Servel mete presión a La Moneda: exige que regulación del financiamiento de la política esté aprobada en septiembre

Desde 2013 que el Servel venía planteando la necesidad de aumentar sus atribuciones, asegura el Presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría. Algunos de los puntos a revisar, dice, era la fecha desde la cual la propaganda electoral comienza a fiscalizarse; redefinir qué personas podían donar dineros a la política y quienes no; resolver si todas las donaciones debían ser públicas y asumir que el servicio debía tener facultades para investigar. “Todos esos son temas que habíamos plantado en las pasadas elecciones, que había que entrar a revisar todas esas normas. Lo que pasa es que los hechos que ocurrieron en el último tiempo lo aceleraron”, cuenta a El Dínamo Patricio Santamaría.

Y es que después de los escándalos Penta, SQM, Yategate y Caval, dondeha quedado en evidencia la relación entre los negocios y la política, colmando la paciencia de la opinión pública, el gobierno y la UDI han intentado aunar posturas en pos de un acuerdo que regule y transparente la complicada relación, para intentar salvar esta crisis institucional.  

Junto con anunciar una “comisión asesora presidencial” que estudiará medidas para regular el financiamiento de la política, la transparencia y la probidad en las autoridad públicas, el Ejecutivo se reunió con el Servel para estudiar un proyecto de ley que entregará mayores facultades de fiscalización al servicio. Y que junto con ello, lo dotará de más personal y más financiamiento. “Nosotros debemos entregarle una propuesta el quince de abril para luego poder convertirla en proyecto de ley”, explica Patricio Santamaría.

Y enfatiza: “Tan grave o quizás más grave que un incumplimiento de parte de los candidatos que han cometido un delito o  una falta en el financiamiento de su campaña, es que el organismo que está llamado a fiscalizarlos tenga las obligaciones, pero no tenga el financiamiento y el personal para cumplirlo”.

Por eso, el Consejo directivo del Servel pidió a la ministra Ximena Rincón, en una reunión privada realizada ayer, que la legislación esté lista lo antes posible, pero con una fecha límite: fines de septiembre. De esa manera, el próximo hito electoral del servicio -las elecciones primarias de las municipales- podrán ser fiscalizadas con las nuevas atribuciones del Servel.

-Todos los parlamentarios actualmente cuestionados por el caso Penta, como Iván Moreira y Ena Von Baer, rindieron cuentas ante el Servel y este aprobó su declaración. ¿Es hoy el Servel una prueba de blancura?

-No, no lo es. Hoy con las facultades muy acotadas y muy precisas que tiene el Servicio Electoral, lo que hace es recibir la declaración de ingresos que realizan los candidatos y básicamente ver los gastos revisando facturas y boletas. Lo que hace es establecer si se cumple con el límite de gasto y si es que está dentro de lo que la ley autoriza (…) La única facultad que tenemos nosotros es poder objetar aquellos gastos que están fuera del valor de mercado o se hicieron para cosas extra a la campaña.

– Usted alguna vez dijo que “no es posible que los candidatos gasten tanto… gastan mucho más de lo que declaran”. ¿Cómo el servicio fiscaliza que la declaración corresponda con los gastos electorales?

-Entre las facultades que esperamos que se nos otorguen está poder, desde el momento en que se inscribe la candidatura, hacer controles aleatorios o algún tipo de revisión de la propaganda que se está realizando. Para así poder conocer cuáles son los gastos reales de las campañas y no solo los gastos que los candidatos por sí mismos y espontáneamente deciden informar al Servel. (…) Como hoy día no están esas facultades, uno se tiene que quedar con lo que los candidatos dicen haber gastado.

-¿Demandan también facultades para sancionar?

-Estamos preparando toda una estructura que se haga cargo de fiscalizar, investigar y además de sancionar en algunos casos. Hoy día uno tiene la posibilidad de aplicar sanciones cuando el candidato no presta la rendición de cuentas, el balance, los gastos. O cuando son rechazadas las cuentas. Pero cuando se compruebe un tipo de financiamiento ilegal, un exceso de gastos respecto del límite o la no declaración de determinada propaganda, esperamos contar con las facultades para aplicar sanción. Y en aquellos casos donde sea necesario abrir una actividad judicial, o iniciar un proceso, tener al menos la facultad para hacer una denuncia ante los organismos correspondientes para que se inicien los procesos penales.

¿Esas sanciones pueden considerar que las personas que cometieron irregularidades en el financiamiento de sus campañas, pierdan el cargo?

Sin duda que también se está considerando la pérdida del escaño como sanción máxima en caso de obtención de financiamientos irregulares (…) Pero hay que ser muy cuidadosos con el debido proceso. Hay que establecer que no sea una facultad solo administrativa que tome un órgano, si no que se compruebe y se aplique la sanción.

-Entre los puntos básicos del proyecto de La Moneda, está crear una “nueva institucionalidad para fiscalizar procesos electorales, lo que se podría traducir en la creación de una superintendencia que reemplace o se coordine con el Servel”. ¿Es necesaria una institución anexa o basta con fortalecer al Servicio?

-No me gusta mucho la idea de una superintendencia sobre la base de una autoridad unipersonal, que además depende del gobierno de turno. Más bien debiera aprovecharse nuestra institución que tiene un gobierno colegiado, con un consejo nombrado por el Presidente de la República, pero ratificado por el Congreso con un 60% de aprobación, que es de carácter transversal. Y aprovechar el prestigio que tiene el Servel en el cumplimiento de sus funciones. Creemos que fortaleciendo el Servicio electoral, otorgándole las facultades y atribuciones necesarias, con la dotación de personal que se requiere y con el correspondiente presupuesto, estaríamos perfectamente capacitados para cumplir ese rol.

-¿Las fundaciones de los parlamentarios debiesen también ser fiscalizadas por el Servel?

–Sin duda, yo creo que hoy día lo que debiera tenderse es a establecer un marco regulatorio exigente, realista, pero riguroso, que regule toda esta  vinculación entre dinero y política. No solamente a través de las campañas, también debiera considerarse toda  aquella organización que en definitiva permite hacer proselitismo, hacer propaganda o de alguna forma, obtener un beneficio electoral.

-Considerando la desconfianza que existe de parte de la ciudadanía. ¿Cree que debiese transparentarse toda la información sobre el financiamiento de campañas?

-Hoy día creo que existe consciencia y acuerdo de todos los sectores políticos de que tanto los aportes públicos como privados, sean de manera transparente. Es más, en el proyecto de ley todos los aportes se van a tener que hacer a través del Servel así que vamos a poder estar controlando. Lo que falta definir y eso es parte de la discusión política, es si las empresas van a tener derecho a hacer donaciones. Pero no nos corresponde pronunciarnos.

-¿Cuándo es el plazo que pidieron  para que estos proyectos estén aprobados?

– Es razonable y nos permite enfrentar con responsabilidad el tema de las elecciones primarias, que estos proyectos estén a fines de septiembre de este año. Eso nos permite ya en noviembre implementar el proceso de primarias, municipales y posteriormente las presidenciales. Es valorable cualquier otra actividad que tienda a regular algo mayor, que excede a lo electoral, que es la relación entre política y negocios. Pero en lo electoral tenemos plazos muy acotados que hoy día le planteamos a la ministra.