Caso Caval: fiscalía envía antecedentes al CDE para investigar si funcionarios públicos cometieron delitos
La información enviada habría llegado a la procuraduría del CDE en la VI región y ya habría sido derivada a las oficinas ubicadas en Santiago para que sea analizada por el Comité Penal del organismo.
Por orden de Luis Toledo, la Fiscalía Regional de Rancagua le envió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) los antecedentes de la investigación en torno al caso Caval ante la eventual comisión de delitos por parte de funcionarios públicos. Hasta ahora, el órgano persecutor indaga una posible negociación incompatible y la revelación de secreto, aunque la figura penal del cohecho y soborno podrían rondar la indagatoria, según informó The Clinic Online.
La información enviada habría llegado a la procuraduría del CDE en la VI región y ya habría sido derivada a las oficinas ubicadas en Santiago para que sea analizada por el Comité Penal del organismo.
Cabe recordar que Toledo investiga eventuales delitos en la entrega del polémico crédito de 6.500 millones que entregó el Banco de Chile a la empresa de Natalia Compagnon tras sostener junto a Sebastián Dávalos una reunión con el vicepresidente de la institución, Andrónico Luksic, y en la compra de los terrenos en Machalí que se realizó con este dinero.
Luego, Caval vendió los paños a la empresa de Hugo Silva, Silca, por $9.500 millones y así pagar el préstamo, quedando con una ganancia de $2.500 millones de pesos. Pero esta semana fue el mismo Toledo quien confirmó que la transacción aún no se concretaba debido a que a raíz de la investigación que lleva a cabo, Silva se querelló en contra de la sociedad por estafa. Según sostuvo, la empresa gestó la venta sabiendo que el caso estallaría en la prensa y aceleró la compra usando información privilegiada.
El fiscal indaga la posibilidad de que la empresa de Compagnon haya logrado obtener información reservada de parte de la Municipalidad de Machalí respecto a dicha modificación. Ello, porque entre las investigadas está Cynthia Ross, asesora de la sede comunal, quien redactó un informe para Caval, dando cuenta de las ventajas del terreno y que se modificaría el uso de suelo en un corto plazo. Ross es sobrina y asesora de Patricio Weisner, el dueño de los predios que compró Caval. Weisner debía vender los terrenos, ya que la sociedad familiar a la que pertenecían había quebrado.
Esta diligencia se suma a la querella presentada por los diputados de RN, Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards, por violación de secreto y negociación incompatible en el marco del caso Caval y se extiende contra todos los funcionarios públicos que resulten responsables de estos delitos.
