Caso Caval y la necesaria transparencia para la inversión

Entre todas las aristas que se siguen abriendo por el caso Caval-Dávalos-Luksic, la más reciente corresponde al inicio de la investigación, dando paso a que la fiscalía incautara los computadores de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, tras la autorización del juez Luis Barría, quien investiga una presunta negociación incompatible y tráfico de influencias.

Con este tipo de hechos, lo ético cae en un terreno complicado. Dávalos estaba contratado en cargo de gobierno que no requiere expertiz técnico especial y ello puede interpretarse correctamente o incorrectamente como que ‘estaba allí por ser hijo de’. En estricto rigor, eso no es necesariamente ilegal, pero son prácticas que debieran regularse dentro del país, tendiendo a profundizar la igualdad de oportunidades que el gobierno ha instalado en el último tiempo. De forma de dejar de lado posibles ambigüedades y evitar daños a la transparencia gubernamental y de legislaciones acordes.

El motivo por el que Dávalos pudo cerrar un negocio como el que cerró con Caval, la empresa de su señora, es una mala señal en la misma línea. Todo esto nos llama a cuidar aún más la transparencia. Esta se incluye en índices de emprendimiento y también de crecimiento. Obtener buenos resultados en esta materia, sirve para dar coherencia y una señal potente hacia inversionistas.

Según la orden del juez, se autorizó la incautación de todos los elementos que pudieran relacionarse con la comisión del delito. Este tipo de casos, infringen la necesidad de seguridad y transparencia requerida para la inversión. Además, atentan con las altas tasas de exigencia que la ciudadanía espera respecto a la transparencia de gobernantes, funcionarios del Estadio y su relación con los negocios. El nepotismo es una mala práctica que, si no se legisla correctamente, se enraíza fácilmente en las instituciones tanto privadas como públicas.

Se tiende a comparar el caso con Penta, pero la implicación política es diferente. El caso Caval afecta a la Presidenta, generando un impacto en su imagen reflejado en la caída de su aprobación. Pero en varios de los involucrados en el caso Penta, asociados a partidos políticos, puede haber una opinión activa de la gente mediante el voto, castigando. Con Dávalos no ocurre eso. Su cargo es designado, no de elección popular y por lo tanto, la gente está inhabilitada para ejercer opinión mediante una acción directa como el voto. Lo cual abre el debate de la necesidad de mayores herramientas de democracia directa.

El negocio llevado adelante por Caval, pudiera provocar en el área una burbuja inmobilaria, hecho que genera desconfianza y abre el llamado a mantener una legislación que otorgue facultades para una fiscalización más dura. Con mayor regulación del Estado se pueden evitar este tipo de situaciones que afectan al país en su conjunto.