Judicializar la política; la diferencia entre lo legal y lo ético.
Los partidos y los movimientos políticos tenemos la oportunidad histórica de dar un corte temprano a un mal horroroso como es el de manejo ilícito y no ético de recursos y financiamiento, pero sólo se podrá lograr si existe la determinación suficiente como para tomar reales determinaciones en contra de quienes engañaron primero a las personas, y luego al sistema.
El reciente escándalo Caval-Dávalos y el caso Penta no sólo ha generado un tremendo descontento social hacia ciertos sectores de la clase política, sino que han destacado la importancia que le da la gente a la diferencia entre dos conceptos muy ligados pero a la vez muy distintos; lo ético y lo legal.
Estos dos lamentables episodios han demostrado que la opinión de la gente es unánime a la hora de expresar que no es necesario que existan leyes que regulen todo tipo de comportamiento para que la gente haga lo que es correcto y, que el famoso “esperemos que los tribunales determinen”, no es más que un intento de escapar de toda responsabilidad moral, como si en verdad creyeran que “si no es ilegal, no es correcto”.
Pero penosamente el descontento, la impotencia y la discrepancia ética entre la gente y quienes son participes y cómplices de hecho de estos actuares no se detiene ahí. La falta de autocritica y fiscalización cruzada entre los implicados en ambos casos da a entender la existencia de una clarísima colusión o “arreglin” para evitar el crecimiento del problema y el consiguiente juicio público al respecto.
Mientras la Alianza no tome real carta en el asunto, con decisiones claras sobre las personas involucradas en el caso, no tendrán la altura ética necesaria para cumplir rol de un fiscalizador eficiente, y por su parte, el ejecutivo tampoco tendrá autoridad moral alguna para apuntar los financiamientos irregulares de algunos sectores de la Alianza, mientras no tomen acciones claras, prontas y de frente a la ciudadanía sobre el caso que afecta al hijo de la presidenta y a miembros de la Nueva Mayoría.
Lo dije antes y lo seguiré repitiendo. Primero como ciudadana, luego como Senadora y miembro fundador de Amplitud, condeno tajantemente todos los hechos irregulares que se han conocido últimamente en cuanto a política y su financiamiento. Rechazo la complicidad activa y pasiva que ha existido y estoy en contra de todo tipo de “arreglin” o salida alternativa y espero que la justicia y todas las instituciones correspondientes funcionen como deben, pero por sobre todo que impere la ética y la moral y quienes obraron de mala manera, ya sea mintiendo o haciendo actos indebidos, lo reconozcan y asuman todas las consecuencias del caso.
Espero que, habiendo sido conocida la medida cautelar que deberán cumplir los principales acusados del caso Penta, se inicie un período de revisión interna no sólo en el mundo privado, sino que en el público. Los partidos y los movimientos políticos tenemos la oportunidad histórica de dar un corte temprano a un mal horroroso como es el de manejo ilícito y no ético de recursos y financiamiento, pero sólo se podrá lograr si existe la determinación suficiente como para tomar reales determinaciones en contra de quienes engañaron primero a las personas, y luego al sistema.
