Ley de Lobby: El riesgo de alejar a la ciudadanía de las autoridades locales

La entrada en vigencia de la Ley de Lobby -Nº 20.730- ha tenido como telón de fondo la transparencia de los actos públicos. Sin embargo, pareciera traer consigo -al menos a nivel local- un distanciamiento entre aquellos sujetos pasivos señalados en la misma Ley, alcaldes, concejales, directores de obras, secretarios municipales (sin perjuicio de que cualquier persona pueda considerar que un funcionario pueda ser incluido como sujeto pasivo de lobby o de gestión de interés particular), y la ciudadanía.

Hay que recordar que en la práctica es el municipio, como órgano público, el que se encuentra más cercano a la gente, y que son precisamente los alcaldes quienes mantienen un contacto directo con los ciudadanos y la comunidad en general. Para los concejales la situación no dista mucho de lo mencionado: la evidencia indica que son los ciudadanos quienes cuentan con el concejal como un intermediario entre la ciudadanía y el alcalde. En consecuencia, todas aquellas peticiones y demandas que la comunidad realice a las autoridades locales en un lugar público -en una oficina municipal o en cualquier otro espacio físico considerado como punto de encuentro para buscar lograr una decisión por parte de la autoridad- hoy se encuentran enmarcadas dentro de la ley del lobby y, por tanto, requieren ser consignadas en su respectivo formulario de registro.

Si un alcalde participa con sus vecinos en una reunión, cuando se le acerque un vecino en la calle para presentarle alguna petición o una ayuda social -prácticas comunes que se viven en la mayoría de los municipios del país-, tendrá que quedar formalizado en los formularios de registro de audiencia o reunión, puesto que lo que se busca es influir en una decisión por parte de la autoridad, tal como lo indica la Ley.

¿Qué pasará cuando alguien quiera reunirse con el alcalde sin previo aviso? ¿Qué ocurrirá en una situación de emergencia donde se deban tomar decisiones para prevenir efectos negativos? ¿Cómo sabrá un ciudadano común que deberá completar un formulario para poder tener una reunión con su autoridad? ¿Qué aplicabilidad tendrá la ley del lobby en un municipio rural, dónde gran parte de sus ciudadanos tienen bajos índices de alfabetización y no comprendan que deben rellenar un formulario de solicitud? ¿Qué pasará con los concejales cuándo se reúnan con agrupaciones sociales que les soliciten mejoras para su asociación o para la comuna? ¿O acaso los sujetos pasivos, en especial el alcalde y los concejales, deberán traer consigo una libreta de partes para rellenar formularios de lobby con cada persona que se les acerque? ¿Hemos pensado en el distanciamiento que puede generar entre nuestras autoridades locales y la ciudadanía la excesiva burocracia que traerá consigo la ley del Lobby para las municipalidades, y en especial para sus autoridades?

El espacio público de encuentro con nuestras autoridades locales, de cercanía entre alcaldes y concejales con sus vecinos y de escucha frente a las necesidades sociales, se irá limitando con el tiempo a audiencias programadas, burocráticas y muchas veces limitadas por cumplir con un formulario de registros impuesto por la ley de Lobby.
Como señala la ley, el principal objetivo de la promulgación de la Ley de Lobby es fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado. Pero también deberíamos preguntarnos si se fortalecen las relaciones entre los órganos del Estado o si se deteriorarán con el tiempo las que naturalmente se dan entre las autoridades locales y sus ciudadanos.