Ex abogada del SII que destapó Fraude al FUT: "Hay antecedentes suficientes en caso SQM para una denuncia. Lo que está haciendo el SII es incomprensible"
Que el Servicio de Impuestos Internos presente o no una querella contra la empresa Soquimich es lo que tiene, por estos días, parada la investigación de la Fiscalía para indagar en la emisión de boletas ideológicamente falsas. Y la abogada penalista lo sigue de cerca. La razón: Marisa Navarrete fue quien destapó el caso fraude al FUT en 2013, cuando trabajaba en Impuestos Internos. Meses después el caso escalaría a niveles que la abogada nunca imaginó, desenredando una madeja que incluye al caso Penta y sus más variadas aristas, entre ellas la de SQM. Las pocas acciones que han realizado el órgano en esta materia "hace que se limiten las posibilidades del Ministerio Público y haga peligrar una investigación de esta naturaleza", dice.
Cuando el director del SII, Michel Jorratt, informó ayer los planes de fiscalización que realizará el organismo, la verdadera atención estuvo centrada en otra área. En su posición frente a la arista SQM, el spin off de la serie llamada Penta, que amenaza con convertirse en todo un drama. Esa caja de Pandora que se sospecha, podría destapar casos de financiamiento irregular de campañas políticas en todo el espectro: de la Alianza a la Nueva Mayoría.
Es precisamente el SII el único que tiene la llave para abrir esa caja. Es dicho organismo, el que debe querellarse para que la Fiscalía pueda investigar. Eso hizo en el mes de enero, cuando el SII anunció que solicitaría investigar toda la documentación contable de SQM entre 2009 y 2014. Pero luego el SII decidió retroceder, restringiendo la solicitud de la información contable de SQM solo a un mes: julio de 2009. Aún así aparecieron boletas relacionadas con una ex asesora del senador Fulvio Rossi y del hijo del diputado Roberto León, quienes señalan que las boletas corresponden a servicios que sí se entregaron.
Ante esto, el lunes de esta semana la Fiscalía decidió tomar la iniciativa: los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena -parte del equipo de Sabas Chahuán- visitaron las oficinas de SQM para pedir la entrega voluntaria de la documentación contable entre 2009 y 2014. La respuesta de la minera llegó el miércoles de mano del abogado Samuel Donoso, quien en representación del gerente general de SQM, Patricio Contesse, interpuso un recurso ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, para frenar la entrega de información contable de la empresa al Ministerio Público.
Ese mismo día, la empresa SQM se desmarcó de la acción judicial de su propio gerente, señalando que evaluaría la solicitud de la Fiscalía sobre entregar dicha información contable. El giro se explica por lo que quedó en evidencia ayer jueves: los quiebres al interior del directorio de SQM. Mientras una parte minoritaria del directorio declaró estar por “entregar voluntariamente y a la brevedad” la información requerida por Fiscalía, el grupo cercano a Ponce Lerou impuso su postura: en votación dividida, el directorio de SQM resolvió “solicitar un informe independiente en relación con la solicitud de entregar de manera voluntaria, y en conformidad con las leyes vigentes, la información requerida por el fiscal Sabas Chahuán”.
Paralelamente, el director del SII, Michel Jorratt, habló ayer ante la prensa. Y “tiró la pelota” al lado de la Fiscalía, señalando que consideraba “insuficientes” los antecedentes del Ministerio Público para presentar una querella contra SQM. Incluso, el director del SII descartó alguna presunta presión del Ejecutivo, aludiendo a su vínculo con el comando de Michelle Bachelet durante la campaña. Eso sí, reconoció que podía evaluar inhabilitarse si en el caso SQM hay algún personero de Gobierno o de la Nueva Mayoría involucrado.
“Aquí hay antecedentes suficientes para al menos interponer una denuncia. Lo que está haciendo el Servicio es incomprensible“, afirma la abogada Marisa Navarrete
Una opinión diametralmente distinta tiene Marisa Navarrete, la abogada que destapó el caso fraude al FUT en 2013 cuando trabajaba en Impuestos Internos. Sobre las presiones, en entrevista con El Dínamo señala que cuando trabajó al interior del SII fue testigo que “de forma indirecta uno podía apreciar ciertas situaciones que no se condecían con la actuación regular de un funcionario público“, a lo que añade que “cuando habían situaciones que a uno le podían parecer sospechosas, se decidía de arriba que no se hicieran nomás“. Lo que finalmente se traducía en dejar de investigar.
-En la arista SQM del caso Penta Impuestos Internos determinó, en primera instancia, investigar la documentación contable de la empresa del 2009 al 2014, pero después lo acotó solo a julio de 2009. ¿A qué atribuye ese cambio y al hecho que ahora no presente ninguna querella?
