañas aprobadas por el Servel: ¿una prueba de blancura?

Conocida la iniciativa del gobierno, las autoridades políticas, desde la UDI al PS, apoyaron la idea y reconocieron que la situación es compleja. El presidente del PS, Osvaldo Andrade, ironizó con el desprestigio de la clase política por los casos Penta y Caval y por la poco transparente relación entre la política y el dinero, y dijo que si la situación seguía como ahora y no se hacía un cambio, en el próximo Festival de Viña “serán los políticos los que estarán como humoristas“.

Para superar esto, el nuevo marco regulatorio incluirá una fiscalización más exhaustiva de los dineros usados en campañas políticas y en la gestión parlamentaria. Algo que actualmente es materia de observación del Servel, que a juicio de expertos, no tiene las facultades necesarias para fiscalizar.

Raúl Urrutia, ex presidente del Consejo para la Transparencia: “A mí me decían que era un talibán de la transparencia.  Ante eso me pregunto, si los políticos no quieren transparencia ¿Qué quieren esconder?”

“Hoy en día el Servel tiene muy pocos recursos, no tiene la capacidad para contratar el personal necesario para fiscalizar. Y tampoco tiene muchas facultades. El Servel no puede cruzar información con el SII, con la Superintendencia de Bancos, o con cualquier otro organismo para efectivamente corroborar la información que les entregan los candidatos”, dice María Jaraquemada, por lo que aplaude toda iniciativa que lo fortalezca o complemente.

Raúl Urrutia, ex Presidente del Consejo para la Transparencia, plantea la urgencia de solucionar este tema. “Yo le pregunto a todos los parlamentarios, a los 120 diputados y 38 senadores, cómo han obtenido su financiamiento y yo le puedo asegurar que lo han obtenido con el mismo sistema irregular que se está descubriendo ahora”. Y esto, pese a que el Servel ha aprobado sus rendiciones de gastos. Por eso, plantea que junto con ampliarse la capacidad fiscalizadora del Servel, el financiamiento de las campañas debiera ser 100 por ciento estatal.

Exigir transparencia a empresas privadas

“Esto se obviaría si se dice: este dinero se va a gastar en campañas electorales y este es el dinero que va a pasar el Estado. Si usted gasta más, lo pone de su dinero personal. Obviamente debe hacer una declaración de patrimonio exhaustiva antes para saber cuánto dinero tiene. Y si llega a determinarse que ha recibido dinero de terceros, esa persona no puede asumir el cargo”, dice Urrutia. Todos coinciden en que las autoridades que hayan cometido ilícitos, o aceptado irregularidades, como el senador Moreira, debiesen en el futuro perder el cargo, tal como lo plantea el proyecto.

José Antonio Viera-Gallo, presidente de Chile Transparente: “Es necesario una transparencia activa igual que la del sector público, que hacen los ministerios, pero en el sector privado”

Pero los expertos creen que hay puntos importantes que están quedando afuera. Por ejemplo, Viera-Gallo defiende que no basta con regular la administración pública, sino que también la privada. Para eso, pretende avanzar en la transparencia de las empresas.

“Una de las cosas que se hace para mejorar esto es un índice de transparencia corporativa que incentiva que las empresas den a conocer su información sobre su gestión en su página web. Es necesario una transparencia activa igual que la del sector público, que hacen los ministerios, pero en el sector privado”, dice Viera-Gallo, que asegura que es importante revisar los temas de colusión entre las empresas.

El “hoyo negro” de las asignaciones parlamentarias

Jaraquemada dice que regular el uso de las asignaciones parlamentarias para pagar a asesores legislativos también es importante. “Uno no puede por internet acceder a las minutas o al detalle del trabajo que hacen estos asesores legislativos. Es importante tener un mayor control sobre eso. O del uso de los pasajes. Muchos usaron el dinero que entrega la Corporación para pasajes para hacer pre campaña”.

Presidenta, tiene un e-mail

Pero Urrutia va más lejos y cree que “una mayor transparencia es lo único que puede devolver la confianza en las instituciones”. Por eso, plantea que incluso los correos electrónicos enviados por las autoridades deberían ser abiertos al público. “Si la Presidenta de la República le da una instrucción a un ministro a través de un correo electrónico, ese correo es parte del ejercicio de la función pública. Uno tiene derecho a saberlo”.  

Al finalizar, Urrutia plantea una pregunta sobre la dificultad de que los políticos controlen una relación que los afecta directamente. Asegura que mientras era Presidente del Consejo para la Transparencia, muchas veces le dijeron que “era un talibán de la transparencia”.  “Ante eso, yo me pregunto entonces, si los políticos no quieren transparencia ¿Qué esconden, qué quieren esconder?