Sé lo que hicieron el verano pasado

Un grupo de jóvenes decide dar rienda suelta a las pasiones e instintos más ocultos en el desarrollo de un verano, que así como todos los anteriores, sería recordado de modo anecdótico por los excesos y jolgorios adolescentes. Sin embargo, la situación se escapa de las manos. El desenfreno y la ausencia de normas redundan en un accidente con consecuencias fatales. La primera respuesta natural de los protagonistas es la negación y luego la mutua asignación de responsabilidades. Pero como el instinto de salvaguarda es natural a todo individuo y grupo, la falta, finalmente deviene en omisión: un acuerdo tácito entre los involucrados donde finalmente nadie sería responsable de nada, porque nada habría sucedido. Pero tras un año, los involucrados son notificados de que alguien sí sabe lo que hicieron el verano pasado… cobrando de este modo sucesivamente revancha de los acontecimientos.

Por supuesto que se trata de otra tonta película adolescente norteamericana, pero la obviedad y tosquedad con que se aborda el tópico del modo de asumir la responsabilidad de los actos, no deja de ser aplicable a las situaciones cotidianas, ni menos a la contingencia política. El reciente periodo estival no ha sido uno más en el anecdotario político. Las típicas notas de prensa respecto de los lugares predilectos de descanso de la clase política, o sus catálogos de lecturas para sus tranquilas tardes de playa o campo, fueron reemplazadas por una inusitada figuración y traslape de políticos desde las páginas políticas y sociales de los periódicos a las páginas de tribunales.

Al parecer llegó el momento en que sí se supo lo que hicieron el verano pasado, y las notificaciones comienzan a hacerse efectivas de manera transversal al arco coalicional. Si bien Chile en ningún caso podría ser caracterizado como un país corrupto, donde el financiamiento irregular de campañas, el tráfico de influencias, el patrimonialismo y la prebenda constituyen la norma, el clima de opinión permite instalar la inquietud respecto de la existencia de un previo acuerdo tácito respecto de ciertas prácticas empleadas a sabiendas en la acción política, pero que nadie estaba dispuesto a revelar.

Pero así como en aquella tonta película americana, el ajuste de cuenta más preocupante no vendrá de las instituciones formales, por mucho que las sanciones ejemplificadoras sean relevantes. El ajuste de cuentas vendrá de los propios ciudadanos. Nadie sabe muy bien en qué grado la actual crisis de confianza operará como catalizador del naciente proceso de desafección, pero parece muy ingenuo el pensar que todo volverá a ser como antes. El nivel de sobreexposición, difusión y repercusión de los escándalos está lejos de ser el de antaño, y con nuevas fórmulas electorales, ley de partidos y voto voluntario, no faltará el liderazgo oportunista que capitalice los desafortunados actos que nuestros políticos hicieron el verano pasado. Esperemos que a diferencia de la mencionada película, no sea un verdugo, el que venga a arrasar con nuestras instituciones.