-Eso es absolutamente irregular porque ellos mismos son los que primero señalan algunos años y luego las acotan. Alguna justificación tendrán que tener para hacer aquello, pero evidentemente no puede ser la falta de antecedentes porque lo presentaron al inicio. Desde mi punto de vista no corresponde hacerlo. Ahora, por qué decidió eso es entrar a especular en los factores que podrían haber influido. Lo que yo simplemente señalo es que el organismo público debe fundamentar sus decisiones y eso a mí parecer no lo está haciendo, al señalar que todavía no pueden (presentar la querella) porque están haciendo una recopilación de antecedentes. Aquí hay antecedentes suficientes para al menos interponer una denuncia. Lo que está haciendo el Servicio es incomprensible. En el caso de La Polar, por ejemplo, nosotros presentamos una querella criminal sin que existiera un informe de recopilación de antecedentes. Esa es la fundamentación de por qué creo que esa respuesta del SII no es válida. En los casos en que yo estuve así se hizo.
-¿Impuestos Internos se está convirtiendo en la piedra de tope para indagar en la arista SQM del caso Penta?
-Es evidente con lo que hemos visto en la prensa. A ello se suma lo de ayer, cuando se supo de esta cautela de garantía que presentó la defensa, basándose precisamente en que la fiscalía no tiene atribuciones para poder incautar porque no se ha presentado ninguna acción de parte de Impuestos Internos. Eso hace que se limiten las posibilidades del Ministerio Público y haga peligrar una investigación de esta naturaleza.
-Michel Jorratt dijo que el SII “no obedecía órdenes del Ejecutivo”. A raíz de su experiencia en ese lugar, ¿Impuestos Internos recibe algún tipo de presión política para investigar o dejar de investigar?
-El cargo que yo tenía era de jefa de la oficina de litigación penal y yo entré por concurso público, no era un cargo político, ni siquiera de Alta Dirección Pública. Por lo tanto, si existiera algún tipo de presión no me llegaban a mí. Las personas que estaban ahí, ya sea por confianza o Alta Dirección Pública, quienes habían sido nombrados por el gobierno de turno, evidentemente ellos tendrán que dar esa respuesta. Yo personalmente no recibí ningún tipo de presión, pero sí de forma indirecta uno podía apreciar ciertas situaciones que no se condecían con la actuación regular de un funcionario público. Por ejemplo, en el caso que me pasó a mí, que por tratar de denunciar un delito hubo todo un proceso que tuve que vivir y que terminó en una forma indirecta de echarme. O sea, no hay una verbalización de una presión, pero uno puede sacar sus propias conclusiones a través de consecuencias que viven algunos funcionarios que hacen su trabajo y que posteriormente es removido y no dan explicaciones.
-¿De qué manera se percibían esas presiones externas?
-Ese tipo de cosas son parte del secretísimo que hay en ciertas organizaciones y cuando habían situaciones que a uno le podían parecer sospechosas, se decidía de arriba que no se hicieran no más.
-Entonces se manifestaba en el dejar de hacer una investigación.
-Exactamente, dejar de hacer una investigación.
-¿El director del servicio debe dar garantías de independencia de los poderes del Estado?
–Cuando estamos hablando de delitos tributarios esa posibilidad (de presentar acciones) las tiene solo el Servicio de Impuestos Internos y si eso va a estar sujeto a la política, creencias o doctrinas que pueda tener un director del Servicio de Impuestos Internos, nos encontramos en bastante mal pie porque no podemos dejar de acusar el golpe que ha significado el descubrir delitos tributarios gravísimos.
-Respecto a la arista del caso Penta en el que están involucrados parlamentarios, ¿es necesario que el SII presente una querella contra los políticos que emitieron boletas ideológicamente falsas, dado que se trata de un delito tributario?
-Respecto al delito de facilitación, confección o venta de boleta o facturas falsas con el objeto de que otro cometiera el delito, evidentemente hay antecedentes claros e incluso reconocidos, de que facilitaron boletas falsas. Porque no es verdad que se hizo la prestación que se dice. Es decir, están los presupuestos básicos de un delito de esa naturaleza. A mí me parece que evidentemente el SII tendrá que resolver por qué razón no se va a querellar contra los políticos. Puede hacerlo o no a su discreción, pero todos los órganos públicos están sujetos a una obligación de fundamentar la razón por la cual se ejerce una atribución o no. Pero con los antecedentes que hay, a mí me parece que sí hay indicio de que cumple un delito y para eso se hace una investigación. Además, lo que me parece grave es lo que señala el director es que el tema político es importante, pero no necesariamente en el ámbito tributario. Que lo digan los políticos puede ser, pero que lo diga el director del SII no me parece.
-Ripley, Alsacia y Corpbanca son empresas que también recibieron boletas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas ¿Por qué cree que no se ha extendido dicha investigación a ellas?
-Ignoro qué está haciendo Impuestos Internos. No sé si efectivamente están haciendo o no una recopilación de antecedentes, así que no puedo responder la pregunta. Pero si en Soquimich se encontraron indicios para establecer que había una boleta falsa, de la misma forma, si hay indicios que permiten sostener que otras empresas también hicieron esto tienen que hacer lo que corresponde, que es poner en antecedente al Ministerio Público la denuncia con el fin de que sea él quien ejecute todas las diligencias necesarias.